En diciembre pasado, el acuerdo entre el Ejecutivo y el PAN, aceptado por el PRI, puso fin a un largo debate sobre el funcionamiento de la banca privatizada y sobre las relaciones perniciosas entre los bancos y el poder político. El acuerdo se festinó como la solución a la crisis bancaria, cuando no era más que la solución al escándalo del Fobaproa, organismo que se sustituiría por el Instituto Bancario de Protección al Ahorro (IPAB).

El IPAB debió arrancar sus operaciones el 19 de febrero, con una agenda en la que se encuentra la sustitución de los pagarés Fobaproa, junto con la definición de la situación de Bancrecer. Para poder funcionar, el IPAB requiere que su Junta de Gobierno se instale; ésta se integra por un secretario ejecutivo y siete vocales, tres ex oficio (el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria) y cuatro propuestos por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Los negociadores del PAN forzaron la aceptación de un transitorio que impide a quien haya participado en la operación del Fobaproa ser vocal de la nueva institución; por ello, no pueden serlo Ortiz, Fernández y Arrigunaga. El PRI, dada la pérdida relativa del peso político del PAN, ha señalado que va a eliminar estos candados, tarea en la que contará seguramente con el apoyo del próximamente licenciado Fox. Este es un aspecto en el que pronto veremos si los panistas cumplen su palabra y sostienen que Ortiz debe renunciar.

Otra cuestión es la de los vocales propuestos por el presidente Zedillo. En este punto hay tres asuntos: lo primero, es la forma en la que se hace la propuesta sin consensar las candidaturas; se proponen nombres, utilizando exactamente la misma lógica que al enviar las iniciativas de reformas financieras en marzo pasado: el Presidente supone que sigue operando con un Congreso sin capacidad de cuestionamiento. Segundo, las candidaturas mismas: dos funcionarios del Banco de México, Palomino e Isoard; un funcionario actual del Fobaproa, Creel; y un funcionario del Bankers Trust y antes del Citibank. Palomino y Creel han participado directamente en la operación y decisiones del Fobaproa, lo que los inhabilita éticamente para estar en el IPAB; Isoard, director general del Fidec --fideicomiso de Banxico para el desarrollo comercial y que opera como institución de segundo piso--, tiene también la restricción de ser parte interesada por su adscripción institucional; finalmente, Palma tiene 15 años de trabajar para la banca extranjera.

Tercero, según Alberto Aguilar (Reforma, Negocios 3, 16/02/99) no puede cuestionarse a Creel y a Palma porque fueron propuestas del PAN, lo que revelaría una enorme incongruencia de este partido. Es cierto que el acuerdo y la reglamentación del IPAB lo redactaron el PAN y Hacienda, pero ello no necesariamente implica que los otros partidos no puedan emitir una opinión, o bien proponer una cuarteta diferente que, por ejemplo, se escogiera entre algunos de los directores de la banca estatizada, con los que podrían estar de acuerdo el PRD y el PRI.

Constituida la Junta de Gobierno, lo que puede complicarse, se deberán atender dos asuntos: Bancrecer y la sustitución de los pagarés bancarios. El caso de Bancrecer es el de una institución que ya no es viable y que para estar en condiciones de ser comprada por una institución extranjera, requiere que el IPAB le canalice 50 mil millones de pesos; Arrigunaga intentó incluir estos recursos en los pasivos del Fobaproa en junio pasado, pero la vigilancia de la opinión pública y del Congreso se lo impidió.

El nuevo instituto, si se aceptase la propuesta del Ejecutivo, seguramente aprobará este ``saneamiento y capitalización'' para Bancrecer, que es el 20 por ciento de los recursos que se requieren para la industria eléctrica y que el gobierno no puede obtener. Este mismo instituto, con otros vocales, podría evitar que otros 50 mil millones se añadan a los 610 mil millones en proceso de sustitución, con un argumento contundente: los causantes no tienen por qué pagar para que un banco pueda venderse; mostrar que, además, Bancrecer puede simplemente quebrar porque su administración no logró hacerlo viable y rentable. La crisis bancaria que el Ejecutivo, el PAN y el PRI supuestamente ya resolvieron, no puede ser el argumento para rescatar un banco. Dediquemos mejor esos recursos a rescatar para los mexicanos la industria eléctrica.