n José Blanco n

UNAM: arrebatos y pasiones

Los raptos, la vehemencia y los adjetivos ųmás aun los insultosų no aclaran sino opacan el entendimiento de las cosas. Con excepciones, tales pasiones han impregnado las opiniones vertidas contra el proyecto de recuperación del valor de las cuotas de la UNAM.

Del hecho de que la UNAM sea una universidad pública, no se sigue, bajo ninguna lógica, que deba ser gratuita. Ni el servicio educativo prestado por esta universidad, ni la inmensa mayoría de los servicios públicos prestados por el Estado son gratuitos, según disponen las leyes mexicanas.

De otra parte, de acuerdo con el artículo décimo de la Ley General de Educación, toda la educación en México es un servicio público, incluida la educación privada. El Estado organiza este servicio mediante: a) la centralización (educación primaria y elemental prestada por el Estado a través de la SEP), b) la desconcentración (educación técnica a cargo de órganos como el IPN); c) la descentralización por servicio (la educación superior a cargo de organismos descentralizados como la UNAM); y, d) la descentralización por colaboración (la educación impartida por los particulares).

Legalmente sólo hay servicio público de educación; el Estado organiza y administra toda la educación, a través de las cuatro formas administrativas señaladas pero, asunto decisivo, cada una posee su propio régimen legal.

El articulo tercero constitucional dice: "El Estado --Federación, estados y municipios-- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria." El Estado, stricto sensu, constitucionalmente comprende esos tres niveles de gobierno. La educación que la Federación, los estados y los municipios impartan debe ser gratuita (fracción cuarta de ese artículo).

La Federación, una de las dos dimensiones del Estado federal mexicano, comprende a los poderes de la unión, con ninguno de los cuales la UNAM tiene una relación de jerarquía, por ser organismo descentralizado del Estado dotado de plena capacidad jurídica. Tampoco depende de la otra dimensión política del Estado federal, las entidades federativas.

Escribe Gabino Fraga: La descentralización "consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía". Por eso la Constitución dispone: "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas"; y el artículo primero de la Ley General de Educación: "La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución... se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones."

Finalmente, la Ley Orgánica de la UNAM, expedida por el Congreso, en su artículo decimoquinto define: Entre los recursos que integran su patrimonio se hallan "los derechos y cuotas que por sus servicios recaude".

Por esas razones legales la UNAM tiene derecho a fijar las cuotas que su Consejo Universitario apruebe. La UNAM no está ni ha estado fuera de las disposiciones constitucionales, sino dentro de ellas, rigiéndose por el marco legal administrativo correspondiente al régimen descentralizado.

Con un NO a la actualización de las cuotas, nadie en la UNAM gana nada, los alumnos pierden. La entrada suplementaria proveniente de las cuotas sería aplicada exclusivamente a mejorar los servicios educativos: los alumnos ganan. Las nuevas cuotas, de aprobarse, no impedirán que quienes carezcan de recursos estudien. Al mismo tiempo, atenuarán la injusticia cometida al ser otorgados subsidios --a través de las actuales "cuotas"-- a las familias de altos ingresos cuyos hijos asisten a la UNAM, y que podrían cubrir el costo real de su educación.

Las oposiciones ya tuvieron en sus manos, en el Congreso, el presupuesto universitario; lo que hicieron, las universidades lo han agradecido. Pero fue inferior a los ya de suyo constreñidos proyectos presupuestarios. Los alumnos no pueden esperar mejores tiempos fiscales. Hoy pueden tener mejor enseñanza, con su propia cooperación y la de otros universitarios.