n Impideron la salida de diputados para demandar la cancelación de la ley


Bloqueron locatarios los accesos a la ALDF

Raúl Llanos Samaniego n Después de más de cinco horas de mantener retenidos a diputados, asesores, empleados, reporteros y hasta a sus mismos líderes en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, cientos de locatarios lograron ayer que la mayoría perredista diera marcha atrás en su intención de aprobar en el pleno la ley de mercados, y obtuvieron el compromiso del presidente de la Comisión de Gobierno, Martí Batres, de instalar una mesa de negociación tripartita con la participación de gobierno, comerciantes y legisladores, en la cual se alcance obligatoriamente una iniciativa de consenso sin establecer tiempos definidos para sacar el documento final.

Representantes de mercados públicos de esta capital se instalaron desde las 9:30 de la mañana en las escalinatas del recinto de Donceles y Allende, con pancartas, mantas, altavoces y cartulinas, para manifestar su rechazo a la "ley Verónica Moreno", como la llaman, y exigían la garantía de que no se privatizarían esos centros de abasto. La policía reportó por lo menos dos mil vendedores, a quienes se sumaron otros contingentes hasta las 12 horas. Otro bloque importante permaneció en el Zócalo.

Ante el panorama que se avizoraba, los coordinadores de PRI, PRD, PT y PVEM acordaron por la mañana que en su primer día de sesiones del segundo periodo extraordinario se incluyera en el orden del día no sólo la designación de la nueva mesa directiva, sino también el dictamen de la polémica ley de mercados, sobre la cual la presidenta de la Comisión de Abasto, Verónica Moreno, presentaría una moción suspensiva para atajar el problema.

Tanto en la Comisión de Gobierno como en la de Abasto, la representación del PAN se manifestó en contra de prorrogar la aprobación. De hecho, Arne aus den Ruthen Haag estableció que "el dictamen ya se ha discutido mucho y hay que tener valentía para beneficiar a la gente y no a los locatarios. Nosotros estamos en favor de que se apruebe la ley, a pesar de la inconformidad de los comerciantes, ya que son grupos identificados con el PRI y que obedecen más a intereses políticos que a otra cosa".

Verónica Moreno respaldó ese planteamiento al señalar que en la protesta se veían "las mismas caras y los mismos rostros" del enfrentamiento en la Central de Abasto, es decir, gente identificada con el PRI.

A las 13 horas, los locatarios apostados en el exterior empezaron a presionar a los diputados para que apuraran la discusión, lo que llevó a que se permitiera el acceso de cerca de medio centenar de líderes encabezados por José García, José Luis Guzmán, Jesús Dichi y Leticia Pineda, quienes sólo escuchaban las discusiones en tribuna sobre la Contaduría Mayor de Hacienda, pues el dictamen de mercados aún no se abordaba. Una hora más tarde, los comerciantes de las escalinatas determinaron cerrar los dos accesos de la Asamblea "por tanta tardanza", y ya nadie pudo entrar ni salir del inmueble.

Cerca de las 16:30 horas se presentó el dictamen de la ley de mercados. Verónica Moreno solicitó la moción suspensiva y en ese momento estallaron las recriminaciones entre diputados de PRI, PAN y PRD. Los primeros alegaban que dicho dictamen nunca tuvo consenso; mientras los perredistas acusaban a los del tricolor de proteger a los locatarios y con ello a los grupos de interés enquistados en esos lugares. Después de una decena de intervenciones en tribuna, la moción fue aprobada con 36 votos a favor (de PRD y PT) y 22 en contra (PRI, PAN y PVEM).

Este punto marcó el final de la sesión extraordinaria. Sin embargo, los locatarios aún impedían el paso. Sus dirigentes, concentrados en el salón verde, determinaron que como la moción no era garantía de que la ley no se aprobara en fechas posteriores, se quedarían en el interior hasta que hubiera un compromiso por escrito.

Martí Batres entonces, en compañía de Martha García Rocha, Guillermina Martínez Parra, Francisco Chiguil, Javier Hidalgo y Vicente Cuéllar, tuvo que reunirse con los manifestantes quienes rechazaron abiertamente la intermediación de Verónica Moreno, a quien acusaron no sólo de haberles mentido, sino de estar gastando miles de pesos en desplegados para "denigrar a la Asamblea, al PRD y a los locatarios". Se quejaron de "tantas mentiras" y aclararon que no eran de ningún partido político, como se afirma, y que con esto sólo se pretende desvirtuar el movimiento.

En su oportunidad, Batres reconoció que faltaba discutir más dicha iniciativa, que se necesitaban más propuestas, más participación de los representantes de mercados. Pero también, agregó, se necesita la opinión de las autoridades capitalinas, por lo que propuso la mesa de negociación tripartita, de la cual salga un documento obligadamente aprobado por consenso y sin tiempos establecidos para llevarlo a tribuna.

Esta discusión se inició a las 18 horas y concluyó a las 19:15. En tanto, diputados de PAN y PVEM llegaron al límite del encierro y pidieron por escrito al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz, la intervención del grupo de granaderos para garantizar su salida del recinto. Los efectivos llegaron 15 minutos más tarde.

Vicente Cuéllar y Yolanda Tello, del PRD, debieron interceder ante el director de Control Metropolitano de la SSP, Marco Antonio del Prado, para que no intervinieran por la fuerza los cerca de 700 uniformados. Finalmente, los locatarios despejaron el paso cerca de las 19:15 horas, y minutos después de concretarse el acuerdo con los perredistas abandonaron el lugar.

El paro en números

 

Mercados públicos en el DF: 312

 

Mercados que el MUM anunció que cerrarían: 216

 

Mercados que suspendieron actividades: 50

 

Delegaciones afectadas: Cuauhtémoc y

Gustavo A. Madero

 

Tiempo que cerraron locales: dos y tres horas en promedio

 

Locatarios en el DF: 77 mil

 

Locatarios que asistieron a la Asamblea Legislativa: 1,200

 

Locatarios que permanecieron allí hasta las 8 pm: 700

 

Elementos de seguridad a cargo de la vigilancia: 500

 

Helicópteros de la SSP en labores de vigilancia: uno

n Hay tintes políticos en las acciones, afirma Godoy


Las protestas son parte de una campaña orquestada por priístas

Ricardo Olayo n Las movilizaciones que llevaron a cabo ayer organizaciones priístas forman parte de una "campaña orquestada", con tintes políticos, para causar problemas en la ciudad, aseveró el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Leonel Godoy.

En el caso de Antorcha Popular --cuyos integrantes nuevamente viajaron desde diferentes entidades para manifestarse en el Zócalo-- dijo que se les ha dado respuestas a demandas como la dotación de servicios, pero otras no pueden ser satisfechas porque pondría al gobierno al margen de la ley.

A su vez, el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, indicó que desde hace seis meses hay diálogo con los antorchistas y precisó: "No importa que sean organizaciones del PRI, pueden manifestarse en la ciudad".

Cárdenas dijo que las movilizaciones "son hechos normales en la vida democrática de esta ciudad, porque cada quien se expresa como lo cree más conveniente y en ejercicio de sus derechos".

Respecto de la posibilidad de que estas manifestaciones de inconformidad constituyan una campaña de desestabilización contra su gobierno, sólo respondió que desde hace meses se mantiene el diálogo con Antorcha Popular.

Por su parte, Leonel Godoy agregó que se han ofrecido respuestas a diferentes peticiones, pero lo que es un hecho es que no se puede permitir el corporativismo ni el clientelismo. "Es claro que tienen tintes políticos. Antorcha es una organización del PRI igual que aquella que participó en Tlayapaca", indicó.

Los antorchistas buscan que sus peticiones sean resueltas al ciento por ciento "y eso no es posible", porque algunas exigencias son incumplibles, pues piden que se les entregue terreno en reserva ecológica, servicios en áreas de uso privado, que no corresponde otorgarlos al gobierno.

El funcionario indicó que se ha respondido a las peticiones de drenaje y pavimentación de Antorcha Popular, "pero lo que no se puede hacer con ésta o con otra organización es proporcionar servicios para que ellos se encarguen de distribuirlos.

Godoy identificó la "campaña orquestada" por parte del PRI, "aunque no creemos que todo el partido esté en ello". No obstante, se refirió a la reciente invasión en Tlayapaca, las movilizaciones de Antorcha Popular, a los dirigentes de mercados y también a la Central de Abasto.

De los hechos de violencia en Tlayapaca dijo que en diciembre se concretó la desocupación voluntaria de ese terreno en Santa Fe y, sin embargo, militantes priístas realizaron una nueva toma del predio, de la cual hay constancia en los medios de comunicación, así como de las agresiones contra policías.