El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas vive un acoso múltiple.

Por un lado se le han cerrado las llaves presupuestarias en el presente año, con lo que se trata de impedirle que cumpla bien con sus obligaciones y provocar, así, que reciba el rechazo y el enojo de ciudadanos insatisfechos.

Por otra parte, se crean problemas políticos y sociales diversos. Los antorchistas en permanente plantón son un buen ejemplo. Otro podrían ser las huestes priístas de los mercados capitalinos, movilizadas el pasado lunes para impedir la eventual aprobación de una ley impulsada por la franja minoritaria de los diputados locales del PRD y que finalmente quedó en lista de espera.

Se mantienen litigios de fondo, como el del Nacional Monte de Piedad y su resistencia a actuar en el sentido indicado por la Junta de Asistencia Privada que, de mando absoluto, ha pasado a instancia impugnada, ahora que fue expropiada por el gobierno cardenista de las manos de Víctor García Lizama.

Y tras de todo aparece siempre una sombra que, se supone, proviene de muy alto. Pareciese que los conflictos son organizados, concertados, promovidos. Como si se tratase de poner en jaque al gobernante de la capital del país para demostrar que no puede aspirar a superiores responsabilidades.

En ese esquema aparece con una gran nitidez el conflicto de doña Araceli Pitman, la titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La señora Pitman ha sido acusada de manera insistente de representar los intereses que el anterior regente, Oscar Espinosa Villarreal, desearía que fuesen cuidados. Falsas o ciertas esas versiones, los hechos objetivos muestran con claridad que el trabajo del enorme aparato burocrático encabezado por doña Araceli de poco ha servido para detectar y sancionar los abusos cometidos por funcionarios anteriores en materia de gasto público.

Frente a esa realidad de ineficacia (para no asumir como ciertas las versiones que hablan en realidad de complicidades y encubrimientos), la Asamblea Legislativa capitalina propuso cambios sustanciales, que limitaran el poder unipersonal y abrieran las posibilidades de un ejercicio más democrático y republicano de la alta función de esa contaduría. Con otros profesionistas ocupando de manera colegiada la titularidad de esa instancia, se podrían evitar las decisiones impugnables.

Pero la contadora mayor se amparó, el viernes de la semana pasada, y el lunes, mientras los diputados del PAN y el PRI hacían tiempo, una actuaria notificó en plena sesión legislativa el otorgamiento del amparo provisional en favor de la señora Pitman, que de esa manera impidió que la Asamblea capitalina nombrase a otros tres miembros de la dirección colegiada que la nueva ley considera para la Contaduría Mayor.

La insólita celeridad de la justicia mexicana, tanto para otorgar un amparo como para notificarlo, así fuese en plena sesión legislativa, tiene peculiaridades llamativas.

Por ejemplo, que el abogado promotor del amparo haya sido Fauzi Handam, el diputado federal panista que preside la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de San Lázaro. El diputado Handam, cuya valía profesional es tenida en alta estima en sitios de poder tan importantes como Los Pinos, ha impugnado otras decisiones sustanciales de la vida capitalina, como la ley del transporte público y la nueva ley de las instituciones de asistencia privada.

Desde las alturas cae la sombra a cuyo amparo el gobierno de Cárdenas es acosado.

La comezón unitaria de última hora

Los destinatarios reales de la exhortación unitaria hecha el lunes pasado por Felipe Calderón Hinojosa no eran los precandidatos presidenciales de oposición, sino el perredismo mexiquense (al que los panistas desean debilitar, para que la contienda electoral se dé sólo entre blanquiazules y tricolores), y la alianza ya hecha por el PAN en Nayarit con un ex priísta al que, en el más elevado de los pragmatismos, ahora apoya el PRD, pero también Acción Nacional.

Ya de despedida, lanzando iniciativas que en su momento no pudo y no quiso impulsar, el joven michoacano que todavía dirige al PAN pretendió así matar dos pájaros de un tiro: por un lado, inyectar el virus de la confusión en el perredismo mexiquense y, por otro, disimular y justificar con aires de generosidad unitaria la claudicación de Nayarit.

La inducción del bipartidismo

En el estado de México el PAN tiene buenas probabilidades de ganar la gubernatura. Su candidato, José Luis Durán Reveles, conjunta el apoyo del jefe Diego y el estilo de Vicente Fox. Desparpajado, superficial, lleno de los lugares comunes del ejercicio político de oposición, Durán Reveles está llegando, sin embargo, de una buena manera, con su mensaje al electorado urbano que en esa entidad desea un cambio político real.

Por su parte, el PRD lleva como candidato al senador Higinio Martínez, quien tiene una gran posibilidad de conseguir, cuando menos, una votación alta y significativa. Martínez ha construido desde años atrás una red estatal que hoy le apoya en su campaña.

En ese sentido, el PAN desearía que la candidatura perredista no dividiera el voto opositor. Dicho de otra manera, el PAN cree que en una contienda directa con el PRI tendría gran oportunidad de ganar.

Sin embargo, el exhorto a la unidad hecho por Calderón Hinojosa no proviene de un acto sincero, sino de una maniobra de oportunidad: de esa manera se generó la especulación, dañina a los intereses de Martínez y el PRD, de que se negociaba a alto nivel la declinación de Higinio en favor de Durán. Higinio se ha apresurado a desmentir la especie, y la estructura formal de dirección del sol azteca ha rechazado tal idea, pero por lo pronto la confusión ha ayudado a inducir el deseo panista de un bipartidismo mexiquense.

Las cosas, por lo demás, no son tan sencillas para los opositores al PRI, pues como candidato de este partido ha quedado Arturo Montiel, quien meses atrás era el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor.

Montiel sigue aferrado a un discurso poco atractivo, con olor a viejo, con sus dosis de demagogia y más dirigido a satisfacer los oídos de la militancia priísta que de la llamada sociedad civil. Sin embargo, tiene tras de sí el aparato gubernamental y partidista, recursos amplios y una muy bien aceitada estructura electoral. Es todavía, por esto último, el enemigo real a vencer.

A eso se le llama unidad...

El caso nayarita es más sencillo: Antonio Echevarría, quien fue secretario de Finanzas durante 12 años, en las administraciones de Rogelio Flores Curiel y Emilio M. González, y secretario de Gobierno durante los primeros años de gestión de Rigoberto Ochoa Zaragoza, decidió hacerse candidato no priísta para buscar la gubernatura de su estado.

En ese esfuerzo consiguió el registro como candidato del PRD y de otros partidos pequeños. En el PAN hubo, hay, un jaloneo fuerte entre panistas que no aceptan que un hombre del poder, que ha mezclado la función pública con los negocios privados, sea su candidato. Pero se ha decidido que don Antonio sea finalmente aspirante perredista y panista. Hacia tal incongruencia es que dirigía, en realidad, sus prédicas don Felipe Calderón Hinojosa.

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