La detención del general Pinochet en Londres está llegando a su fin. En unos días más el tribunal de los lores dirá si revoca o no el fallo emitido hace unos meses que daba luz verde al juicio de extradición a España, solicitado por el juez Garzón. En realidad, los argumentos a favor y en contra del ex dictador no han cambiado sustancialmente, aunque el gobierno chileno ha emprendido una campaña más agresiva para impresionar a los jueces con apoyos insospechados, como el que ofreció el Vaticano en una carta cuyo contenido aún se desconoce.

Si exceptuamos a los defensores que justifican los actos cometidos por Pinochet durante la dictadura, los argumentos a favor y en contra se ubican en varias vertientes. Una es la que se refiere a las normas del derecho internacional vigentes en este caso, habida cuenta la creciente importancia del tema de los derechos humanos en toda una serie de tratados y convenciones suscritos por la mayoría de la comunidad mundial y, por ende, a la jurisdicción de los tribunales nacionales para encarar delitos contra la humanidad. Conviene recordar que el tribunal británico no juzga los delitos cometidos por Pinochet sino si goza o no ``inmunidad soberana'', es decir, si puede ser objeto de un juicio de extradición.

Las discrepancias provienen de un hecho básico y hasta cierto punto elemental: mientras el gobierno chileno pretende que todo el proceso se mantenga dentro de los límites de una disputa entre dos visiones del derecho, las víctimas de Pinochet ven en la extradición del dictador la oportunidad histórica, hasta ahora la única real, de poner fin a muchos años de impunidad conforme a las normas que protegen los derechos humanos en el mundo.

Según el diario El Mercurio en alguna de sus ediciones anteriores, los partidarios chilenos de la extradición de Pinochet a España relegan ``a segundo término un hecho grave para el país, como lo es el desconocimiento por naciones extranjeras de un atributo básico de la soberanía: la vigencia de la ley chilena en territorio chileno''. Este argumento, repetido una y mil veces por la cancillería y los abogados defensores de Pinochet en Londres, presupone que los tribunales chilenos quieren y están en condiciones de procesar al ex dictador por los crímenes que se le imputan, pero la verdad es muy diferente; la justicia chilena no puede pasar por alto la ``inmunidad'' del senador vitalicio Augusto Pinochet sin crear una crisis en la democracia chilena, la misma que se dice quiere evitar exigiendo la devolución del general. Es una falacia plantear que la detención de Pinochet en Londres atenta contra el derecho y la democracia y al mismo tiempo pedir que ese juicio se realice en Chile, como si hubiese alguna oportunidad de que éste ocurriera.

Detrás de los argumentos propiamente jurídicos, el gobierno chileno intenta salvar los equilibrios políticos que permitieron al país avanzar en la transición, pero no asume la lección de fondo derivada de todo este episodio, a saber: que la democracia no puede cancelar la memoria histórica ni la reconciliación es simple olvido. Nadie en su sano juicio puede pedir que Chile vuelva a épocas de conflictos superados, pero esta crisis demuestra que ya no es posible seguir estirando la cuerda de la democracia bajo el cauce constitucional impulsado por la propia dictadura. Para bien o para mal, según se vea, algo se ha roto y ya nada será igual que antes de la detención del dictador; ahora corresponde a las fuerzas democráticas chilenas hallar el camino correcto para salir con acierto de esta encrucijada. Sea que Pinochet vuelva a Chile o sea trasladado a España.