El Fobaproa no es el primer rescate bancario realizado por el Estado mexicano. La historia muestra otros episodios de este tipo, tanto en el pasado cercano ?tal es el caso, parcialmente, de la nacionalización de la banca en 1982? y en un periodo más lejano, como sería a finales del Porfiriato, en 1908.

¿Qué es lo que tienen en común estos rescates? Podemos señalar por lo menos tres aspectos: en cada ocasión el Estado ha intervenido para salvar a los bancos, a los banqueros y a los principales grupos de propietarios con intereses e inversiones en la banca; cada vez, el capital extranjero ha tenido algún grado de presencia o injerencia en el proceso; en cada circunstancia, la intervención del Estado se ha efectuado en condiciones difíciles en el mercado nacional e internacional.

En una coyuntura crítica, como fueron los años de 1907 a 1910, que sacaron a flote las contradicciones y debilidades del proceso de transformación económica del Porfiriato, el Estado porfirista se propuso dos objetivos íntimamente entrelazados: salvar a los bancos de la quiebra y modernizar a la agricultura mexicana. En el marco de su proyecto económico global, significaba apoyar a los grandes hacendados, sobre todo a aquellos que habían mostrado mayor iniciativa para hacer más productivas sus haciendas.

Las dificultades financieras de aquellos años mostraban que a pesar del prolongado crecimiento del sistema bancario nacional, éste tenía aún severas limitaciones, como el carecer de una autoridad central que apoyara a los bancos en sus problemas de liquidez. Recordemos que en esa época el público podía cambiar sus billetes de banco por pesos amonedados de oro y plata si así lo deseaba, lo que generalmente ocurría en periodos difíciles para los negocios en que los bancos amenazaban con la quiebra y la insolvencia; los ahorradores, entonces, podían retirar sus ahorros de los bancos y atesorarlos en metálico.

La carencia de suficientes y fuertes instituciones que realizaran préstamos a mediano y largo plazo, llevaba a los bancos de depósito y de emisión ?que legalmente sólo podían efectuar operaciones a corto plazo? a otorgar créditos a plazos largos, de carácter hipotecario, a favor sobre todo de los grandes terratenientes. En medio de la crisis económica internacional que afectó a los sectores agrícola, minero y comercial mexicanos a finales del régimen porfiriano, muchos de estos créditos se volvieron incobrables.

El gobierno decidió, ante la complicada situación, realizar a través de la Secretaría de Hacienda y bajo la dirección de José I. Limantour, las reformas de 1908 a la Ley General de Instituciones de Crédito vigente. Uno de los aspectos fundamentales de estas reformas fue la creación de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, fundada el 17 de junio de 1908. Esta Caja sería una de las primeras instituciones de crédito agrícola del país, y fue utilizada por Limantour para organizar la ayuda a los bancos de emisión por un lado, e impulsar la ampliación del crédito a la agricultura por otro.

Según nos relata Casasús, uno de los "científicos" que estudió la situación financiera del Porfiriato e intervino en las reformas, las funciones de la Caja de Préstamos eran descargar la cartera de los bancos de emisión de las hipotecas de propiedades agrícolas, de muy difícil cobro, que inmovilizaban sus recursos, y al mismo tiempo, apoyar la explotación de empresas agrícolas y ganaderas que efectuaran obras de irrigación, colonización y de ampliación de los cultivos; por otra parte, debía de proveer a los bancos hipotecarios y refaccionarios de los fondos que necesitaran a cambio de los bonos que dichos bancos emitieran.

El decreto de 1908 que funda la Caja de Préstamos, autorizaba al gobierno invertir hasta 25 millones de pesos de aquel entonces, en el fomento de las actividades agrícolas y de irrigación, pero el grueso del capital de la Caja, concesionada a los cuatro bancos mexicanos más importantes y organizada como sociedad por acciones, provino del exterior. A través de la emisión, respaldada por el gobierno federal, de bonos en los mercados internacionales, por 25 millones de dólares (50 millones de pesos), los recursos del banco agrícola se ampliaron considerablemente. De acuerdo con el historiador Abdiel Oñate, el plan de Limantour y los principales banqueros mexicanos era el de transferir esas divisas a los bancos de emisión, para que contaran con los fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos con el público, que estaba retirando sus depósitos de los bancos y convirtiendo sus billetes en metálico. El proyecto se realizó satisfactoriamente, los créditos hipotecarios de los hacendados se transfirieron a la Caja de Préstamos a cambio de su capital en divisas proveniente del exterior, el cual quedó a disposición de los bancos de emisión.

Limantour señaló en sus Memorias, que el gobierno recomendó a la Caja que realizara el grueso de sus préstamos a favor de los pequeños agricultores, pero en realidad, de acuerdo a los datos existentes, se priorizó el otorgamiento de créditos a los mayores hacendados y a las grandes empresas agropecuarias, de irrigación y colonización, algunas de ellas extranjeras, como la Compañía Richardson, que tenía grandes extensiones de tierra en el Valle del Yaqui en Sonora. La vida posterior de la Caja de Préstamos estuvo marcada por los trastornos que produjo la Revolución Mexicana, sus compromisos con el exterior pasaron a engrosar la deuda externa del país, y las hipotecas llegaron a inmovilizar sus recursos en el decenio de 1910 a 1920, hasta que fue sustituida por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, fundado en la segunda mitad de la década de los veinte.

Podemos constatar, en cada ocasión que el Estado ha actuado como rescatista de los banqueros en sus desastres financieros, que los resultados han sido exitosos en el corto plazo; aunque a la larga, muchos de sus propósitos se vieron desvirtuados. Coyunturas dramáticas como fueron los años posteriores a 1910, impidieron que los proyectos apoyados por la Caja de Préstamos llegaran a buen término.

En dos etapas en las que el gobierno ha intentado aplicar las ideas librecambistas a la economía mexicana: de 1876 a 1910 y de 1983 a la fecha, a través del liberalismo positivista y pragmático de los "científicos" porfiristas, y del neoliberalismo oligopólico actual, el Estado mexicano, saliéndose de los cauces liberales de los que hacía gala, ha intervenido para rescatar aquello que es la médula de su razón de ser: la sobrevivencia de los grandes propietarios privados de los medios de producción. Acudiendo al capital extranjero, en un caso, o tratando de salvar su imagen ante el gran capital transnacional, en el otro, no ha dudado en comprometer el crédito de la nación, e incluso su futuro, con tal de salvar a la oligarquía financiera.

En uno u otro momento, ha empleado como argumento clave para su intervención, la necesidad de "modernizar" al país y ponerlo a tono con el mercado mundial. Los costos de esta modernización siempre han sido altos; en el primer caso agudizaron las contradicciones de finales del Porfiriato entre varias de las élites regionales y el grupo de los "científicos" que controlaban el poder central; en el caso del Fobaproa también el ambiente político está polarizado y, según señalan muchos analistas, el futuro del país queda hipotecado por más de una generación.

Estos episodios, correspondientes a épocas diferentes de la historia del país, nos permiten constatar que el Estado y las clases propietarias han acumulado suficiente experiencia como para hacer frente a las condiciones dramáticas que el desarrollo del capitalismo periódicamente provoca; sus instrumentos de intervención se han refinado y logran transferir los costos de las crisis a la sociedad. No obstante, en el Porfiriato, el agravamiento de las contradicciones sociales desembocó en una revolución y, en el presente, la profundización de la desigualdad social y la complicación creciente del entorno mundial, hacen previsible la cada vez menor efectividad de ese tipo de medidas para asegurar una salida definitiva a la crisis dentro de los marcos del sistema.

*Facultad de Economía-UNAM.