El nuevo terreno del Tratado de Libre Comercio

En cuanto empieza a morder el frío, cuando ya las heladas chamuscan los campos, llega el tiempo de emprender las acciones para defender los precios del maíz y del frijol. Así ha sido en 1981-82, 85-86, 87-88, 96-97 y los calendarios del combate se precipitan de nuevo desde principios de diciembre de 1998.

Ahora no son sólo los frijoleros y los maiceros de la región temporalera de Chihuahua: Guerrero, Bachíniva, Namiquipa, Riva Palacio, Santa Isabel, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Cusihuiriachic. Engrosan la inconformidad los productores de algodón de los distritos de riego del norte del estado: Buenventura, Ascención, Valle de Juárez, Janos, Galeana, Nuevo Casas Grandes.

Son las historias del libre comercio: los silos de los industriales están repletos de maíz norteamericano barato, pero en muchos casos exprimido de su valor nutritivo. Los almacenes comerciales que expenden los frijoles pintos que se consumen en el norte del paíscompraron miles de toneladas del grano en Estados Unidos y los pasaron usando cupos permitidos o de plano de contrabando. Los textileros han completado sus inventarios con el algodón del sur norteamericano, exportado a México con subsidios oficiales, a precio dumping.

Historias del libre comercio, historias de fronteras abiertas, historias nuevas, pero resultados viejos: pierden siempre los productores locales, los campesinos que siguen apostándole a la agricultura nacional. Cosechas embodegadas, intereses que se acumulan, deudas que se engrosan, tiendas de la esquina que ya no fían.

Vuelven los coyotes

En estos llanos atormentados por la sequía desde 1991, la poca cosecha que se levantaba podía tener un precio mínimo gracias al programa de compras de Conasupo. Con transas y todo, la intervención de la paraestatal sirve como un mecanismo regulador de precios en el campo. Como un muro de contención a la especulación de los coyotes y demás intermediarios.

No sucede ahora así: la decisión si no de cerrar, cuando menos de reducir drásticamente el programa de compras de Conasupo deja la pradera abierta para el coyotaje. El frijol cae para los productores a 4.30 el kilo y menos, precio muy inferior al de 1997; también caen los precios del maíz blanco y del maíz amarillo. El algodón que se proyectó a alrededor de 70 dólares el quintal, se derrumba hasta 54 dólares.

224 mil pacas de algodón, 90 mil toneladas de frijol pinto y varias centenas de miles de toneladas de maíz se amontonan en las bodegas y en los patios de los productores. O logran mejores precios del gobierno, o se abren a los coyotes.

El dinamismo
de unos productores

La situación es de desastre no productivo, sino comercial. Y, sin embargo, los campesinos de Chihuahua han dado muestras de una extraordinaria capacidad de cambio, de modernización de sus formas de producción.

Los productores de la zona de riego, sobre todo los de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, se han transformado como pocos: introdujeron control biológico de plagas, se organizaron para adquirir tractores con el programa Alianza para el Campo, iniciaron una seleccionadora y procesadora de chiles: reconstruyeron y reactivaron una despepitadora abandonada; buscaron semillas mejoradas hasta lo profundo de los Estados Unidos.

Los temporaleros del noroeste de Chihuahua, afiliados al Frente Democrático Campesino, montaron sus sociedades de producción rural y pusieron en pie una comercializadora de frijol. Cambiaron el tipo de semilla, hicieron análisis de suelo, compraron maquinaria para procesarlo, buscaron clientes en todo el país.

Si de algo no podrá acusar el gobierno a los campesinos chihuahuenses es de falta de dinamismo y de disposición al cambio. Prácticamente hicieron todo lo que les marcó el librito de los neoliberales para competir en una economía globalizada. Y ahora les salen con qué no se les pueden comprar a un precio justo sus cosechas...

Década y media de batallas

Desde los albores del reajuste estructural de los neoliberales en el campo, los productores chihuahuenses han tomado las armas de la movilización y de la resistencia civil para defender el precio de sus productos y su espacio en la sociedad.

Los inviernos de 1985-86 y 1987-88 presencian el tenaz combate de los temporaleros del noroeste por los precios de garantía del maíz y del frijol. Toma de más de 70 bodegas de Conasupo, marchas a Chihuahua, ayunos, cobijo de todos los sectores sociales. Así nace primero el Movimiento Democrático Campesino, que luego se convertirá en el actual Frente Democrático Campesino (FDC).

De 1989 a 1992 el FDC pelea fuerte por el problema del crédito y del seguro. Primero, contra los ilícitos de Banrural y de Anagsa. Luego para exigir que el gobierno no abandone el programa de crédito a los temporaleros. Logran que  el crédito a la palabra de la Secretaría de Desarrollo Social se convierta en el habilitador de los espacios abandonados por la banca de desarrollo.

La crisis bancaria y la apertura comercial golpean luego, no a los temporaleros, sino a los productores medios del estado. El FDC participa desde 1992 en la construcción de organismos de deudores de la banca. Y en 1993 le nace un hermano de lucha: El Barzón, que agrupa a los productores agropecuarios agobiados por las altas tasas de interés, las carteras vencidas y los embargos. 1994 y 1995 son años pletóricos de los afanes barzonistas por impedir desalojos, evitar embargos y solucionar a fondo el problema de las deudas. Por otro lado, la terrible sequía no deja mucha cosecha que defender.

Sin embargo, toda la primera mitad de 1996 vuelve a vivirse la lucha de los temporaleros por lograr precios justos para su maíz y su frijol.

Presionados por tener algo de cosecha luego de la sequía, los productores venden sus granos a Conasupo a muy bajo precio. Al repuntar los precios del maíz y del frijol, productores menonitas, del FDC y de El Barzón toman varias bodegas, sobre todo las de Palomas que son las más importantes en el estado.

Primero se logra solucionar el problema del maíz al aceptar Conasupo otorgar un alcance en el precio a 23 mil toneladas almacenadas en la región menonita. La solución para los frijoleros tarda mucho más, al punto que, a principios de mayo los productores empiezan a extraer el grano de las bodegas de Palomas y de la zona de Cusihuiriachi. Son sitiados por la Policía Judicial del Estado y la situación se torna muy tensa.

Entonces surge una propuesta del FDC y de El Barzón: que Conasupo acepte que se saque todo el grano almacenado, que el Gobierno del Estado quede como garante para que los productores organizados lo comercialicen a un mejor precio y luego paguen a la paraestatal lo que ésta les había pagado originalmente, más una cantidad adicional por concepto de almacenamiento y maniobras. Conasupo acepta que se saque de las bodegas el 72 por ciento de las poco más de 5 mil toneladas almacenadas. Se inicia así, por la vía de los hechos, el programa de "retrocompra", que implicará para los productores el recibir una cantidad adicional por tonelada. Esta forma de compra será luego lanzada por Conasupo como una política nacional.

En agosto de 1997, los productores del FDC y de El Barzón culminan una movilización de varias semanas para impedir que sigan ingresando por la frontera norte granos básicos y manzana de contrabando. Con un nutrido  contingente toman el puente de importación-exportación que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Son desalojados violentamente por la Policía Federal de Caminos, que incluso provoca un incidente internacional al penetrar varios metros en territorio de los Estados Unidos para golpear a los productores. Sin embargo, se logra detener significativamente la importación de manzana norteamericana.

Las demandas y las etapas del último invierno

Desde septiembre de 1998 las cosechas de esperanza, se convierten en cosechas de ira. A pesar de la sequía se levantan en el estado cerca de 90 mil toneladas de frijol, sobre todo en la región noroeste. Sin embargo, la falta de establecimiento de un precio de referencia por Conasupo y la no-entrada de la paraestatal con su programa de compras de la leguminosa derrumban el precio a niveles inferiores a los de 1997: los productores exigen cuando menos 5 pesos 50 por kilo y los compradores e intermediarios no suben más allá de 4 pesos. No sólo es la retirada de Conasupo lo que abate el precio, también el que los cupos otorgados por el gobierno y los grandes volúmenes de contrabando incrementen las existencias y la capacidad de negociación de los coyotes.

Por las mismas razones el maíz amarillo, aunque tenga un precio de referencia de mil 181 pesos la tonelada, simplemente no hay quien lo compre y hay en el estado 200 mil toneladas. Y el maíz blanco, del que se cuenta con 180 mil toneladas y que se ubica a mil 218 pesos la tonelada también enfrenta serias dificultades para venderse Para los productores algodoneros no son mejores las perspectivas. A principios de ciclo agrícola, asesorados por la Sagar emprendieron la aventura de sembrar la fibra, con grandes costos por hectárea, atenidos a un precio internacional que oscilaba alrededor de los 70 dólares el quintal. Más durante todo el año, la Secofi permite a los textileros importar algodón norteamericano subsidiado, a precio dumping. Casi 150 mil pacas se amontonan en las bodegas sin encontrar mercado, causando cada día que pasa un enorme costo financiero.

Los productores del FDC y de la Federación Estatal El Barzón inician la primera etapa de su lucha: negociar ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Esta responde que se encuentra realizando las gestiones correspondientes para dar solución al problema. Al principio se plantea un programa de pignoración donde los productores entreguen el frijol a un precio de 3 pesos 50 por kilo para ser almacenado durante tres o cuatro meses y luego venderlo a un mejor precio. La diferencia se reintegraría al productor descontando los costos de almacenaje y de operación. Los productores rechazan el programa pues no tienen ninguna certeza de que habrá una buena compensación al precio original. Demandan que la paraestatal establezca un precio de referencia para el frijol no menor a 5 mil pesos la tonelada e inicie de inmediato su programa de compras para estabilizar el mercado. Piden un incremento significativo para el maíz blanco y el maíz amarillo y exigen también que se abra el programa de compras de las dos variedades.

Al resultar infructíferas las negociaciones, frentistas y barzonistas deciden lanzar una ofensiva por etapas como es su costumbre: acciones graduadas de cada vez mayor repercusión: primero, toma de presidencias municipales, luego, bloqueo de carreteras; enseguida, toma de casetas de peaje en las autopistas, para culminar con la toma del puente internacional de exportación e importación.

El 10 de diciembre, productores de ambas organizaciones comienzan tomando diez presidencias municipales, ubicadas sobre todo, en el noroeste del estado. No se produce ninguna respuesta sólida por el gobierno, sin embargo, la acción logra los objetivos que se le habían asignado: informar a los productores de la región la problemática de la comercialización y hacer un llamado a las dependencias oficiales para darle una pronta solución.

La segunda etapa de la estrategia de movilización se activa el día 14 de diciembre al realizar contingentes frentistas y barzonistas bloqueos de carreteras en noroeste, sur y norte del estado.

Tres días después se opera la tercera etapa: el FDC y la Federación Estatal El Barzón, a los que se han unido la Unión de Productores de Cuauhtémoc y algunos grupos de menonitas, toman varias casetas de cobro en las autopistas Jiménez-Chihuahua; Chihuahua-Cuauhtémoc y Chihuahua-Ciudad Juárez, dejando que circulen sin pagar el peaje correspondiente los automovilistas y los transportistas. La acción se prolonga durante 48 horas. El movimiento comienza a tomar vuelo y el Gobernador del Estado propone una reunión para negociar el sábado 19 de diciembre. La negociación es tan rica en promesas del Gobernador cuanto magra en resultados. Sin embargo, la cercanía de las fiestas navideñas y la conveniencia de mostrar una actitud de apertura, hacen que los productores decreten una tregua de movilizaciones por lo que resta del año.

De nada sirve la tregua navideña para solucionar los problemas. Así, el 6 de enero se reinician con más bríos las tomas de casetas de peaje en las autopistas. Se han sumado los algodoneros de los municipios del norte del estado y con ellos se toman siete casetas en los cuatro puntos cardinales de Chihuahua.

Las tomas se prolongan durante diez días. Por fin, el Gobierno del Estado cede y propicia una reunión en la Ciudad de México con representantes de Sagar y Conasupo. Se acuerda ahí estudiar la posibilidad de que esta última emprenda un pequeño programa de compras por 10 mil toneladas de frijol pagadas a 5 pesos 50 centavos el kilo, de los cuales pagarán 5 pesos la Conasupo y 50 centavos el Gobierno del Estado. Se acuerda abrir la compra de maíz con un apoyo de 200 pesos por tonelada al comprador de maíz amarillo y sigue pendiente el sobreprecio para el maíz blanco. Los algodoneros no obtienen nada en concreto.

Insatisfechos con las soluciones y sobre todo con la tardanza en llevarlos a la práctica, los productores emprenden la siguiente etapa de su lucha: se van a la línea fronteriza México-Estados Unidos. El día 28 de enero toman durante todo un día el puente de importación-exportación que une a Ciudad Juárez con El Paso Texas. Logran de inmediato una entrevista en la Ciudad de México donde el gobierno se compromete a implementar a la brevedad mecanismos efectivos de compra de frijol y se compromete a apoyar a los algodoneros en la búsqueda de mercados adecuados. Así llega a su fin el mes de enero.

Aun así, las soluciones tardan en llevarse a la práctica. Indignados los productores llevan a cabo la toma del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua los días 3 y 4 de febrero. Logran reunir de inmediato al gabinete agropecuario y en una mesa de negociación se plantea un convenio con los siguientes puntos:

1. Se abre la compra de frijol a través de la Conasupo para adquirir 10 mil toneladas aplicando los 50 millones otorgados por el Gobierno Federal. Se dan seis días para empezar a entregar la costalera.

2. Se aplican 100 millones de pesos de Banrural, ofrecidos en negociaciones anteriores para la pignoración de otras 20 mil toneladas de frijol, tomando como base 3 pesos 50 por kilogramo, para almacenarse durante dos meses y luego venderse a mejor precio. Los costos de almacenaje y los intereses se sufragarán con el fondo de 5 millones de pesos aportado por Gobierno del Estado. El programa se abrirá en cuanto se terminen de recibir las 10 mil toneladas del punto primero. Tanto en éstas como en las siguientes 20 mil toneladas tendrán prioridad los listados de productores presentados por las organizaciones participantes en la lucha.

3. Se consigue una prórroga de dos meses en el vencimiento de los plazos bancarios para que los productores de algodón puedan desplazar la fibra y hacer sus pagos correspondientes.

4. Se acuerda apoyar a los productores de maíz blanco con los programas de Alianza para el Campo y con el programa federal de participación de contingencia que se aplica en los estados con siniestros climatológicos. Sin embargo no se otorga la compensación de 150 mil pesos por tonelada que demandan los productores.

Al 18 de febrero el programa de compra no se ha iniciado pues las dependencias pretenden incluir a productores de la CNC estableciendo un límite de compra de 5 toneladas y desplazando a los productores del FDC y de El Barzón.

La lucha por la modernizacion incluyente

Los últimos quince años los campesinos de Chihuahua han estado en movimiento perpetuo. El Estado no ha podido doblegar su capacidad de resistencia, así tengan ellos que reforzarla con migraciones temporales a Estados Unidos. Las batallas civiles que se han librado en las praderas chihuahuenses no deben ser leídas como el enfrentamiento entre modernización y tradición.

No, lo que se enfrenta aquí son dos visiones opuestas de la modernización y de la globalización. La modernización que viene de fuera, con los planes de ajuste estructural, contra la modernización que surge de lo propio, tal vez de la misma tradición y busca dinamizar a la vez que mejorar las condiciones de vida de la propia familia, de la comunidad.

Los movimientos de los campesinos chihuahuenses no son la lucha de los últimos campesinos ingleses contra las cultivadoras y cosechadoras de vapor en el siglo pasado. Son la exigencia digna de participar, sin ser aplastados, en una modernización de distinto signo a la que hasta ahora se nos ha impuesto. En este sentido, las movilizaciones de estos productores recogen las aspiraciones no sólo de su sector, sino de una buena parte de la sociedad mexicana. Y se parecen mucho más a las de sus abuelos y bisabuelos que, con Francisco Villa a la cabeza, formaron aquel contingente moderno y disciplinado que puso fin a la modernización excluyente del porfirismo.