n La mayoría de las víctimas, a manos del ejército, señala informe
Murieron 200 mil guatemaltecos durante los 36 años de guerra civil
n Entregó la CEH el estudio a Arzú y la URNG n Culpa a la CIA; Cuba entrenó rebeldes, afirma
Afp, Dpa, Ap, Reuters y Cerigua, Guatemala, 25 de febrero n Unas 200 mil personas murieron en Guatemala, la mayoría a manos del ejército, durante los 36 años de un conflicto armado interno en el que Estados Unidos ejerció fuertes presiones para mantener la arcaica e injusta estructura socioeconómica del país.
De lo anterior dio cuenta hoy la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, al presentar su informe final en un acto público en el que el presidente Alvaro Arzú fue abucheado, se abstuvo de hacer comentarios y prefirió retirarse del lugar.
Estados Unidos, sostiene el informe, intervino en el conflicto a través de diferentes dependencias, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia (CIA), apoyando directa e indirectamente algunos operativos ilegales del Estado guatemalteco, en un escenario caracterizado por el "horror y la crueldad".
Las presiones para mantener el statu quo provinieron del gobierno y empresas estadunidenses, que se dieron sobre todo hasta mediados de la década de 1980. Pero, agrega el documento, también hubo apoyo de Cuba a las guerrillas en la formación militar de combatientes, entre involucramientos de otros gobiernos.
El saldo de la guerra que enfrentó a guatemaltecos, que terminó en diciembre de 1996, dejó también más de 42 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 29 mil fueron ejecutadas o desaparecidas, y el ejército, las fuerzas seguridad y los paramilitares de derecha cometieron unas 626 masacres.
En contraposición, apunta, las guerrillas aglutinadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) fueron responsables de 32 masacres, así como de la comisión de ejecuciones arbitrarias, secuestro de diplomáticos y empresarios, entre otros, con fines políticos y para demandar un pago por la liberación.
No obstante, el informe de la comisión, que estuvo bajo la coordinación del alemán Christian Tomuschat, estima que 93 por ciento de los hechos fueron cometidos por el ejército y los agentes de seguridad del Estado guatemalteco, 3 por ciento por la URNG y el restante 4 por ciento por otros sectores que no pudieron ser identificados.
Exterminio masivo
La población indígena fue la más afectada, pues "se llegó al exterminio masivo de comunidades mayas inermes, a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos y aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado", dice la investigación.
Destaca que se creyó que el fin lo justificaba todo, por lo que "el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado prosiguieron ciegamente la lucha anticomunista, sin respetar ningún principio jurídico, ni los más elementales valores éticos o religiosos, para llegar así a la completa pérdida de la moral humana".
El propio Tomuschat subrayó el sufrimiento inflingido a gran cantidad de niñas y niños, sometidos a actos crueles y asesinatos, y el ensañamiento en contra de mujeres, especialmente de las mujeres mayas, torturadas, violadas sexualmente y asesinadas, por lo que los actos cometidos fueron de verdadero genocidio.
El genocidio, señaló al citar el informe, se dio durante los operativos militares de contrainsurgencia --de tierra arrasada-- contra poblados indígenas mayas, que son mayoría en Guatemala, cometidos sobre todo entre 1978 y 1983, durante los periodos de los gobiernos de facto, principalmente el del general Efraín Ríos Montt.
El informe, de nueve tomos y 3 mil 600 páginas y elaborado durante 18 meses, atribuye la responsabilidad del genocidio al Estado guatemalteco, pues las acciones del ejército "respondían a una política superior, estratégicamente planificada, que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente".
Recomienda reparar el daño
Entre sus conclusiones, el informe titulado Guatemala, memoria del silencio, solicita al gobierno una política de exhumaciones de centenares de cementerios clandestinos existentes y la identificación final del paradero de los desaparecidos, lo que valió el aplauso las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas.
Del mismo modo, la CEH recomendó un programa nacional de reparación "que incluya la dignificación de la memoria de las víctimas, la divulgación de la verdadera historia del enfrentamiento armado", así como medidas de resarcimiento colectivo e individual en beneficio de las víctimas social y económicamente débiles.
Los aplausos crecieron cuando Tomuschat pidió al presidente Arzú que "establezca una comisión que bajo su autoridad y supervisión inmediata examine la conducta de los oficiales del ejército y los diversos cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado activos durante el periodo de enfrentamiento armado".
Tras fustigar la ineficiencia del Estado y del sistema judicial por no haber garantizado el cumplimiento de la ley, lo que propició la violencia, Tomuschat entregó el informe a Arzú y a la URNG, el cual ambas partes acordaron que se elaborara como parte del Acuerdo de Paz pactado en 1996, y los instó a pedir perdón a la sociedad.
La dirigente indígena y premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, dijo que sintió haber cumplido una misión por la justicia, pero indicó que no perdonaría a los responsables hasta que el ejército reconozca que las matanzas fueron parte de una estrategia y no excesos individuales.
Estados Unidos niega intervención
El embajador estadunidense, Donald J. Planty, quien estuvo presente en el acto celebrado en el Teatro Nacional, justificó inicialmente que se trató de un conflicto interno entre guatemaltecos, pero luego ca- lificó como una "interpretación errónea" de que Estados Unidos y sus multinacionales tuvieran participación.
Planty se vio obligado a dar una conferencia de prensa, para negar que ellos quisieran mantener estructuras socioeconómicas arcaicas en Guatemala, y declinó co- mentar las actividades de la CIA al alegar que no tenía a la mano los documentos desclasificados por Estados Unidos y muchos de ellos entregados a la CEH.
El canciller guatemalteco, Eduardo Stein, comentó que se trataba de una de las mayores vergüenzas históricas para el país, ya que la población no indígena sabiendo lo que ocurría se abstuvo de reaccionar y las estructuras institucionales fracasaron, pero negó que haya responsables que formen parte del gobierno o sus dependencias.
El enviado de Naciones Unidas, Alvaro de Soto, al recibir el informe comentó que "el silencio y el olvido de lo ocurrido durante el conflicto no ofrecen una base sólida para edificar una nueva nación".
Alabó el funcionario internacional el informe de la CEH, advirtió que el documento no puede ser sustituto de la justicia y lo calificó como un logro y ejemplo hacia la verdad y la paz.