GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO
Durante cuatro décadas tuvo lugar en Guatemala una guerra interna de múltiples facetas: continuación de la conquista española por parte de la oligarquía criolla propietaria del país; escenario de la guerra fría; campo de experimentación de las más atroces prácticas de contrainsurgencia y laboratorio de las propuestas de la izquierda armada; gesta desesperada de los pueblos indios que reclamaban y reclaman, allí y en otras naciones, el derecho a sobrevivir. La confluencia de todos estos factores dio por resultado un conflicto estructural y de largo plazo cuyo componente principal fue un Estado organizado para diseñar, planificar y ejecutar un amplio y pavoroso programa de exterminio, con el respaldo, la asesoría y el financiamiento del gobierno de Estados Unidos.
Esta circunstancia nacional, conocida por la opinión pública internacional desde hace por lo menos dos décadas, fue investigada y documentada a lo largo de 18 meses por la Comisión de la Clarificación Histórica que preside el jurista alemán Christian Tomuschat, quien ayer, en la capital de ese país centroamericano, y en presencia del presidente Alvaro Arzú; el ministro de Defensa, Héctor Barrios Celada; los ex dirigentes de las organizaciones guerrilleras, y el embajador estadounidense Donald Planty, dio a conocer, en cifras, las conclusiones de su trabajo: la guerra en Guatemala dejó más de 200 mil muertos; se torturó y asesinó a niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos; 626 comunidades indígenas fueron exterminadas por el Ejército, en tanto que los insurgentes perpetraron 32 matanzas. Un saldo menos tangible, pero no menos trágico de este conflicto, es el miedo indeleble que persiste en innumerables guatemaltecos y que, a decir de Tomuschat, obstaculizó significativamente la tarea de la comisión que preside.
El informe Guatemala: memoria del silencio tiene una faceta sin duda positiva y esclarecedora, en la medida en que confirma de manera inequívoca la responsabilidad primordial del Estado oligárquico guatemalteco y de sus protectores estadunidenses en un genocidio sin parangón en este continente y en este siglo. Se abre paso, así, la verdad tantas veces negada y se obliga a las instituciones castrenses del país vecino a verse en el espejo de los criminales. Pero, al mismo tiempo, la divulgación de este documento muestra, en toda su crudeza, la impunidad que protege a los autores intelectuales y materiales del exterminio.
Con la difusión del informe se ha llegado, también, a los amargos límites de los pactos de paz firmados por el gobierno y las organizaciones guerrilleras en 1996, acuerdos que no sólo omitieron la necesidad de hacer justicia efectiva a los cientos de miles de asesinados, sino que dejaron intactas las estructuras sociales racistas, opresivas, represivas y ofensivamente desiguales que ha padecido Guatemala desde los tiempos de la Colonia.
Toca ahora a la sociedad civil guatemalteca trascender el estrecho marco de los pactos de 1996 y movilizarse de manera pacífica, pero firme, para exigir justicia plena ante los crímenes de guerra y avanzar en la transformación social profunda de su país martirizado.