Pablo Gómez
Lo público de la universidad

Hay que preguntar ¿por qué la universidad pública debe cobrar cuotas a los estudiantes? La respuesta más sencilla --la única, en realidad-- es que se necesita más dinero que el Estado no quiere dar para el sostenimiento de la enseñanza superior y la investigación científica.

Si el Estado niega a la universidad pública los recursos que ésta necesita, la salida más falsa es cobrar cuotas en lugar de exigir una reforma hacendaria. El cobro es una manera de descargar la responsabilidad del Estado y, así, sustraer de las decisiones políticas --de la lucha de ideas e intereses en el plano de la democracia-- el problema universitario del país. Mas, ¿por qué habríamos de insistir en tal responsabilidad pública nacional? Porque es la única forma conocida de dar a la enseñanza y la investigación lo que ésta requiere: independencia de los intereses privados y, en tal sentido, libertad.

La universidad pública es el conjunto de instituciones que más ha avanzado en la conquista de la libertad, aunque todavía falta mucho por lograr. Esto es lo que justifica la autonomía universitaria. Si la universidad no fuera pública, nadie se dedicaría --por ejemplo-- al estudio del cosmos, considerado por algunos como una ciencia esotérica. El proceso de elaboración y transmisión del conocimiento requiere de la más amplia libertad: eso es lo que han tratado de conquistar los movimientos democráticos universitarios.

Como parte de esa libertad debe incluirse también el más libre acceso a la universidad. Actualmente, existen muchos obstáculos para que los jóvenes ingresen en la aulas. La universidad debe ser tan grande como la sociedad lo va exigiendo, pero nuestra enseñanza superior no crece lo suficiente en términos de la demanda social real: no puede explicarse un país de jóvenes con un sistema universitario estancado o en retroceso.

Por ello, las cuotas deben verse como un obstáculo más en el proceso de crecimiento de la matrícula universitaria, de la misma manera que las becas deberían considerarse como un factor favorable a la ampliación de la enseñanza superior.

Lo que se enseña y lo que se investiga debe ser decidido por los universitarios, de la misma manera que los requisitos de admisión y permanencia. Es ridículo que unas 500 personas (los consejeros técnicos) sean los únicos formalmente consultados para tomar la decisión sobre las cuotas.

Suponer que la educación es un servicio como cualquier otro y que debe cobrarse en alguna medida, es pensar que la enseñanza es algo que se usa y se acaba, como el reparto de agua potable o el transporte. Pero no es así. La educación es un proceso social complejo que no debe convertirse en mercancía, que no debe contener un valor económico, ya que, entre otras cosas, no debe expresar directamente las diferencias sociales o, al menos, no debe reproducir éstas. En la medida en que la educación, así como la ciencia y la técnica, se convierta más y más en una mercancía, las desigualdades sociales se reproducirán por efecto de la función universitaria y eso contradice el carácter público de ésta.

Un estudiante que pague dos mil pesos al año implicará un gasto quince veces mayor; pero ese mismo estudiante adquirirá la conciencia de que ha comprado su propia educación, cuando en realidad se la ha brindado la sociedad. ¿Debe ser la universidad la promotora de una conciencia falsa con tal de obtener 500 millones anuales, que es la misma cantidad que le regaló la familia Peralta a la familia Salinas sin siquiera pedir un recibo y que fue a parar a un banco suizo?

Es inmoral que el Estado (por acuerdo del PRI y el PAN) destine este año 18 mil millones a subsidiar a seis bancos privados mientras disminuye el presupuesto de las universidades públicas. Con esa cantidad se podrían sostener casi dos UNAM más. Pero las autoridades universitarias, calladas ante el gran atraco del Fobaproa e incapaces de levantar su voz ante el gobierno para lograr un mayor subsidio, pretenden conseguir con las cuotas unos 500 millones de pesos anuales ¡dentro de cinco años!

En México fracasó totalmente la idea de una autonomía universitaria con capacidad financiera propia. Mas también ha fracasado la pretensión de un subsidio universitario decreciente basado en las cuotas y otras ventas. Pese a las lecciones de la historia, la derecha ideológica es cada vez más necia, por eso es reaccionaria, ya que siempre vuelve a tratar de imponer sus propios fracasos.

Vender educación puede servir para avanzar en la mercantilización de todo, pero no hará mejor a la universidad.

Algunos partidarios de las cuotas aclaran que éstas no deben llevar a la disminución de la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de la universidad pública, pero nunca han luchado por un aumento del subsidio.

Quienes piden la creación de un fondo especial constituido con las cuotas, para otorgar mejores servicios y becas a los estudiantes, están diciendo que no hay que plantear que el Estado nacional cobre impuestos para otorgar tales becas.

Con el cobro de cuotas no se resolverá ningún problema financiero de la Universidad Nacional, pero se usará de plataforma de lucha para convertir cada vez más a la educación en una mercancía, bloquear la participación de la nación mexicana en la solución del inmenso problema universitario de México y reducir la responsabilidad del Estado. No, gracias.