n Persiste el deterioro de la situación en el país, dicen
Pedirán ONG a Naciones Unidas un relator especial para México
Blanche Petrich n La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibirá la petición de consenso de 93 organizaciones humanitarias mexicanas a fin de que nombre un relator especial para México, en virtud del persistente deterioro de la situación en el país, en la sesión que se realizará entre el 22 de marzo y el 30 de abril.
La declaración conjunta de esos grupos no gubernamentales, que incluye a cinco redes de organizaciones civiles y 88 organismos defensores de los derechos elementales --la mayor iniciativa de su tipo hasta ahora-- fue conocida el miércoles en Roma, durante una audiencia de las comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores del Parlamento Italiano, a la que fue invitada como expositora Marieclaire Acosta, dirigente de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.
Próximamente, los parlamentarios italianos resolverán si ratifican o no la adhesión de Italia al acuerdo de cooperación entre México y la Unión Europea, que incluye la polémica ''cláusula democrática'', que obliga a las partes firmantes a observar los compromisos en materia de derechos humanos, e incluso contempla la eventualidad de una suspensión de los acuerdos en caso de violaciones graves.
Legisladores del PAN y el PRD serán invitados en breve a exponer ante esas comisiones legislativas italianas sus posiciones sobre el tema. Anteriormente, los parlamentarios italianos escucharon, en distintas visitas, a la canciller Rosario Green, al subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, y a Emilio Rabasa, coordinador gubernamental para el diálogo en Chiapas.
A pesar de que el Senado de Italia ya aprobó la ratificación del acuerdo México-Unión Europea, la Cámara baja decidió demorar el procedimiento para conocer más sobre la situación de los derechos humanos en México y, en particular, en Chiapas, un tema de alta sensibilidad en amplios círculos sociales y políticos de la península europea. Si esa instancia legislativa resolviera en la votación definitiva no ratificar el convenio --que incluye relaciones económicas, de cooperación y de concertación política entre el bloque europeo y México--, el acuerdo, calificado por el gobierno mexicano como prioritario en su estrategia de diversificación, podría quedar congelado.
''La intención de las organizaciones civiles mexicanas --dijo Acosta en entrevista telefónica desde Roma-- no es bloquear el acuerdo con Europa ni mucho menos. Pero sí pretendemos que se tome conciencia de la realidad que vivimos, y que la cláusula democrática deje de ser pura retórica y se convierta en una presión real para que el gobierno México se sienta obligado a cumplir sus obligaciones internacionales en materia humanitaria''.
El Acuerdo Marco debe ser ratificado por el Senado mexicano, el Parlamento Europeo y las legislaturas de las 15 naciones de la UE. Este último trámite ya fue cumplido en Suecia, Finlandia, España y Portugal. En Italia es donde se presentan las mayores reticencias. En la audiencia del miércoles los diputados italianos se mostraron particularmente preocupados por las explicaciones brindadas por Marieclaire Acosta sobre el proceso de paramilitarización.
Por otra parte, refirió Acosta, el clima político en Italia, sacudido por los reclamos y protestas de decenas de miles de emigrantes kurdos y algunas franjas de la población italiana por la demora de las autoridades en conceder asilo al líder independentista Abdalá Ocalán, lo cual provocó que éste viajara a Nigeria, donde finalmente fue capturado por la policía turca, ''ha generado un estado de ánimo que propicia una mayor preocupación por los problemas de represión en terceros países''.
Declaración de consenso: sí al relator especial
En la 55 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el tema nueve del programa provisional, gravitará el asunto mexicano. Circula ya en algunos medios la declaración de consenso de los organismos civiles mexicanos, que recogieron las resolu- ciones emitidas a lo largo de 1998 por las diversas instancias del sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Citan el trabajo del relator especial de Ejecuciones Sumarias de la ONU, quien concluyó que México ocupa uno de los primeros lugares en denuncias de muerte durante la detención y en denuncias de desaparición. También se recogen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentó sobre la práctica de las detenciones ilegales en México, y del Comité Contra la Tortura, cuya conclusión es que en México ésta se practica en forma sistemática, especialmente por las policías judiciales.
La declaración de consenso que Acosta leyó a los parlamentarios italianos explica la persistencia de la impunidad como consecuencia de la falta de independencia del poder judicial. A la misma conclusión llegó la CIDH, la cual señaló que la misma estructura constitucional de los tribunales pone en duda la auténtica independencia de éstos respecto al Poder Ejecutivo.
''Es común --agrega el documento que será presentado en la ONU en marzo-- el uso de las instancias de procuración e impartición de justicia para resolver conflictos políticos. Es el caso de los operativos de desmantelamiento de los municipios autónomos en el estado de Chiapas, donde con el pretexto de 'restablecer el estado de derecho', se realizaron cientos de detenciones y cateos ilegales. Esta evolución traduce la utilización desmedida del poder por parte del gobierno de México, bajo el pretexto de desactivar los grupos insurgentes, para acallar e impedir la disensión pacífica de la sociedad respecto de las políticas del Estado.''
También se incluye el tema de la creciente militarización, que ''ha traído consigo graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, los cuales, como asevera el relator especial sobre Tortura, gozan de inmunidad. Al respecto recuerdan que la CIDH habla no sólo de un recrudecimiento de prácticas de control por parte de las fuerzas de seguridad, sino del sometimiento indiscriminado de organizaciones y dirigentes sociales. La alta comisionada para los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación.
La actuación de los paramilitares en Chiapas es calificada como de ''extrema gravedad''. Refieren que el Comité Contra la Discriminación Racial señaló la frecuencia con que los responsables de actos de violencia o intimidación perpetrados por grupos paramilitares, representantes de las fuerzas del orden o terratenientes, han permanecido impunes.
Hay una alusión al hostigamiento a los defensores de derechos humanos y periodistas, que fue reconocida tanto por la CIDH como por el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales. En ese tema se recuerda la expulsión de más de 100 observadores internacionales, desde noviembre de 1997 hasta la fecha, así como la nueva política de acreditación y admisión de misiones de observación internacional, ''que deja a la discreción de un funcionario el otorgamiento de permisos de entrada para realizar observación de derechos humanos y entregar ayuda humanitaria''.
El texto califica como ''ineficaz'' al sistema oficial de protección de los derechos humanos, debido a la falta de independencia frente al Ejecutivo, a que sus métodos de investigación no se ajustan a los sistemas internacionales y a que el cumplimiento de sus recomendaciones queda a discreción de las auto- ridades. Al respecto, el relator sobre Tortura registró ''una disposición inexplicada a considerar que éstas son cumplidas, cuando en la práctica sólo se han aplicado parcialmente''.
Además de solicitar la presencia de un relator especial para México, las 93 organizaciones y redes mexicanas piden a la Comisión de Derechos Humanos que exhorte al gobierno a extender invitaciones a los relatores especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, así como al de Independencia de Jueces y Abogados; y a los grupos de Trabajo sobre Detención Arbitraria y sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Además, que nombre un relator especial para México encargado de dar seguimiento a la situación general de los derechos humanos en el país.
También solicita que se ''inste'' a las autoridades mexicanas a que se realice lo más pronto posible la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y a que tome medidas para fortalecer el sistema público de protección de los derechos humanos, garantizando la autonomía plena de la Comisión Nacional y las comisiones estatales.