CERTIFICACIONES Y DERECHOS HUMANOS
Ayer el presidente estadunidense Bill Clinton certificó la lucha antidrogas de 22 gobiernos, entre ellos el de México, en lo que constituye una nueva e inadmisible violación de los preceptos del derecho internacional y del respeto que debe prevalecer en las relaciones entre los países.
Como cada año, la certificación antidrogas por parte del gobierno de Washington representa, a la vez, motivo de indignación y preocupación para numerosos gobiernos latinoamericanos.
Aunque la inmensa mayoría de las naciones rechaza la evaluación unilateral e hipócrita que realiza Estados Unidos primer consumidor y uno de los mayores productores de drogas, las sanciones que la Casa Blanca podría imponer a los descertificados y los posibles impactos negativos en la imagen pública de los gobernantes que no ''cooperan'' adecuadamente con Washington en el combate al narcotráfico, suscitan que, año con año, numerosos funcionarios latinoamericanos (ministros, procuradores y hasta mandatarios) emprendan campañas de difusión de sus logros en materia de erradicación de cultivos y control del tráfico de enervantes, den a conocer nuevas estrategias y políticas de combate a las drogas, realicen algunas aprehensiones de capos y, sobre todo, se manifiesten en contra de la certificación.
Ciertamente, el rechazo del mencionado proceso y la defensa de los principios básicos de soberanía y no extraterritorialidad de las leyes son acciones necesarias que deben ser asumidas no sólo por los gobiernos sino, también, por las sociedades. De igual manera, la erradicación del cultivo, transporte y comercio de drogas y el castigo conforme a derecho de los narcotraficantes son compromisos irrenunciables de los Estados. Y aunque, en lo que toca a México, no pueden soslayarse los inquietantes casos de corrupción de servidores públicos, agentes de diversas agrupaciones policiales e, incluso, militares que se han registrado en los últimos años, la determinación de los mexicanos de dar una lucha frontal contra el tráfico de enervantes es clara e inobjetable.
Por otra parte, paralelamente a la certificación antidrogas, el Departamento de Estado dio a conocer su reporte anual sobre la situación mundial de los derechos humanos.
En ese documento se señala que, en México, las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad pública continúan cometiendo graves violaciones de las garantías básicas de las personas, incluyendo torturas y asesinatos extrajudiciales.
En ese sentido, debe recalcarse que no son nuevas las denuncias contenidas en el informe de Washington, pues numerosos organismos, nacionales e internacionales, han alertado sobre la crisis humanitaria que atraviesa México y, a la vez, sobre los atropellos cometidos en Estados Unidos en contra de las minorías raciales y los indocumentados mexicanos.
Pero en el entendido de que el pronunciamiento del Departamento de Estado resulta tan ofensivo e hipócrita como la certificación antidrogas sorprende la insuficiente atención que el gobierno mexicano ha otorgado a la acuciante problemática que experimenta el país en lo tocante a los derechos humanos. Mientras los éxitos y las estrategias oficiales en materia de lucha contra el narcotráfico ciertamente meritorios y necesarias, respectivamente reciben una profusa difusión por parte de las autoridades, comparativamente es poco lo que éstas han realizado para enfrentar y esclarecer la violencia y los atropellos cometidos por integrantes de corporaciones policiales y otras instancias del poder público.
Acaso para el gobierno no resulta tan importante como la lucha antidrogas el enfrentar la peligrosa crisis en materia de derechos humanos que se registra en el país? No debería otorgársele la misma atención, recursos y esfuerzos al combate contra el narcotráfico y a la defensa de los derechos humanos, máxime cuando numerosas e intolerables violaciones han sido cometidas con la participación o la tolerancia de algunas autoridades?