n Culpa a fuerzas armadas y de seguridad pública
EU documenta abusos y violaciones a los derechos humanos en México
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 26 de febrero n Las fuerzas armadas y de seguridad pública en México continúan cometiendo serios abusos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura y asesinatos extrajudiciales, afirmó hoy el gobierno estadunidense y añadió que la corrupción es ''extensa'' dentro de la policía y un problema creciente en las filas militares.
El Informe Anual sobre los Derechos Humanos emitido hoy por el Departamento de Estado declara, en su sección sobre México, que el gobierno vecino ''generalmente'' respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, pero que el Poder Judicial es ''en ocasiones'' influido en sus investigaciones por el Ejecutivo.
En este contexto, se ofrece documentación detallada de una serie de investigaciones gubernamentales que tienen fallas o que han fracasado, incluyendo la de la masacre de Acteal, los homicidios de la colonia Buenos Aires, el secuestro y asesinato realizado por tropas ųcapacitadas en Estados Unidosų en Zapopan y las matanzas de El Bosque. ''La continuación de serios abusos incluyeron matanzas extrajudiciales, desapariciones, tortura, corrupción policiaca, condiciones inferiores en prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias'', señala el Departamento de Estado en una sección de 43 páginas dedicada a México. ''La corrupción es extensiva dentro de las filas de policías y un problema creciente para los militares'', señala.
Describe ''numerosas'' acusaciones del uso excesivo de la fuerza y violaciones de leyes humanitarias, particularmente en Chiapas y Guerrero, y cita informes de que ''grupos civiles armados, controlados por jefes políticos locales afiliados con el PRI, fueron acusados de haber cometido muchas violaciones de derechos humanos en Chiapas''. Pero el informe señala que no hay pruebas concretas que vinculen al gobierno federal con este tipo de grupos.
''Como resultado de patrones de desarrollo económico y social de larga vida, los pueblos indígenas, particularmente de los estados sureños, permanecen fuera del flujo económico y político del país'', afirma el gobierno estadunidense. El informe indica que la sublevación chiapaneca enfocó la atención pública sobre las demandas de los indígenas, pero señala que las negociaciones para resolver el conflicto están estancadas e informa que los militares mexicanos continúan negando ser los responsables de los abusos de los derechos humanos ocurridos en la primera etapa de la rebelión, a pesar de pruebas documentadas.
En sus conclusiones, el documento destaca que hay informes ''creíbles'' de un incremento de desapariciones durante esta década, señalando en particular hechos en Chiapas y en Ciudad Juárez. También otorga credibilidad a acusaciones de que las fuerzas de seguridad son responsables de muchos de estos casos.
Asimismo, se informa sobre un patrón de incidentes en los que mujeres son maltratadas y violadas bajo detención policiaca, y señala que estos incidentes casi nunca son reportados ni fiscalizados. ''Aunque la Constitución otorga la igualdad entre los géneros, ni las autoridades ni la sociedad en general respetan esta práctica'', dice.
El informe tiene una serie de referencias breves a casos judiciales particulares, incluyendo el del general José Francisco Gallardo y el arresto de cinco tenientes que participaron en la marcha de protesta del 18 de diciembre. Apunta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, se ha comprometido a enfrentar la corrupción en el sistema policiaco, pero indica que varios de sus funcionarios fueron obligados a renunciar de altos puestos de la seguridad pública frente a cargos de corrupción o de abusos de derechos humanos.
Al caracterizar el estado de la libertad política, el documento indica que ''las elecciones en general fueron libres e imparciales'' al nivel estatal y local. También menciona el incremento en organizaciones no gubernamentales, de 5 mil 76 en 1995 a más de 8 mil en 1998, como prueba de la apertura política en México, pero al mismo tiempo documenta ataques y hostigamiento contra líderes, periodistas y activistas de derechos humanos.