PAGINA 9 Ť Lourdes Galaz

Una reforma electoral para el 2000

* Zedillo, Ƒel presidente de la transición democrática? * Analiza el IFE un documento de la CIDH

que advierte del riesgo de que las elecciones pierdan legitimidad * Urge tipificar delitos en la materia

... las irregularidades

en los procesos

comiciales y las

batallas poselectorales

son persistentes y

recurrentes en cada

elección.

Ahora mismo la lucha

del PRD en Guerrero

y el escándalo de la

narcopolítica en

Quintana Roo, atraen

la atención aquí

y en el exterior...

El presidente Ernesto Zedillo quiere pasar a la historia nacional. No desea aparecer en los libros de texto de los estudiantes del tercer milenio sólo como el "suertudo" que llegó a Palacio Nacional, el tecnócrata que intentó crear bienestar para la familia, y mucho menos como el jefe que se divertía haciendo bromas a sus colaboradores. No, Zedillo quiere ser recordado como el Presidente de la transición democrática. Sueña con ser el šdemocratizador del 2000!

De acuerdo a los tiempos políticos, el primero de enero se inicia el proceso para elegir al primer Presidente del próximo siglo. Y hoy, se asegura, no hay condiciones que garanticen la legitimidad del proceso electoral. Urgen acuerdos políticos para crear reglas del juego que conduzcan a una reforma a la Constitución y sus leyes reglamentarias que no dejen dudas sobre la legitimidad de unos comicios efectivamente democráticos.

Hay voces en los partidos políticos, en el Congreso y en el gobierno, que exigen una reforma electoral para los comicios del año 2000. Los resultados de los más recientes procesos electorales y la abierta lucha por el poder hacen que priístas y opositores demanden nuevas reglas.

En el sexenio anterior, los fraudes electorales denunciados en el extranjero ponían de cabeza a los hombres del Presidente y a Carlos Salinas de Gortari. En todas partes se conoció el fraude del 6 de julio de 1988. Manuel J. Clouthier y su partido recularon en la alianza poselectoral convocada por el FDN de Cuahtémoc Cárdenas, aunque el sinaloense viajó meses después a Washington a denunciar violaciones a los derechos políticos.

Clouthier no documentó el fraude salinista jamás, ni llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Todo se quedó en notas periodísticas. Los panistas llevaron denuncias de otros fraudes electorales ante la CIDH, mientras el Congreso de la Unión aprobaba reformas a la Constitución y sus leyes reglamentarias impulsadas por el gobierno de Salinas y su partido, para dar credibilidad a los resultados electorales.

Las enmiendas que promovió el salinismo --aliado con el PAN-- disminuyeron los márgenes de maniobra del partido oficial al tiempo que se lograron concertacesiones con los opositores que permitieron a los panistas alcanzar ciertos espacios de poder (Baja California, Guanajuato, Chihuahua). Con el nuevo código electoral y todas sus enmiendas posteriores, ciertamente se lograron avances en la materia. La ciudadanización de los organismos electorales y la regulación del financiamiento público a los partidos políticos, por ejemplo, aunque ya se advierte que las reformas al régimen financiero de los partidos políticos son insuficientes.

Con todo, las irregularidades en los procesos comiciales y las batallas poselectorales son persistentes y recurrentes en cada elección. Ahora mismo la lucha del PRD en Guerrero y el escándalo de la narcopolítica en Quintana Roo, atraen la atención aquí y en el exterior.

Los perredistas de Guerrero pretenden denunciar el fraude del 7 de febrero en el extranjero, y aquí en el Instituto Federal Electoral se analiza la respuesta a un documento de la CIDH que advierte sobre el riesgo de que las elecciones pierdan legitimidad porque la legislación mexicana no contempla delitos electorales graves como la inducción y la compra de votos y tiene poca claridad y contundencia en las sanciones a los infractores.

Son bien conocidos por los partidos políticos y los ciudadanos los mecanismos para inducir el voto. En este país esas prácticas son comunes. La revolución de 1910 estalló por el Sufragio Efectivo y la No Reelección, ciertamente razones político-electorales.

De acuerdo con la Junta General Ejecutiva del IFE es posible comprobar la coerción al ciudadano por parte de un candidato, partido político o funcionario público. Tanto es así que en las elecciones federales de 1997 el consejo recomendó la suspensión de los programas del gobierno ( Procampo, Pronasol o como se llamen) 30 días antes de los comicios. En Guerrero, antes de los pasados comicios el Consejo Estatal Electoral también acordó que el gobernador Angel Aguirre suspendiera sus giras semanas antes de la elección, para evitar el proselitismo con recursos del gobierno en favor del candidato del partido oficial; también se recomendó cancelar la entrega de apoyos derivados de programas sociales. Esto último no se cumplió, hay pruebas de que en la víspera de la elección se entregaron cheques de Procampo y ayudas de todo tipo a los electores.

En el documento de la CIDH (suscrito por la Organización de Estados Americanos, de la que forma parte el gobierno mexicano) se establece que a pesar de los avances en la democratización del país que en los últimos años han logrado los mexicanos, "hace falta una definición clara y contundente de los delitos electorales, y de mecanismos que garanticen su sanción efectiva...". La legislación no prevé sanciones a toda forma de coerción o inducción del voto derivada de la relación laboral, de la agremiación social o del disfrute de un bien o servicio público. Dice la CIDH que en México no hay garantías ni mecanismos para evitar que se identifiquen los programas gubernamentales con los programas de partidos y para impedir que aquéllos sean usados con fines electorales.

Expertos en asuntos electorales estudian propuestas para la reforma legislativa que normará la elección del 2000. La iniciativa habría de debatirse y aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, que sería entre junio y agosto.

Las enmiendas serían en aquellos artículos del Cofipe y del Código Penal para establecer y tipificar delitos electorales como la compra de votos, la coerción e inducción del sufragio. También habrán de acordarse los topes de los gastos de las precampañas de candidatos y de los partidos, como ya existen en cuanto a los gastos de las campañas propiamente dichas. En este sentido se requiere mejorar los mecanismos de fiscalización y crear sanciones y penalizaciones a personas físicas y morales y a los partidos políticos, que podrían llegar hasta la cancelación del registro.

Por lo pronto, ya los presidentes de los partidos de oposición, Andrés Manuel López Obrador del PRD y Felipe Calderón del PAN, en declaraciones públicas están convocando a una reforma para el 2000. El Congreso y el presidente Zedillo tienen la palabra.