n A 34 principales usuarios se les vende a un precio por debajo de su costo: sindicato
La política tarifaria, causa de los déficit en la CFE
Fabiola Martínez /II y última n La política tarifaria aplicada en los últimos 20 años en el sector eléctrico es la causa fundamental de la escasez de recursos económicos en esta industria nacionalizada, particularmente en el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC), señaló el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Por ejemplo, en la zona centro del país las tarifas a servicios industriales (alta tensión) han estado por debajo del precio de compra que debe pagar LFC a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), precisó el SME en un documento que entregará la próxima semana al gobierno federal y al Congreso de la Unión.
Actualmente, a 34 usuarios industriales que consumen 12 por ciento de la energía total distribuida, se les vende ésta a un precio menor que su costo.
Entre esos usuarios se encuentran las cementeras Cruz Azul, Apasco y Anáhuac; el Sistema de Transporte Colectivo-Metro, compañía industrial San Cristóbal, Cartón y Papel de México, General Motors Company, Chrysler de México, Siderúrgica Cuautitlán y Pennwalt.
"Para el SME resulta incongruente que a estos usuarios se les cobre el kilowatt-hora a un precio menor que el aplicado a Luz y Fuerza del Centro, principal cliente de la CFE".
El precio unitario de la energía que vende CFE a LFC registró un incremento global de 188.7 por ciento en el periodo de enero de 1994 a noviembre del año pasado, aun cuando la inflación acumulada en ese periodo se ubicó en 169.63 por ciento. En consecuencia, destaca el SME, el margen de comercialización de que dispone el organismo para cubrir los demás costos de operación "es prácticamente insuficiente".
Se trata de una política "descapitalizadora" para todo el sector eléctrico, que se tradujo en un mayor detrimento económico y financiero para la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el organismo descentralizado sustituto LFC.
"Hoy, en el contexto de la privatización total que plantea el gobierno de Zedillo, resulta inaplazable analizar autocríticamente el resultado de esta política tarifaria, que permita avanzar en el saneamiento financiero de las paraestatales y elevar su calidad, como una alternativa frente a la privatización eléctrica propuesta", exige el SME.
Sin embargo, asegura, si bien la política de tarifas eléctricas subsidiadas impactó negativamente tanto a CFE como a LFC, en el caso de la primera le permitió ingresos suficientes para recuperar sus costos --financieros y de operación--, pero en la segunda, el precio promedio del Kw le ha impedido obtener ingresos suficientes.
"Ello evidencia el trato inequitativo de que fueron objeto la CLFC y la sucesora LFC a lo largo de estos años y que, junto con las tarifas de subsidio, constituyen los factores centrales que explican sus crecientes pérdidas y su endeudamiento extremo... que la mantienen en quiebra virtual y anemia perniciosa".
Compromisos incumplidos
Desde 1994, cuando se creó LFC como un organismo descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios, el SME y el gobierno federal pactaron diversos compromisos para elevar la calidad de servicio en el área central del país y asegurar condiciones de rentabilidad, eficiencia y eficacia.
Las partes se comprometieron a preservar la fuente de trabajo y la titularidad del contrato colectivo y, en síntesis, sentar las bases para el saneamiento financiero del organismo, que se creó a iniciativa del enton- ces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Al término del plazo estipulado para lo anterior (cinco años), el SME asegura que no se les dotó de información suficiente respecto de los resultados operativos y financieros de la paraestatal ni se revitalizaron las principales plantas generadoras (Necaxa y Lechería).
En cuanto a los esquemas de productividad, alega el SME, éstos se impusieron unilateralmente por LFC, y en ellos se proyectan metas basadas en la reducción de la plantilla laboral y en la pretensión de igualar los resultados con los de la CFE, "aun a sabiendas de que los organismos, aunque presten el mismo servicio, no son comparables ni en su estructura ni en sus características de operación".
El gobierno tampoco cumplió su compromiso de asumir el pasivo de la extinta CLFC (21 mil millones de pesos) y, por el contrario, se anexó a los registros contables de Luz y Fuerza meses después. En resumen, concluye el sindicato, "hasta 1998 los compromisos del gobierno han quedado a nivel de proyecto".