n Jacinto Viqueira, Víctor Rodríguez y Claudia Sheinbaum (*) n

Sector eléctrico: verdades y mentiras

La iniciativa del Ejecutivo federal para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia de servicio eléctrico se sustenta principalmente en las siguientes premisas: 1) la demanda de electricidad crecerá a ritmos conservadores de 6 por ciento anual, 2) los requerimientos de inversión en el sector ejercerán una presión sin precedente sobre la capacidad financiera del sector público, 3) el mercado garantizará el suministro de la demanda creciente con mejores condiciones de seguridad, estabilidad y precios, y 4) la inversión privada hace posible la adquisición de tecnologías más avanzadas.

Desde nuestra perspectiva, de las cuatro premisas planteadas, la única que cuenta con sustento técnico es la primera. Las tres restantes, son afirmaciones que carecen de un análisis serio que reconozca los pros y los contras de cualquier mecanismo de financiamiento para el sector. En este artículo planteamos las falsedades y riesgos asociados a la reforma radical que se plantea, y mostramos, además, que es incorrecto afirmar que esa es la única alternativa.

Como se asienta en el documento del Ejecutivo, la industria eléctrica ha venido creciendo a tasas anuales superiores a las del producto interno bruto y la inversión en generación, transmisión y distribución es indispensable. A pesar de que el sistema eléctrico nacional tiene una reserva actual cercana a 20 por ciento, su utilización requiere resolver los cuellos de botella del sistema interconectado nacional, con mayores inversiones en transmisión, principalmente en el norte de la República.

No obstante, no es creíble que el abasto será insuficiente para el año 2000, como lo ha afirmado la Secretaría de Energía. Hay que explicar claramente que la urgencia de la inversión se debe a que las nuevas plantas o sistemas de transmisión no se construyen en un día y el sistema requiere prever, con al menos dos años de anticipación, la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Frente a este panorama, es indiscutible que el sector eléctrico requiere financiamiento para seguir creciendo. Esto no significa que la empresa pública deba privatizarse. En los hechos, el sistema eléctrico nacional ha venido creciendo en la última década, principalmente con mecanismos de inversión privada llamados contrataciónųarrendamiento-transferencia (CAT), que han resultado ser más viables que la producción independiente.

Bajo este mecanismo, los inversionistas privados o extranjeros se hacen cargo del financiamiento y de la logística de la obra, de una planta o una línea. Con esta modalidad, la empresa pública asume los riesgos asociados con la operación de la planta (aumento de precios en los combustibles, rezago de las tarifas, devaluaciones, etcétera), mientras los agentes privados asumen los riesgos relacionados con el paquete financiero y la construcción de la obra.

Si el riesgo de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro asociado al mecanismo CAT, se centra fundamentalmente en el rezago de las tarifas, Ƒpor qué no establecer mecanismos claros de subsidio con las empresas públicas? En el anuncio de la reforma del sector eléctrico a la nación, el Presidente de la República se comprometió a que los subsidios se seguirían manteniendo, pero bajo esquemas más claros. Si CFE y LFC no cargaran con el peso de los subsidios y éstos estuviesen a cargo, de forma clara y transparente, del gobierno federal y/o los gobiernos estatales, el riesgo para las compañías públicas bajo el esquema CAT se reduciría enormemente y la nueva capacidad instalada no tendría por qué implicar una presión sobre las finanzas públicas.

De hecho, la inversión privada en el sector, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía, ha alcanzado la suma de 36 mil120 millones de pesos en los últimos años.

El mecanismo CAT ya ha sido probado en el país y ha mostrado sus bondades y problemas. En cualquiera de sus modalidades, este tipo de mecanismos representan mucho menor riesgo para los consumidores y para la nación, que la privatización radical del sector.

Nadie puede asegurar que el mercado garantiza un suministro adecuado al crecimiento de la demanda en el largo plazo. En Chile, Colombia y Argentina, por ejemplo, la apertura a la inversión privada en el sector eléctrico, motivó una sobre capacidad de producción que, efectivamente, eliminó el riesgo de desabasto en el corto y mediano plazos. Sin embargo, dicho excedente, que no era otra cosa que una ineficiencia estructural del sistema, motivó la desaceleración de inversiones, la fusión de empresas para mantener los márgenes de rentabilidad y la eliminación de las centrales menos rentables; de tal manera que el parque de generación racionalizado, no pudo responder al crecimiento de la demanda. El resultado final ha sido el racionamiento en los dos primeros países, después de un bom de inversiones en generación, y los análisis señalan que Argentina podría entrar en una situación similar en dos o tres años, o en todo caso, pesan grandes riesgos sobre la seguridad en el suministro.

Una situación similar es esperable que ocurra en el país. Las concesiones a compañías de distribución privadas que se establecen en la nueva reforma, tienen un límite de 30 años. Como es conocido, la amortización de las inversiones en el sector eléctrico es de largo plazo. Es esperable que a la mitad de la concesión, los agentes privados dejen de invertir en el mantenimiento de las instalaciones o en líneas nuevas. Esa situación ya ocurrió en México antes de la nacionalización de la industria eléctrica. El mercado, por definición tiene una visión de corto plazo. La industria eléctrica, por definición, requiere de una visión de largo plazo.

Un argumento adicional del Ejecutivo federal, es que los precios de la electricidad serán menores. Este argumento está sustentado, nuevamente, en las experiencias internacionales, particularmente en la inglesa y argentina. Sin embargo, no especifica que en Inglaterra hubo un aumento de las tarifas antes de la privatización y que la reducción del precio ha estado asociada a la disminución de los costos que lleva consigo la tecnología de ciclo combinado. Situación que también podría ocurrir con la empresa pública.

La condición que debiera cumplirse para la disminución de las tarifas es una planta de generación muy superior a la demanda. Situación que parece, de acuerdo con el Ejecutivo, no ocurrir en México. La inversión acelerada y la necesidad de amortización en el corto plazo, requieren, aquí y en China, un aumento en las tarifas. Los mexicanos conocemos este caso muy de cerca con la privatización de Teléfonos de México.

Es indispensable señalar, además, que la privatización en otros países no ha sido la panacea esperada. De acuerdo con los propios ideólogos de la reforma de Inglaterra y Gales, la competencia en el mercado eléctrico no ha podido establecerse como se esperaba y, además, la privatización llevó a una pérdida cuantitativa por parte de los contribuyentes y usuarios y a ganancias millonarias por parte de las nuevas compañías privadas. Esta situación motivó al reciente gobierno laborista, a imponer un impuesto mayor a las empresas generadoras de electricidad. Hay que decir que la reforma propuesta para México es sumamente similar, por no decir una copia, de la de Inglaterra y Gales.

Por otro lado, no todas las experiencias internacionales son iguales. Si el objetivo es desregular para aumentar la eficiencia productiva de corto y largo plazos, se puede lograr sin que intervenga el sector privado. Esto fue lo que pasó en Noruega, donde ahora los mercados se los disputan empresas públicas compitiendo entre ellas. Francia, por ejemplo, sólo desreguló la producción bajo el modelo de comprador único.

En lo que se refiere a la modernización tecnológica, la propuesta del Ejecutivo supone que ésta es patrimonio de los agentes privados. En el caso de la tecnología de generación, el propio documento habla nada menos que del ciclo combinado. Sin embargo, no se menciona que el ciclo combinado es una tecnología de generación que la CFE tiene incorporada en el sistema desde mediados de la década de los setenta. El documento tampoco informa que la CFE es pionera mundial en el campo de la geotermoeléctrica. La modernización tecnológica ha ocurrido y no tiene por qué dejar de ocurrir en las empresas eléctricas públicas.

Por otro lado, las características de los sistemas eléctricos requieren concebirse y operarse como una red, en donde todos los elementos y funciones, desde las plantas generadoras hasta las cargas, están estrechamente relacionados. Esta integración es la que permite un servicio eficiente y de calidad. Por más desarrollo de la informática, existen restricciones técnicas que limitan el libre acceso a la red de transmisión. Como lo señalaba un ingeniero electricista alemán ante los planteamientos de apertura del mercado eléctrico europeo: ni el Parlamento Europeo pudo abrogar las leyes de Kirchoff (aquellas que rigen el funcionamiento de las redes eléctricas).

La solución que proponen las autoridades, eso deben reconocerlo, no es la única y nadie tiene la certeza de que, a corto y largo plazos, será la más adecuada para las condiciones del país. En todo caso la motivación y necesidad de una reforma radical del sector eléctrico tiene otra explicación, y ésa debe ser expresada claramente.

El debate sobre el sector eléctrico y, en general, la política energética del país, deben ser claros, abiertos, informados y sin chantajes. Sólo así saldrá fortalecida la nación y el futuro abasto energético del país.

(*) Jacinto Viqueira, profesor emérito, Facultad de Ingeniería, UNAM; Víctor Rodríguez, coordinador del posgrado en Ingeniería Energética, UNAM; Claudia Sheinbaum, investigadora del Instituto de Ingeniería, UNAM.