n Con la nueva ley de la JAP se garantiza la modernización: Ainslie

El Monte de Piedad trata de poner necesidades sociales en la disputa

n Esta legislación no interviene en las instituciones de asistencia, dice el presidente de la Junta

Ricardo Olayo n La Ley de la Junta de Asistencia Privada (JAP) garantiza la modernización y democratización de las actividades de ese órgano y, al igual que el anterior ordenamiento, evita la intromisión en la vida de las instituciones, aseveró en entrevista su presidente, Alejandro Ainslie. Hoy las posibilidades de opinar y de participar son mayores que antes y muestra de eso será la elaboración conjunta del reglamento de la ley con las más de 450 instituciones del sector.

En entrevista, dijo que en él se podrán incorporar las precisiones necesarias para que no haya duda sobre los objetivos positivos que se persiguen para fomentar la actividad de asistencia, subrayó. ''Lo que se busca es el diálogo pero también habrá firmeza para rechazar medias verdades''.

Se refirió al discurso ''ofensivo y calumnioso'' que en su contra lanzó el presidente del Nacional Monte de Piedad, Alan de la Torre, así como de otros funcionarios del gobierno de la ciudad. ''Fue una pieza agresiva pronunciada en el aniversario del Montepío, que miente y trata de confundir para colocar en medio de las diferencias la necesidad de los grupos de discapacitados, invidentes, menores maltratados, entre otros que requieren el apoyo de la sociedad''.

En este caso, dijo, se aprovecha que el Monte de Piedad tiene recursos suficientes para hacer donativos importantes y con ello tratar de mover su poder económico en el tema de la asistencia social, precisó.

Ainslie comenzó su labor en la JAP hace un mes y desde entonces recibió el reconocimiento de la Arquidiócesis de México, institución católica que originalmente había expresado dudas sobre la ley. Sin embargo, en una carta firmada por el cardenal Norberto Rivera Carrera se establece el lazo de comunicación. ''Se trata de un escrito en el que se solicita trabajar por el bien de todos, y ese es el proceder que debemos de tener'', afirmó el funcionario con 45 años de experiencia en el sector.

Sin embargo, como opositor a la ley y a las autoridades quedó De la Torre, quien en estos momentos es la cabeza visible de los inconformes y ha aceptado que asesoró a las instituciones de asistencia privada para solicitar amparos. Este joven abogado tiene vínculos estrechos con Víctor García Lizama, ex titular de la JAP, y con la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP), de la cual es miembro del consejo y apenas hace unos meses dio al Monte de Piedad un donativo de 2 millones de pesos, para labores propiamente administrativas y no de caridad.

De la Torre dijo que el desempeño de Ainslie es ilegal, pues según él la ley que dio origen a su nombramiento es inconstitucional. El presidente de la JAP responde a esta aseveración que se nota el encono del presidente del Montepío, y precisa que el artículo 76 de la ley es claro el subrayar que se requiere de mayoría calificada de los miembros del consejo de la JAP para hacer su nombramiento, lo que se cumplió a pesar de la ausencia de cuatro consejeros que apoyaron a García Lizama en los ocho años que duró en el cargo.

Lo lamentable es la actitud de rebeldía del Monte de Piedad, porque los recursos que sostienen a esta institución provienen de los más pobres, quienes acuden a hacer empeños en una institución la cual es beneficiada ampliamente por la ley por la exención de diversos impuestos.

Hace unos días, durante el 130 aniversario de la American Benevolent Society, ceremonia a la que acudió el embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, Ainslie llamó al Nacional Monte de Piedad a respetar la ley en materia de donativos. Reiteró que no se pidió autorización a la JAP para la entrega de recursos, lo cual hubiera hecho de inmediato con una solicitud: ''incrementar al doble los 90 mil pesos que se entregaron a las instituciones de asistencia privada''.

Para eso hay recursos suficientes obtenidos del empeño de los pobres, sostuvo el presidente de la Junta. La actual ley entró en vigor a mediados de diciembre pasado, pero desde entonces continúa la desinformación, por lo que es prudente informar que el nuevo marco brinda beneficios para las instituciones de asistencia privada, dijo Ainslie. Por ejemplo, no tienen que presentar sus estados financieros cada mes, como se hacía antes, lo que requería de la contratación de contadores y trabajo administrativo continuo; ahora esta revisión se tiene que realizar cada tres meses, en tanto que otro de los beneficios es que la propia JAP tiene un contralor que garantiza la correcta aplicación de sus gastos de operación.

''La ley no interviene ni tiene ningún derecho en las actividades de las instituciones, excepto para certificar que se siga una función filantrópica con todo esmero'', sostiene Ainslie. Sin duda se puede mejorar cualquier ordenamiento y por ello en un breve lapso se pretende empezar a trabajar con las instituciones en la elaboración del reglamento, que si bien es una facultad de la jefatura de gobierno, se pretende hacer un proceso participativo.