Cristina Barros
Por una universidad nacional

Un gobierno que realmente tuviera visión tendría que considerar como prioritario el desarrollo de una educación nacional, aun si su interés fuera exclusivamente económico. Así podría ver que un graduado de la UNAM, muy posiblemente, tendrá un nivel de ingreso superior al de otros individuos que sólo han cursado años de primaria o secundaria, y por esta razón su contribución en materia de impuestos será mayor. Cualquier país del mundo considera una riqueza, aun medida en pesos y centavos, contar con un amplio número de personas que tengan el nivel de escolaridad más alto posible. Es este incluso uno de los parámetros para medir el desarrollo.

En las universidades, de manera muy especial en la UNAM, se hace un alto porcentaje de la investigación del país. Esta investigación tiene, para los amigos del pragmatismo, un valor económico que en los tiempos que corren poco se valora. Si se hiciera una evalua- ción de lo que la UNAM ha aportado en este campo nos llevaríamos una gran sorpresa. Una parte de esta investigación, además de valer por sí misma, se aplica en la solución de importantes problemas nacionales.

Estos elementos tendrían que ser planteados por los universitarios cuyo interés primero y último sea la universidad, en el momento de discutir un presupuesto. El Estado da a la universidad un subsidio, es cierto, pero la Universidad a su vez da al país un producto que puede medirse en pesos.

Al negarse a otorgar un subsidio mayor, no sólo a la UNAM, sino al sistema educativo, a la investigación y a la cultura, el gobierno actual está provocando que el país dependa cada vez más de la compra de estos bienes al exterior, lo que, para hablar en sus términos, es de signo negativo, pues será más costoso (se compra en dólares), y no siempre atiende a las necesidades precisas que México pueda tener. Esto sin pensar en la debilidad en que se coloca al país en términos de soberanía, autodeterminación e identidad.

Falta pues, una defensa firme y documentada por parte de las autoridades universitarias, de cara a la nación, del presupuesto que la UNAM requiere. Evitaríamos así tener una discusión como la actual acerca de las colegiaturas, que en estos momentos es casi una provocación, y que desde mi punto de vista, no atiende los problemas más profundos de la universidad de nuestros días. Finalmente la propuesta del rector en materia de alzas a las cuotas equivale a menos de 5 por ciento del presupuesto total de la UNAM, 400 millones de pesos, cuando esté totalmente implantada.

Al referirse Javier Barros Sierra, en sus conversaciones con Gastón García Cantú, al proyecto de subsidio a través de becas que proponía Antonio Ortiz Mena (secretario de Hacienda cuando él era rector), comentaba que ``el que se estableciera un instituto u organismo que otorgara becas a los estudiantes equivaldría... a tener un instrumento para el control ideológico y político de los mismos...''

Afirmaba el rector: ``desde luego que todos estos proyectos: sobreelevación de colegiaturas, becas o créditos para la educación, propenden o son sintomáticas de una actitud que no se expresa, que no se confiesa, que, en el fondo, no es otra que la del abandono progresivo del Estado federal respecto de la educación superior''.. Y concluía: ``debo insistir en que todos los proyectos o esquemas que tienen como resultado --buscando al parecer un incremento de los recursos-- alejar a los jóvenes de la educación superior, debe ser denunciado y combatido por la gente progresista de México''.

A quienes desde el gobierno consideraban ``que se destinan a las instituciones de educación superior recursos excesivos en comparación con las nece- sidades nacionales'', les respondía Barros Sierra que ``si el Estado supiera recurrir a la universidad en trabajos de investigación y de otra índole, podría recuperar varias veces el monto del subsidio que invierte en instituciones de educación superior...''

Es necesario repensar la educación nacional, y a la UNAM, que es la universidad de la nación, pues aunque no tenga sucursales en otras entidades federativas (así miden algunos su carácter de nacional) sí tiene programas de estudio y grupos de investigación en estados como Baja California, Veracruz o Morelos. Además, cientos de universitarios que se han formado en la UNAM ejercen su profesión en los estados o forman estudiantes ahí. Y la investigación que en la UNAM se produce es útil para el país en conjunto.

No es en torno a las cuotas que debe darse la discusión. Vuelvo a Barros Sierra: ``la reforma educativa es inconcebible como una cosa aislada, es decir, fuera del contexto de una reforma social amplia, profunda y total, porque la educación no es, como se ha pensado por muchos, un simple servicio público que en ciertos niveles es gratuito y en otros debe cobrarse. Es muy primitiva la concepción de estos financistas y de algunos políticos a quienes ha logrado convencer la supuesta brillantez de sus exposiciones. No, la educación debe entenderse en nuestros días, y ¡ay de aquel país que no lo entienda así! como un factor fundamental para el desarrollo económico y social''.

A partir de esta premisa, podría abrirse el debate respecto del proyecto de nación que queremos, y del papel que en él tendría la universidad. Sólo entonces se podrían discutir las cuotas y otros asuntos. Sería ese el momento en el que los funcionarios universitarios tendrían que establecer las prioridades del presupuesto, reflexionar acerca del crecimiento desmedido que en los últimos 25 años, ha tenido el sector administrativo en la UNAM; preguntarse si no han sido contagiados por las tentaciones de dispendio que inició hace algunos años el propio gobierno federal. Y el Estado tendría que preguntarse si realmente ha hecho suya a la universidad, entendiendo su importancia estratégica para el desarrollo del país, y aprovechando, sin menoscabo de su autonomía, todos los recursos que ofrece en materia de investigación y cultura, para aplicarlos a la solución de los problemas nacionales.