LIMPIEZA ELECTORAL NECESARIA
Ayer, en Acapulco, en un acto multitudinario en el que estuvieron presentes los gobernadores Ricardo Monreal, Leonel Cota Montaño y Alfonso Sánchez Anaya, además de Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Porfirio Muñoz Ledo, coordinador de los diputados del PRD, y Andrés Manuel López Obrador, presidente del CEN de ese instituto político, se anunció la realización de una marcha que saldrá el domingo próximo de Chilpancingo a la capital de la República, con la demanda de que se limpien los comicios estatales del pasado 7 de febrero.
Diferentes organizaciones han señalado las numerosas irregularidades en esa elección, cuyo triunfo le fue adjudicado al candidato priísta por un Consejo Estatal Electoral que también ha sido objeto de reiteradas impugnaciones.
El conflicto poselectoral de Guerrero tiene, por desgracia, una dimensión nacional: entre los saldos negativos de la evolución del país a 10 meses del año 2000, el más exasperante es, sin duda, la persistencia de procesos comiciales que dan lugar a la sospecha y la inconformidad, como es el caso de la jornada del 7 de febrero.
Una pieza fundamental de esa inercia antidemocrática es la denunciada utilización de recursos públicos para comprar el voto de los ciudadanos más desfavorecidos en lo económico. Es ilustrativo que, recientemente, el consejero electoral Jaime Cárdenas haya señalado la necesidad de perfeccionar las leyes que rigen los comicios para otorgar a las autoridades electorales la capacidad de perseguir tales prácticas.
Aunque la postura del funcionario es correcta, resulta ofensivo y descorazonador que la sobrevivencia de mecanismos para manipular la voluntad ciudadana siga obligando a la sociedad a consagrar grandes esfuerzos cívicos para superar esas deformaciones, y la distraiga de las tareas orientadas al desarrollo y la mejoría económica.
En lo inmediato, resulta peligroso, además de desestabilizador, particularmente en una entidad como Guerrero, que el gobierno no sólo haya abandonado toda intención perceptible de justicia social y redistribución de la riqueza, sino que además desatienda las exigencias de justicia electoral.