Algunos comentaristas políticos señalaron antes de las elecciones en Quintana Roo la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional perdiera la gubernatura y varios municipios (destacadamente Benito Juárez donde se asienta Cancún, el más importante polo turístico del país), por el desprestigio que rodea al actual mandatario y a algunos de sus colaboradores señalados de tener vínculos con los capos de la droga y estar involucrados en negocios fincados en dineros del narco.

Esperaban que la ciudadanía del más joven estado de la República votara contra el PRI. No fue así. Aunque sin obtener los porcentajes de antaño, los candidatos del partido oficial ganaron las elecciones disputadas el 21 de febrero, con excepción de cuatro diputaciones.

Esos triunfos no significan que en Quintana Roo la ciudadanía esté de acuerdo con los abusos de poder de que hizo gala el ingeniero Villanueva, los negocios sucios, el tráfico de drogas y el lavado de dinero, por ejemplo. A los errores cometidos por la oposición al seleccionar sus candidatos y vigilar el proceso electoral, se agregó la capacidad del aparato oficial para respaldar las campañas del PRI, para hacer fraude en donde pudo. Por ejemplo, en las comunidades rurales. El ``voto maya'' es todavía decisivo y se suma al de miles de migrantes indígenas que en busca de trabajo viven en las periferias de Cancún o Playa del Carmen y reciben de los funcionarios locales y de los candidatos del gobierno promesas para regularizar los terrenos donde levantan sus míseras viviendas, y disponer de los servicios públicos indispensables. Para ofrecer como dádivas propias lo que es obligación constitucional: educación, salud básica y hasta trabajo.

Agréguese el apoyo de los empresarios (pocos le fueron al PAN) para lo cual hasta se creó una instancia que los agrupa. Una vez más, los hombres del dinero fueron fieles al sistema y a intereses añejos y caciquiles, como en Cozumel. Algo que no debe sorprender pues son beneficiarios de la política económica imperante en el estado, recibieron concesiones valiosas o comparten negocios con funcionarios. Súmese a lo anterior el peso y control de los grupos corporativos afiliados al PRI (transporte público, sindicatos de trabajadores de la construcción y los servicios vinculados con la hotelería), y que cumplieron muy bien su papel de acarrear votantes.

Aunque el nuevo gobernador declaró que no hará cacería de brujas ni permitirá la impunidad, el teniente coronel Joaquín Hendricks sabe que su elección como candidato es fruto de una decisión tomada en la ciudad de México y que por ello el cadáver político que significa el mandatario saliente no le estorbará. En cambio, tendrá por doquier los intereses económicos y de otra índole que éste deja muy bien cimentados en Quintana Roo y que pesan a la hora de reorientar la administración pública y las actividades económicas hacia un verdadero desarrollo. Algo urgente debido al distanciamiento social y económico imperante y el daño continuo a los recursos naturales.

La deuda que el nuevo gobernador tiene con los grupos poderosos que lo respaldaron, impedirá cambios sustanciales en el actual modelo de crecimiento de Quintana Roo.

El futuro entonces es de mayor desequilibrio regional, un abismo más profundo entre ricos y pobres y carta abierta para que los grandes capitales nacionales y extranjeros (de origen claro o dudoso) aprovechen la inversión pública en infraestructura y los recursos naturales de la entidad y agudicen los desajustes ambientales en esa zona del país. Su promesa de que pronto limpiará el estado de narcos parece más fruto de la euforia que suele acompañar a los recién electos, que a la realidad imperante.

En fin, quienes conocen la trayectoria administrativa y política del teniente coronel estiman que no tendrá la fuerza para restañar el tejido social y político de la entidad, hoy hecho trizas, y menos hacer realidad su plan de gobierno, de una pobreza conceptual alarmante. Auguran, así, un sexenio al servicio de intereses económicos y caciquiles cimentados en el apoyo oficial.