n Críticas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea
Ola de arrestos en Cuba, al abrirse el juicio contra cuatro disidentes
n Se impidió el ingreso de diplomáticos al proceso realizado a puertas cerradas
Afp, Ap, Reuters y Dpa, La Habana, 1o. de marzo n Una ola de arrestos de opositores marcó este lunes la apertura en Cuba del juicio a puertas cerradas contra cuatro líderes disidentes, en medio de críticas de Estados Unidos y la preocupación de Canadá y la Unión Europea.
Según una lista "parcial" de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), desde el viernes pasado y hasta la tarde de este lunes habían sido detenidos 45 disidentes y otros 46 puestos bajo arresto domiciliario.
Gerardo Sánchez, miembro de la CCDHRN, dijo que la mayoría de las detenciones y arrestos se hicieron sin emplear la fuerza, pero indicó que la medida "va en serio". Además, la policía --uniformada o de civil-- irrumpió en la sede de una agencia de prensa independiente, llevándose a cuatro de sus integrantes, mientras se desconoce el paradero de su director, el poeta Raúl Rivero.
La redada, la mayor desde la visita del papa Juan Pablo II en enero de 1998, estaría dirigida a evitar manifestaciones de apoyo a los disidentes, como las que ocurrieron en los últimos meses frente a tribunales que ventilaban otros procesos.
El ex piloto militar Vladimiro Roca, de 56 años, la economista Martha Beatriz Roque (53), el abogado René Gómez Manzano (55) y el académico Félix Bonne (59) fueron detenidos hace 19 meses tras publicar un texto crítico titulado La patria es de todos, en el que solicitaron, entre otras cosa, observadores internacionales para la elecciones en la isla e intentaron disuadir a empresarios extranjeros de invertir capitales en Cuba.
El fiscal , que les acusa de sedición, ha solicitado seis años de prisión para Roca, hijo de uno de los fundadores históricos del Partido Comunista Cubano, y cinco para los otros tres integrantes del llamado "Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna".
Poco antes de entrar al tribunal, Magalys de Armas, esposa de Roca, dijo a la prensa que pudo visitar a su marido este fin de semana y que se halla en buen estado de salud y "preparado para todo". "Mi esperanza es llevarme a Vladimiro a casa cuando salga de aquí. No veo que sea delito escribir una opinión de manera pacífica", agregó.
Algunos familiares de los detenidos dijeron que el gobierno ofreció poner a los cuatro en libertad si se van de Cuba, pero que ellos no quieren dejar su país.
El juicio al llamado "Grupo de los Cuatro" despertó interés entre diplomáticos extranjeros de Estados Unidos, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Suiza, Gran Bretaña y Canadá, que estuvieron presentes en el juzgado de Marianao, pero que al igual que la prensa extranjera no tuvieron acceso a la sala. En cambio, no asistió al lugar ningún diplomático latinoamericano.
"Estoy aquí en un acto de solidaridad", dijo el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, Michael Kozak, mientras que el embajador alemán Reinhold Huber opinó, en declaraciones a la Afp, que "excluir al público, y especialmente a los diplomáticos, siempre es un error", aunque reconoció que ése "es un derecho de todo Estado".
El embajador consideró que "al poder asistir (al juicio), nos hubiera sido más fácil comentar" el proceso que se sigue a los cuatro disidentes, cuya libertad han pedido Juan Pablo II, el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, y el canciller español, Abel Matutes.
Unicamente familiares de los acusados fueron admitidos en la sala de audiencias durante el juicio. Según fuentes extraoficiales, el tribunal dispone de diez días a partir del final de las presentaciones de pruebas y testigos para dictar una sentencia definitiva.
Interrogado por la prensa extranjera, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Alejandro González, dijo no tener "nada que comentar" sobre el juicio ni conocer los detalles del mismo, "el cual además no es un asunto de competencia de la cancillería".
El proceso tiene lugar dos semanas después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la Ley de Protección por la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que incluye tres nuevos delitos (lavado de dinero, tráfico de personas y venta o tráfico de menores), así como sanciones más severas para combatir una ola de delincuencia.
Pero la ley, publicada hoy oficialmente, también penaliza con penas de ocho a 20 años de cárcel aquellos delitos "encaminados a apoyar, facilitar o colaborar con los propósitos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo estadunidense, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares".
Repercusión internacional
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, James Foley, sostuvo que el proceso contra "Los Cuatro" subraya "la deplorable situación de los derechos humanos en Cuba" y el desprecio del gobierno de Fidel Castro "por las preocupaciones de la comunidad internacional".
También en Washington, Sarah de Cosse, investigadora de Human Rights Watch especializada en Cuba, consideró que el juicio "ha sido una notable demostración de la intención del gobierno cubano de silenciar a la disidencia", y destacó que las actividades de los cuatro acusados "han sido totalmente no violentas".
Mientras, en la ciudad de Miami, la anticastrista Fundación Nacional Cubano Americana sostuvo en un comunicado enviado al Congreso estadunidense que "al mundo civilizado se le recordó una vez más en los últimas días la desfachatez y la rigidez de Fidel Castro, que optó por celebrar el primer aniversario de la visita del Papa lanzando una brutal campaña de terror".
En Ottawa, Canadá y la Unión Europea manifestaron este lunes, en un comunicado conjunto, su preocupación por la arremetida contra los disidentes cubanos, aunque ambas partes señalaron no tener planes de hacerse eco de los reclamos de Estados Unidos para unirse al embargo de casi cuatro décadas contra la isla caribeña.
En Costa Rica, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica, el guatemalteco Factor Méndez, declaró que el régimen cubano "podría estar dañando la libertad de expresión", al tiempo que la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador sostuvo que "Cuba está en libertad de aplicar sus leyes, pero con justicia". El Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos de Guatemala señaló a su vez que "la gente puede o no simpatizar con un régimen, pero debe tener derecho a expresarse".
Y en Madrid, el canciller Matutes afirmó que el viaje de los reyes de España a Cuba sigue "de momento" en la agenda de los monarcas para esta primavera, a pesar de las "preocupantes" medidas tomadas en los últimos días por La Habana.