JUSTICIA SOCIAL, LETRA MUERTA
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Esteban Moctezuma Barragán, presentó ayer los lineamientos que regirán las acciones del Programa de Educación, Salud y Alimentación en 1999. Según el funcionario, el Progresa atenderá este año sólo a la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza extrema (unos 13 millones de mexicanos), mediante el otorgamiento de apoyos mensuales de alimentación equivalentes a 115 pesos al mes (poco menos de 4 pesos al día) y becas para educación no superiores a 580 pesos mensuales por familia.
Aunque diversas autoridades han afirmado que esa iniciativa permitirá brindar apoyos a las familias más necesitadas de manera directa, transparente, sin duplicidad de subsidios y atacando los problemas estructurales que mantienen a incontables familias mexicanas en la miseria, es claro que el planteamiento formulado por Moctezuma Barragán constituye toda una definición de política social que vuelve explícito lo que, hasta la fecha, se mantenía como una circunstancia evidente pero no reconocida en el discurso gubernamental: la renuncia del Estado mexicano a sus obligaciones como agente de la justicia social y la distribución del ingreso.
El reconocimiento tajante de que la mitad de los mexicanos más pobres no podrá ser atendida por el Estado a través del Progresa debería ser motivo de preocupación y reflexión, pues si bien es cierto que el erario público no dispone actualmente de las sumas necesarias para ampliar la cobertura e incrementar el monto de los apoyos a los compatriotas marginados, tal escasez no se origina exclusivamente en la insuficiencia de la recaudación o en la baja de los precios internacionales del petróleo sino, también, en la transferencia de recursos fiscales exorbitantes para beneficio del gran capital.
Los rescates bancario y carretero, por sólo dar dos ejemplos, consumieron miles de millones de pesos que, de haber sido utilizados para atacar frontalmente la pobreza y los problemas estructurales que frenan el mejoramiento económico y social del país ųcomo correspondería un gobierno comprometido con el desarrollo nacionalų, México se encontraría en un escenario de bienestar socioeconómico más favorable y no se abandonaría a su suerte a 13 millones de mexicanos, víctimas de un modelo económico y político desigual y excluyente.
El compromiso de los últimos tres gobiernos con el capital financiero (el caso Fobaproa es la muestra más reciente) ha permitido la canalización abusiva, y en ocasiones ilegal, de una parte muy significativa de la riqueza del país al provecho o apuntalamiento de intereses privados y, por ende, ha desarticulado gravemente una de las funciones centrales y consustanciales del Estado: la justicia social. A fin de cuentas, a un gobierno que sólo es capaz de atender las necesidades de la mitad de su población y, por tanto, permite el ahondamiento de las desigualdades mientras propicia la acumulación desmesurada de la riqueza en unas cuantas manos, sólo puede considerársele un gobierno parcial, un medio gobierno.