n Descartan que el Congreso de EU dé marcha atrás a la certificación

Arrecian críticas de la DEA contra México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 3 de marzo n La agencia antidrogas estadunidense (DEA) denunció nuevamente los ''altos niveles'' de corrupción en México y la amenaza ''sin precedente'' que representan los narcotraficantes mexicanos; sin embargo, funcionarios del gobierno de Bill Clinton insisten en defender la plena certificación a México y confían en que el Congreso no pueda revertirla.

Durante otra audiencia sobre este asunto, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Benjamin Gilman, criticó la decisión de Clinton de certificar que México coopera ''plenamente'' con la lucha antidrogas estadunidense. Incluso los críticos de México en el Capitolio reconocen que el Congreso no conseguirá votos suficientes para revertir esta decisión, pero el debate en torno a México y la droga sigue a todo volumen.

''Los narcos mexicanos son la amenaza de tráfico de drogas más grave que ha enfrentado Estados Unidos'', afirmó el subadministrador de la DEA, Donnie Marshall, durante la audiencia presidida por Gilman. Agregó que la capacidad de los narcotraficantes de corromper a funcionarios públicos quedó demostrada nuevamente por el reciente caso de corrupción del Grupo Armado de Fuerzas Especiales y de las unidades antidrogas de la Procuraduría General de la República.

''Yo creo que México tiene el problema más significativo de corrupción de cualquiera de los países con que trabajamos'', señaló Marshall. El subdirector de la DEA dijo que a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios del país vecino, la corrupción sigue siendo ''extrema''. El método más efectivo para luchar contra esa corrupción es la extradición de los capos de la droga a Estados Unidos. ''Eso seria un gran salto adelante'', opinó.

Los legisladores presionaron este miércoles al secretario asistente de Estado, Randy Beers, a que dijera cuándo se podría esperar que México empezara la extradición de esos capos, pero el funcionario sólo respondió que aunque el gobierno de Ernesto Zedillo se ha comprometido a buscar la extradición de narcotraficantes importantes, la justicia mexicana ha bloqueado esos esfuerzos. ''No les puedo asegurar que el año próximo tendremos extraditado a un narcotraficante mexicano mayor'', dijo Beers.

Fuentes legislativas republicanas y demócratas comentaron que los legisladores siguen muy preocupados acerca de lo que ocurre en México. ''El problema es que muy pocos congresistas, aun los que apoyan a México, defenderían públicamente a un país que ha sido llamado el más corrupto del mundo, y el gobierno de Clinton y México no nos están dando muchas municiones con qué defenderlos'', dijo un asesor legislativo.

El propio gobierno de Clinton parece estar dividido: funcionarios de la Casa Blanca elogian los esfuerzos de México, pero representantes de las agencias federales de seguridad critican la corrupción ''sin precedente'' y otros problemas que minan la lucha contra las drogas.

Beers reiteró que los funcionarios mexicanos actuales están ''más comprometidos que los del pasado'' en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y que el gobierno de Clinton nunca hubiera certificado a México si hubiera considerado que ''los niveles más altos'' estaban corrompidos, como fue el caso de Colombia hace unos años.

Sin embargo, Beers reconoció que México no ha hecho todo lo que Estados Unidos ha pedido, y cuando varios legisladores le preguntaron sobre la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral marítimo que permitiera el ingreso de naves estadunidenses a aguas mexicanas para perseguir en caliente a narcotraficantes, Beers dijo que era poco probable. Estados Unidos, indicó, intenta negociar un acuerdo marítimo con todo el Caribe, México incluido, para lograr ese mismo objetivo.

Por ahora, tanto el Congreso como el Ejecutivo están divididos sobre cómo manejar la relación con México en torno a la lucha antinarcóticos.

Esta división volvió a ser evidente, con la DEA reiterando sus criticas, mientras otra parte del Ejecutivo, el Departamento de Estado, defendía la cooperación y los avances. Del lado legislativo, varios siguen apoyando la certificación, pero un grupo de legisladores de estados fronterizos y de comunidades latinas envió una propuesta al liderazgo de la Cámara baja para abolir el proceso.

Hasta ahora, mucho ruido y poco cambio. Nadie espera la descertificación de México por el Congreso, y nadie cree que el proceso será enmendado este año.