Jorge A. Chávez Presa*
La necesidad de reformar el sector eléctrico en México

Hoy, prácticamente toda la infraestructura para suministrar electricidad pertenece al Estado. Centrales de generación, transformadores, líneas y torres de transmisión, subestaciones y líneas de distribución, constituyen el acervo de activos que está en manos del Estado para transformar energía primaria en electricidad.

Toda esta valiosa infraestructura, desarrollada durante los últimos 39 años para dar cobertura al territorio nacional y con ello alcanzar actualmente al 95 por ciento de la población, se logró con inversiones de millones de pesos. La decisión estratégica del Estado permitió acelerar el desarrollo económico nacional, creando un sistema eléctrico interconectado.

En los años sesenta, la necesidad de tener una coordinación centralizada a nivel nacional refrendó la necesidad de integrar verticalmente, en un monopolio, la generación, transmisión y distribución de electricidad.

Hoy, después de casi 40 años, los mexicanos nos encontramos nuevamente ante una oportunidad para decidir sobre la forma óptima de organizar la industria eléctrica en beneficio de la nación.

La necesidad de reformar a la industria eléctrica en México tiene dos causas tecnológicas y una económica. Primero, el avance tecnológico permite generar electricidad con plantas de menor escala, alimentadas por gas natural, que dan lugar al llamado ciclo combinado. Esto vuelve obsoletas a las unidades de generación a gran escala, cuya justificación provenía de producir electricidad al menor costo unitario, a expensas de una gran inversión. Segundo, los adelantos en informática han permitido la coordinación de millones de señales para dejar entrar y salir electrones de diversos generadores en un sistema eléctrico.

Estas dos causas tecnológicas originan la causa económica. Ahora la tecnología permite transitar de una organización industrial monopólica a la creación de un mercado de electricidad. Competencia, tecnología y una regulación eficaz son la combinación requerida para tener un mercado de electricidad que beneficie al desempeño económico del país y a los usuarios. Y para acceder a la competencia, la reforma propone abrir nuestra industria eléctrica a la inversión de todos los sectores.

La inversión sólo podrá atraerse en términos favorables para el país si se cumple lo siguiente: se transforma la industria actual verticalmente integrada, si se asegura un despacho bajo la responsabilidad del Estado que opere con base en reglas de eficiencia y equidad, y si el Estado conserva el control operativo sobre la red nacional de transmisión.

Toda esta propuesta de reforma a la industria eléctrica redituará varios beneficios. Primero, a través de la competencia en generación se inducen menores costos, y por lo tanto, una mayor eficiencia en todo el aparato productivo nacional, apuntalando así el crecimiento y la creación de empleos.

Segundo, mientras la responsabilidad total de suministrar electricidad recaiga en el Estado, se estará incurriendo en un altísimo costo social, porque el Estado avanza con un lastre en su responsabilidad prioritaria, de proporcionar a todos los mexicanos educación, salud y alimentos, por sólo citar las necesidades más elementales.

Los requerimientos de inversión en electricidad para los próximos seis años suman más de 250 mil millones de pesos. Desde luego que el Estado puede aportar esa inmensa cantidad, pero el costo social es sustancialmente superior al beneficio. La participación de la inversión de todos los sectores evitaría que el Estado mexicano aumente su endeudamiento o reduzca el crecimiento de los programas y proyectos de desarrollo social, así como de otras actividades donde la presencia del Estado es imprescindible.

Tercero, la propuesta de reforma abre la posibilidad para que el Estado desamortice inversiones cuantiosas, transformándolas en activos de mayor rentabilidad social como la infraestructura de agua potable u otra en la cual no fluiría inversión privada. El círculo virtuoso del crecimiento y el desarrollo económico se constituye transformando activos productivos y cambiándolos por otros de mayor productividad para el país.

Ejerzamos nuestra soberanía, y que sea el Congreso de la Unión el que decida cómo reorganizar nuestra industria eléctrica para asegurar el suministro confiable de energía eléctrica al menor costo posible, con base en las evidencias y los argumentos que promuevan el auténtico interés nacional. Su opción será fundamental para que la rectoría fortalecida del Estado sujete la industria a la disciplina de la competencia, promueva la entrada de nuevas inversiones como capital y con ello impulse el crecimiento sostenido de México.

* Subsecretario de Política de Desarrollo de Energéticos de la Secretaría de Energía