ELECTRICIDAD: APERTURA INCONVENIENTE
Diversos especialistas y conocedores del sector eléctrico han señalado, en días recientes, numerosas fallas, imprecisiones e imprevisiones en la iniciativa presidencial que busca restructurar la industria eléctrica a la inversión privada y realizar las reformas constitucionales y legales que hagan posible tal operación. Una muestra de estas reacciones adversas se presentó ayer, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde varios estudiosos y expertos hicieron un exhaustivo repaso de las inconsistencias técnicas y jurídicas de la propuesta del gobierno federal.
En ese repaso de observaciones críticas, ciertamente fundadas y procedentes, se omitió, sin embargo, mencionar lo que se está revelando como una de las fallas centrales del documento del Ejecutivo para desincorporar segmentos enteros de la industria eléctrica: la falta de visión política con que fue concebido, redactado y presentado, una carencia que ahora se constituye como un importante factor de inviabilidad de la iniciativa en sí, y de conflicto en el seno de la institucionalidad política y sindical tradicional del sistema mexicano.
El primer escenario de este conflicto es, por supuesto, el propio PRI, en cuyos estatutos se establece la defensa del carácter nacional y público del sector eléctrico. Entre esa realidad estatutaria y un Ejecutivo surgido de sus filas y que, sin embargo, promueve lo contrario, el partido del gobierno afronta un desgarramiento inevitable. Senadores integrantes del grupo Galileo y la Corriente Crítica de ese partido, sin ser los únicos, han externado deslindes inequívocos con respecto a la iniciativa presidencial y han advertido que se movilizarán contra ella.
Otro ámbito que, a raíz de la propuesta de apertura de la industria eléctrica, ha sido presa de la discordia, es el Congreso del Trabajo, en el cual se expresan, por una parte, la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas, presto a defender el estatuto del sector eléctrico y, por la otra, la típica ambigüedad dinosáurica del presidente de esa entidad laboral, Leonardo Rodríguez Alcaine, formado en la tradición de la obediencia ciega a la figura presidencial.
Al margen de los sectores académicos, sindicales y políticos, la iniciativa de reformas legales no las tiene todas consigo ni siquiera en el entorno de quienes serían sus beneficiarios directos, es decir, en el sector privado. Ayer, y no por primera vez, las cúpulas empresariales condicionaron su respaldo a la propuesta a una retirada total del Estado del sector eléctrico y a la desincorporación de las pocas entidades y servicios que permanecen todavía ųdespués de 17 años de privatizacionesų como propiedad o potestad de la nación.
En tales circunstancias, y aunque las autoridades esgriman encuestas y sondeos de opinión que presentan el panorama de una población mayoritariamente favorable a la privatización eléctrica, parece claro que, fuera del círculo inmediato al gabinete económico, la iniciativa comentada cuenta con apoyos más bien escasos y que empieza a convertirse en un factor adicional de desgaste político para el gobierno.