n La justicia federal absuelve a 12 ex funcionarios priístas
En el caso IBM ''no hay delito que perseguir''
n El fallo es inaceptable y contra derecho, dice Samuel del Villar
José Galán n La decisión adoptada por el juez primero de distrito en materia penal del fuero federal, Miguel Angel Aguilar, de que ''no hay delito que perseguir'' en el caso de fraude contra la trasnacional IBM, y la consecuente absolución de 12 ex funcionarios priístas de la procuraduría capitalina, ''es inaceptable y a todas luces contra derecho'', ya que el ilícito, cometido bajo el Código Penal local vigente, ''ha sido fundamentado e incluso la propia empresa reconoció su responsabilidad'', afirmó ayer la dependencia que encabeza Samuel del Villar.
El procurador del Distrito Federal agregó que apelará de la decisión del juez federal, ya que ''existen las pruebas suficientes para fincar responsabilidades a los ex funcionarios que trabajaban bajo las órdenes del entonces procurador José Antonio González Fernández ųactual secretario del Trabajoų, y que procedieron a autorizar la adquisición de un equipo de cómputo y programas por 27 millones de dólares, que a la postre resultaron inservibles''.
Luego de la decisión ųel pasado 24 de diciembreų de los magistrados Javier Ayala Casillas y José Guadalupe Carrera Domínguez de declararse ''incompetentes'' para continuar con el caso de tres ex funcionarios de IBM, y turnarlo a la justicia federal, ésta decidió que ''no hay delito que perseguir''.
El juez determinó el lunes pasado que no hay ilícito alguno en la contratación, adquisición e instalación del sistema de cómputo APCOP, comprado en 1996 por la dependencia, sin ningún tipo de licitación previa o concurso legal, y destinado al área de
Averiguaciones Previas y Control de Procesos. Esto deja libres de todo cargo a los ex funcionarios sometidos en primera instancia a proceso penal por la Procuraduría General de Justicia del DF.
El caso IBM se ha convertido en un ejemplo de las diferencias sobre la situación y ámbito de influencia jurídicos del Distrito Federal, como instancia independiente del Ejecutivo federal, luego de las elecciones de 1997, cuando se eligió democráticamente al gobierno que encabeza Cárdenas.
Fue en junio de 1998, cuando la PGJDF, ya bajo el mando de Samuel del Villar, presentó una denuncia formal contra la empresa IBM de México y los ex funcionarios involucrados, por las deficiencias que presentaron los equipos y programas de cómputo supuestamente adquiridos para facilitar las tareas de ministerios públicos y de la Policía Judicial, y por los cuales se pagaron casi 28 millones de dólares.
Esta compra se realizó en contra de las leyes correspondientes sobre licitación y adquisición de las dependencias del gobierno capitalino, ya que se realizaron mediante adjudicación directa, por lo que la dependencia responsabilizó a 14 ex funcionarios y a tres ejecutivos de IBM, a quienes se les fincaron responsabilidades penales por coalición para defraudar, uso indebido de atribuciones y facultades, y lo que resultara.
Esta decisión de la PGJDF llevó a los involucrados a ampararse ante la justicia federal, mientras que la defensa alegaba ante la juez 40 penal del fuero común, Sara Patricia Orea Ochoa, que al haberse cometido el presunto delito el Distrito Federal dependía de la Presidencia de la República,por lo que se trataba de un asunto federal.
El 24 de diciembre pasado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia decidieron declararse incompetentes en el caso, lo que permitió la absolución de los tres ejecutivos de IBM: Roberto Hiriat Torruco, director de Operaciones de Industria; Edgardo Alberto Cantú, gerente de ventas, y Joaquín Saldaña Otero, vendedor, quienes hace siete meses fueron encontrados culpables por la justicia penal del fuero común de uso indebido de atribuciones y facultades.
Además, fueron absueltos el ex oficial mayor Javier Ponce y el ex director jurídico de la dependecia, Arturo Aquino.
La decisión del juez deja sin castigo el fraude por 28 millones de dólares, reconocido incluso por la propia IBM, que llegó a un acuerdo con la dependencia para resarcir el daño. Lo anterior, porque, se dijo, "no hay delito que perseguir".