Luis Linares Zapata
Discusión, propaganda y legitimidades

De la original decisión de enviar la iniciativa para reformar el artículo 27 y su diagnóstico inicial muchos argumentos y sugerencias han tomado la plaza pública. El proceso ha sido, sin la menor duda, enriquecedor. De los montos de inversión mencionados por el Presidente y los ritmos de crecimiento de la demanda se ha pasado a una inmensa andanada de datos, razonamientos y revelaciones que han hecho factible una conciencia individual y colectiva mucho más informada.

Ahora sabemos que hay experiencias similares en otros lugares del mundo y que algunas apuntan a fracasos y otras a éxitos relativos. También sabemos que países con industrias eléctricas eficientes han decidido continuar con sus esquemas públicos porque les han sido redituables. El caso de Francia, con una integración magnífica de centrales nucleares, produce energía suficiente para su enorme consumo y tiene sobrantes para la exportación a precios competitivos y con métodos bastante limpios. Noruega lo hace parecido y así seguirá.

También sabemos que Inglaterra procedió a privatizar todo y que le ha dado resultados benéficos. Sabemos además que la baja en sus costos de producción no se debió a que esa industria empezó a ser operada por empresas privadas sino, fundamentalmente, porque los combustibles bajaron de manera drástica y porque se emplea una tecnología eficiente (ciclo combinado), que ha estado disponible desde hace largo tiempo y fue creada por empresas de ambos géneros, públicas y privadas. En fin, se han revisado los planteamientos numéricos y conceptuales para que, cada quien pueda ir formándose una idea que sea capaz de sustentar, con propiedad, una opinión razonada.

Con todo ello se pretende auxiliar a los ciudadanos a que participen de mejor manera en la decisión de las políticas públicas a que se ha llamado desde el poder establecido. Y en eso se está hasta el presente día.

La sociedad crítica ha respondido con sus detalladas y serenas aportaciones, que han acrecentado el conocimiento previo. La academia ha entrado a la disputa y los grupos de expertos han sacado a relucir sus preocupados estudios. El SME se ha esmerado por buscar espacios donde se pueda discutir con ánimo constructivo. El Ejecutivo federal ha redoblado sus esfuerzos y depurado sus propuestas, muy a pesar del simplista manejo que sigue haciendo el secretario Téllez y la torpe e inexperta presentación de Elías Ayub ante los senadores. Algunos medios han entrado a la lisa con inteligencia y buen talante, abriendo sus páginas y estudios radiales a la discusión y propalan datos y puntos de vista que están siendo atendidos con la delicadeza que la gravedad del asunto requiere.

Nada ha quedado a salvo de la crítica y de las reafirmaciones. Todo fue puesto en duda y se comienzan a reacomodar las fuerzas y los contendientes. Los partidos han lanzado convocatorias y se aprestan a publicar sus estudios y acuerdos básicos. En el Congreso, senadores y diputados ya hacen sus preparativos para las consultas y reflexionan sobre lo escuchado y oído de los interesados.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas ni tampoco la masa crítica descrita camina en la dirección que sería deseable. Hay núcleos de la sociedad que han adoptado posturas de una oposición intransigente ante la iniciativa de cambio y no quieren abrirse a distintas alternativas. Sobre todo ante una de las claras evidencias de estos tiempos: el imperativo de cambio, la transformación continua. Las formas centralizadas, burocratizadas al extremo de perderse las responsabilidades de los funcionarios, tienen que ser forzadas para que respondan a los detalles, las necesidades individuales y las preocupaciones de grupos, regiones o empresas particulares. Las concentraciones gigantescas y discrecionales, las prácticas inconsultas, amafiadas, clientelares, que han sido lugares comunes del quehacer sindical, deben finiquitarse.

El consumidor no puede quedar aislado o separado de decisiones que lo afectan. Su participación efectiva es indispensable y para ello hay que buscar mecanismos adecuados. A la formación monopólica adoptada en la industria se le tiene que encontrar carriles y códigos para que dé cuentas de sus acciones y no quede inmune a los errores y las prácticas viciadas. Los subsidios, muchos de ellos verdaderos privilegios para los grandes consumidores, deben eliminarse y, en caso de necesidad, transparentar sus montos, canales, objetivos y destinatarios.

El gobierno, por último, no puede pretender hacerse entender de manera compulsiva. La tentación de usar la propaganda ramplona que ha empleado en otras ocasiones, y que ya se muestra por ahí, no conducirá a formar consensos alrededor de su accionar y posturas. La legitimidad que se busca sólo provendrá de adecuarse con el sentir y las percepciones fundadas de los ciudadanos. La formación de una sociedad activa, con datos y planteamientos informados, la difusión de intenciones reales y con canales disponibles para su participación, es la salida. El costo asociado con las medidas a tomar para el rediseño de la industria eléctrica nacional es monumental. Trastocarlo o desviarlo por intereses particulares, grupales, ideológicos o por simple tontería autoritaria lo elevará a montos inmanejables.