Alejandro Gómez Arias decía sobre el significado de la autonomía de la UNAM: ``es el gobierno de la universidad por estudiantes y profesores ejercido en un equilibrio de autoridad y poder. En este sentido la Ley Orgánica de 29 era superior a las posteriores. Estas significan, en la historia de la UNAM, un retroceso, porque sustituyeron con un Consejo ilusorio y una Junta de Gobierno momi- ficada y oficializada el verdadero gobierno libre formado por maestros y alumnos.'' (Citado en B. Dromundo, Crónica de la autonomía universitaria de México, 1978, p. 91.)

En realidad la autonomía no sólo era autogobierno, sino también y no menos importante, libertad de cátedra y de pensamiento. Y este segundo principio era ya defendido por Justo Sierra desde su célebre discurso en la inauguración de la Universidad Nacional del 22 de septiembre de 1910.

La autonomía de la UNAM, sin embargo, no fue una graciosa concesión de las autoridades gubernamentales. Fue una lucha, de estudiantes y profesores en México, una conquista resultado de la petición estudiantil del 23 de mayo de 1929, petición precedida de movimientos y huelgas, por parte de los estudiantes, y de represión por parte del gobierno. Esta lucha fue contra la intromisión del gobierno en la vida universitaria y en la orientación de sus planes de estudio, intromisión que inhibía el pensamiento libre y, por lo mismo, la libertad de cátedra en una lógica de pluralidad y universalidad de corrientes de pensamiento. Era, para decirlo en términos de ahora, la lucha contra el pensamiento único y oficial de quienes detentaban el poder. Por eso, precisamente, la lucha por la autonomía comprendía principalmente un binomio indisoluble: autogobierno de los uni- versitarios y libertad de cátedra (y de investigación). Pero la autonomía de la Universidad Nacional le significó un costo: la renuncia del Estado a financiarla, como ya expliqué en mi artículo de la semana pasada.

La solución que encontraron los defensores del autogobierno y de la libertad de cátedra en los primeros años cuarenta, encabezados por Alfonso Caso, fue buscar una fórmula jurídica que combinara autonomía con responsabilidad estatal para que la Universidad Nacional pudiera no sólo subsistir económicamente sino desarrollarse. Esta fórmula fue precisamente la combinación de la autonomía de la UNAM y ésta como una institución pública, como un organismo descentralizado del Estado, es decir, un órgano estatal pero autónomo del gobierno como bien ha señalado Horacio Labastida en ``Gobierno, universidad y cuotas'' el 19 pasado en estas páginas.

Diversos gobiernos de la República han querido lesionar la autonomía de la UNAM, después de su reconquista en 1945. Los métodos usados han sido variados, pero nunca tan evidentes como en los últimos tiempos. Así, por ejemplo, nunca hasta hace pocos años, se había intentado atacar la libertad de cátedra, pero sí influir en los rectores o, antes, en la Junta de Gobierno para propiciar que el rector electo no fuera disfuncional al gobierno. La muy digna renuncia de Pablo González Casanova a la rectoría tiene mucho que ver con esas presiones desde el gobierno. En los tiempos del neoliberalismo no sólo se ha querido tener rectores funcionales a las políticas del gobierno federal, sino que se ha intentado (y se sigue intentando) acabar con la libertad de cátedra y de investigación so pretexto, como dijera algún subsecretario de Educación, de que esta libertad milita en contra de la excelencia académica (excelencia que ahora se quiere ``confirmar'' mediante los exámenes de calidad impuestos por el gobierno de Zedillo).

En otros términos, los gobiernos neoliberales, fieles seguidores de las políticas educativas del Banco Mundial (véase Julio Boltvinik, ``Sin autonomía'', La Jornada, 26/02/99), quieren desentenderse del financiamiento pleno de las universidades públicas (financiamiento que ha disminuido 27 por ciento de 1994 a la fecha), quieren que se impongan las cuotas para estudiar en ellas y quieren acabar con la libertad de cátedra y de investigación a través de exámenes de calidad gubernamentales y de la ``institucionalización'' de la investigación.

Defender la autonomía y a la vez el desarrollo de la UNAM significa defender la libertad de cátedra e investigación, el carácter estatal de la universidad pública y su independencia del gobierno que no debe interferir, ni directa ni indirectamente, en su vida interna. Fórmula difícil, cierto, pero no imposible.