La resistencia y la sabiduría de la sociedad mexicana y, en particular, de los habitantes del DF, en los cuatro meses que se avecinan deberán ser infinitas. Seremos convocados a expresar nuestras preferencias y nuestras calificaciones morales en los siguientes ámbitos:

--21 de marzo: consulta promovida por los zapatistas en torno al ``Reconocimiento de los Derechos Indígenas y el Fin de la Guerra de Exterminio''.

--marzo: Consulta Nacional en torno a la privatización de la industria eléctrica, que acaba de ser convocada por la dirigencia perredista.

--25 de abril: Consulta a los ciudadanos de la capital sobre la reforma política del DF (¿estado 32?, ¿municipios?, ¿cámara legislativa con facultades plenas?...).

--4 de julio: elección de Comités Vecinales de colonias, barrios y unidades habitacionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del DF.

Listado al que deberemos agregar:

--la consulta en torno al aumento de las cuotas de la UNAM, en marzo;

--las elecciones de la dirigencia nacional y del DF del PRD, en la que podremos participar militantes y simpatizantes (14 de marzo)

--el llamado de las delegaciones políticas defeñas y de los mandos policiales a la creación de comités de seguridad y vigilancia, a partir de este mes;

--y hasta una consulta a la opinión pública del 12 al 14 de marzo, en torno al futuro de la Unidad Artística y Cultural del Bosque.

Surge inmediatamente una pregunta: ¿no estaremos cargando, a eso que llamamos sociedad civil (ámbito endémicamente débil en la historia de México), con obligaciones y responsabilidades que corresponden al gobierno, a los legisladores y a lo judicial?

Sin duda, pero ¿por qué nos ha entrado esta urgencia, esta especie de resistencia ciudadana que recuerda a los países invadidos por ejércitos extranje- ros? La ideología del nacionalismo revolucionario hasta los ochenta consistía en dar la apariencia de que en el interior del aparato estatal convivían intereses populares, nacionales y empresariales; pero conforme ha avanzado el neoliberalismo, nuestras autoridades han pasado, cada vez con mayor descaro, a ser cómplices de los grandes intereses transnacionales y han quedado presas en un tobogán deslegitimador que nos conduce al desgobierno. Cuando la opinión pública les exige soluciones en las que no están de acuerdo, utilizan la política del empantanamiento, como en Larráinzar o como ha sucedido con la reforma política del DF (un año desperdiciado en unas mesas de negociación que luego simplemente el PRI abandonó).

Cuando tienen urgencia, como en el caso del Fobaproa, de la privatización de la electricidad o de las cuotas de la educación superior, los acuerdos se toman comprando a los medios de comunicación y condicionando la entrega de los presupuestos gubernamentales a cambio de la sumisión.

Así, la ruptura de los espacios de negociación conduce al debilitamiento de la institucionalidad y no va quedando otro remedio que las consultas públicas y los referendos. Este gobierno firmó acuerdos en Larráinzar que no pudo cumplir, porque sus verdaderos patrones no están dispuestos a respetar ninguna autonomía y menos en territorios en donde yacimientos energéticos, rutas de transoceánicas, clubes de golf, campos madereros, etcétera, deberán ser explotados pasando por encima de los derechos de quienes ahí habitan. Más de tres millones de mexicanos votamos en una consulta contra el Fobaproa, sin que el gobierno nos tomara en cuenta para nada.

De ahora al 2000 se avecina una resistencia de la sociedad civil contra este gobierno que parece de ocupación; pero no perdamos de vista también que las sociedades se fatigan cuando su protesta no se ve mínimamente coronada; si las instituciones de la política no pueden detener las imposiciones de la locura globalizadora y menos las consultas a la sociedad civil; si además el desgobierno llega al extremo de la anarquía generalizada, la delincuencia sin freno y la impotencia de los aparatos de impartición de justicia, todos los elementos estarán dados para que la gente opte por la reinstauración de una disci- plina vertical y autoritaria, de derecha, popular o populista, en nombre de los desposeídos o del simple regreso del orden. Antes de que eso suceda, los mexicanos parecemos estar dispuestos a organizarnos en un amplio frente de re- sistencia civil. En Uruguay un referendo acabó con la carrera política del presidente privatizador Lacalle, castigó a su partido y reafirmó la democracia. Aquí deberíamos ser capaces de lo mismo.