Privatización eléctrica, Ƒpaso adelante?

Enrique Caldera M.

La convocatoria del presidente Zedillo para debatir razonablemente la propuesta de restructuración eléctrica, se torna muy difícil cuando dicha propuesta carece de una verdadera justificación técnica, económica y política. Al carecer de ella, nos propone un modelo ya obsoleto.

Una discusión seria sobre la restructuración del sector eléctrico debería empezar por esclarecer el reto financiero y tecnológico que su desarrollo significará durante los próximos 30 años.

El cambio tecnológico en la industria eléctrica mundial determina una restructuración técnico-organizativa, en el contexto de la liberalización de la generación, que va desde el usuario residencial que en la techumbre de su vivienda instala convertidores fotovoltaicos para autoabastecerse, pasando por la masiva aplicación en la industria y los servicios de la cogeneración, en la que se maximiza el aprovechamiento de combustibles al generar electricidad y producir calor útil simultáneamente para autoabastecimiento, o producir en pequeña escala electricidad para venderla a las empresas prestadoras del servicio para su distribución a los usuarios finales, como es el caso de las cooperativas rurales danesas que aportan 800 mw con pequeños conjuntos de aerogeneradores, agregando a sus tradicionales cosechas el kwh del viento.

La incapacidad de los esquemas tradicionales para financiar el enorme desarrollo previsto para la industria eléctrica propició que desde el inicio de esta década la banca internacional de desarrollo empezara a lanzar voces de alarma. A principios de 1992 en Cocoyoc, Morelos, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Banco Mundial realizaron una reunión regional para plantear la necesidad de la privatización como un mecanismo para acceder a diferentes fuentes de financiamiento. La respuesta de los representantes de los ministerios de energía de los países de la región fue de rechazo a la desmembración y privatización de los monopolios eléctricos convencionales, y la búsqueda de alternativas de apertura a la inversión privada.

En ese espíritu, el 23 de diciembre de 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, estableciendo la figura de permisionario para la generación de electricidad con fines de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente y para exportación/importación. Esa modificación a la ley sentó las bases legales para una amplia participación complementaria a la CFE mediante inversiones privadas en nueva capacidad de generación eléctrica.

La falta de visión por cuanto a las implicaciones estratégicas, institucionales, reglamentarias, reguladoras y de supervisión, operacionales, económicas y tarifarias, hizo imposible llevar hasta sus últimas consecuencias esa acertada modificación al esquema legal sin violentar el marco constitucional. Ese fracaso, derivado de la incapacidad o la oposición velada a realizar los cambios necesarios, nos llevan ahora a una propuesta mucho más difícil de aplicar en sus implicaciones reglamentarias, regulatorias, de supervisión, de fiscalización y control, tarifarias, sindicales, etcétera. Es como si un niño al que se le ha regalado una bicicleta, después de varias caídas e intentos frustrados por conducirla, nos pide que mejor le regalemos un carro.

Si las autoridades energéticas no pudieron hacer funcionar el esquema anterior. ƑQué nos puede hacer pensar que van a poder con el ahora propuesto, que es mucho más complejo?

Todo lo anterior en cuanto a la necesidad de inversiones, pero no nos dicen nada acerca de ellas y los recursos energéticos primarios a partir de los cuales se generará la electricidad. La propuesta no hace la menor mención de ese hecho crucial, enmarcado en los problemas actuales de cambio climático por emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales el sector energético es el principal responsable. Tampoco habla de los compromisos internacionales de México al respecto.

No menciona tres elementos clave del desarrollo de un sector eléctrico verdaderamente moderno: energías renovables, generación distribuida y administración de demanda. No dice que el gas natural y las turbinas de gas, tan de moda en la industria eléctrica, constituyen el energético y la tecnología de transición a un esquema radicalmente nuevo que no tiene nada que ver con el desmembración y privatización de la industria de la propuesta presidencial.

Ese esquema no sólo atenta contra la soberanía, sino que pone en grave riesgo la seguridad nacional. La electricidad no es una mercancía de la que se busque minimizar costos y maximizar utilidades, como sería la lógica de una empresa privada. Es un bien, proporcionado por un servicio público, con el que se accede a la satisfacción de diversas necesidades críticas en una sociedad moderna: iluminación, fuerza motriz, telecomunicaciones, cómputo y control, ventilación y aire acondicionado, refrigeración doméstica e industrial, etcétera. Prueba de ello fue el reciente gran apagón de Buenos Aires, la madrugada del 15 de febrero de 1999, que en algunos sitios duró 11 días; se demostró que fue por imprevisión, ahorros mal entendidos, errores de diseño y construcción y negligencia de una entidad privada que nunca se comprometerá realmente con los objetivos nacionales de un servicio público como la electricidad.