Innecesaria, la privatización
Claudia Sheinbaum Pardo
El financiamiento del sector eléctrico no es un tema nuevo en el país. Desde la nacionalización de la industria eléctrica y hasta fines de la década de los 80, el financiamiento de la expansión del servicio eléctrico se realizó con recursos del gobierno federal, créditos bilaterales, préstamos de la banca internacional de desarrollo y créditos de proveedores. Las restricciones presupuestales, el alto costo de la deuda y nuevas condiciones planteadas por organismos financieros internacionales obligaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a recurrir a nuevas formas de financiamiento.
Esa nueva situación no fue excepcional para México. Diversos países latinoamericanos optaron por nuevos esquemas de financiamiento para la infraestructura eléctrica. En Argentina y Chile, por ejemplo, la alternativa fue la privatización de los activos y la nueva generación, con resultados poco alentadores.
México, en
cambio, optó en 1992 por cambiar la Ley de Servicio
Público de Energía Eléctrica, abriendo la
inversión privada a la nueva generación, pero
manteniendo la estructura del monopolio dominante. Esos cambios a la
ley permitieron por primera vez el autoabastecimiento de empresas
privadas, la cogeneración, la pequeña producción,
la producción independiente, generación para
exportación y abastecimiento a particulares.
Sin embargo, esos cambios no dieron el resultado esperado, principalmente en lo que se refiere a producción independiente. En los hechos, el financiamiento principal con el que ha venido creciendo el sector eléctrico mexicano, que por cierto no requería ningún cambio en la citada ley, es el del mecanismo de contratación-arrendamiento-transferencia. Así se financiaron desarrollos recientes como las centrales de Petacalco, Tuxpan, Topolobambo, Temascal y Samalyuca.
Bajo ese mecanismo, los agentes privados financian y construyen las plantas de generación o las líneas de transmisión y distribución. Al recibir la planta, la CFE debe encargarse de su operación mientras paga al constructor un arrendamiento equivalente al capital invertido más una tasa de actualización.
Pero para que éste o cualquier otro tipo de financiamiento resulten viablen para las compañías eléctricas públicas, éstas deberían recuperar, mediante las tarifas, el monto equivalente a la operación del sistema y al financiamiento de la inversión. En la actualidad, algunas de las tarifas están subsidiadas y el peso lo cargan CFE y Luz y Fuerza del Centro. Es claro que si los subsidios estuviesen clara y responsablemente otorgados por el gobierno federal o los estatales, las compañías eléctricas públicas podrían operar manteniendo sus finanzas sanas.
No obstante, no basta con la claridad en el otorgamiento de los subsidios, es indispensable su revisión. Las tarifas más subsidiadas son las de riego agrícola y las del sector residencial. En el primer caso, el aumento en el precio de la electricidad podría implicar un golpe adicional al tan castigado sector agrícola; sin embargo, sería necesario un estudio que evaluara a qué tipo de agricultores se otorga el subsidio.
En el caso del sector residencial, es revelador un análisis reciente del Grupo de Energía y Ambiente del Instituto de Ingeniería de la UNAM sobre el porcentaje que representa el gasto en electricidad del total del gasto trimestral de las familias mexicanas. En dicho estudio se encontró que las familias de menos recursos económicos destinan en promedio 4 por ciento de su gasto total a pagar la electricidad, mientras que las de mayores recursos gastan sólo 1.7 por ciento. Esa situación refleja un sistema de subsidios a la tarifa eléctrica residencial que no responde a las características socioeconómicas de la población del país.
La política tarifaria para el sector residencial podría ser revisada considerando tres premisas básicas: garantía del servicio eléctrico a la población de escasos recursos, eliminación de los subsidios a los sectores de mayor consumo y promoción de tecnología de uso eficiente de la energía que permita mantener el nivel de servicio deseado, disminuyendo el consumo.
La CFE ha realizado en los últimos años una labor en ese sentido. La casi eliminación de los subsidios en las tarifas del sector industrial, la novedosa ampliación de las tarifas horarias a las medianas empresas, la eliminación del cargo fijo en el sector residencial o el horario de verano así lo muestran. Por si fuera poco, la CFE ya ha desarrollado programas de reconocido prestigio mundial en el terreno del uso eficiente de la energía eléctrica. Por otro lado, el ahorro de electricidad genera beneficios adicionales: al usuario le permite reducir el gasto por el servicio, y al país diferir a más largo plazo la construcción de nueva capacidad instalada.
En otro estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se calculó un potencial técnico de conservación de cerca de 40 twh, lo que equivale a 25 por ciento de la nueva oferta eléctrica para el 2003. Seguramente, la consideración de criterios de factibilidad económica haría que ese potencial fuera menor; empero, es indudable que el uso eficiente de la energía eléctrica es un instrumento para disminuir las presiones financieras del sector, que da margen tanto a una restructuración de tarifas residenciales y de riego agrícola, como a la aplicación de un programa de gestión financiera del sector.
Ese tipo de programas de ahorro de energía, denominados "de gestión de la demanda", son casi impensables en las compañías eléctricas privadas. Para éstas, el fin último es la ganancia mediante la venta de cada vez más kwh.
La solución al problema de financiamiento del sector existe. Así lo han demostrado las propias compañías eléctricas públicas. La privatización del sector eléctrico mexicano no sólo no es necesaria, sino que además es un experimento que no ha resuelto los problemas de suministro en las naciones que han optado por esa opción.
El país no puede darse el lujo de un nuevo rescate financiero del sector privado. No cometamos otro error.