Marzo 4 de 1999 

Después de la crisis de los jeringazos que el año pasado hizo mella en la salud mental de la población, ahora se nos da a conocer un gravísimo caso de negligencia profesional en el IMSS al trasplantar órganos presuntamente infectados con VIH.

Al Seguro Social hay que reconocerle el esfuerzo de allegar medicamentos a pacientes que viven con este virus. Las autoridades regionales y estatales del Seguro han estado abiertas a escuchar las peticiones de seropositivos y familiares. A nivel nacional dieron el ejemplo en el Sector Salud al poner a la disposición de miles de derechohabientes los inhibidores de la proteasa -el famoso coctel antiVIH- antes que otras instituciones.

He asistido a algunas reuniones mensuales donde el señor Enrique Serna, delegado estatal, atiende a los representantes de la sociedad civil en una inédita mesa de acuerdos sobre VIH/sida, a la cual asisten miembros de su equipo ejecutivo y funcionarios del más alto nivel. Sin embargo, allí también he comprobado cómo las más buenas intenciones de quienes mandan se pierden en la maleza de una burocracia abrumada por la sobrecarga de trabajo e insensible por la falta de programas de capacitación.

La serie de reportajes sobre el escándalo de los transplantes dan cuenta del florido repertorio de actos absurdos y de crueldad impune que suelen ejercer algunos profesionistas amparados en una noble institución. Por supuesto que ellos deben enmendar sus errores, ellos deben pagar ante la sociedad por esa prepotencia de semidioses y jueces de la moral ajena.

Amen de los irreparables daños a los receptores de los órganos infectados, quienes se podrán defender vía judicial, es muy enojoso saber que persisten las telarañas mentales que aparentemente ya habían sido conjuradas según el decir de las autoridades.

La porquería empezó a brotar por todos lados, el reporte afirma que "Personal del IMSS fue a casa de los familiares a informar que el padre fallecido tenía sida." La primera exigencia al Seguro fue que se erradicaran estas formas de manejar resultados diagnósticos. La razón es muy sencilla: imagine el lector(a) que alguien toca a su puerta para decirle a quien se encuentre que según exámenes que ellos mismos han manipulado usted es portador de este mal. Seguramente ellos creerán que hicieron la gran obra del día, sin calcular las devastadoras consecuencias en el sensible tejido de la vida familiar y social de la gente.

No hay manera para revertir el enorme golpe a la integridad de un individuo cuando se viola el sagrado deber del secreto profesional y del derecho a la confidencialidad. En sida, el erróneo proceder de las instituciones oficiales con los expedientes clínicos de los pacientes siempre tendrá consecuencias nefastas en la vida pública. La gente sigue sin querer hacerse la prueba del VIH voluntariamente por temor (al parecer fundado) a que los resultados sean utilizados en su contra.

Otro aspecto que resalta, por su inabarcable insensatez, es el que en este caso sale a la luz: la homofobia incurable de los que atienden las instituciones de salud. Según política del Instituto, "si el paciente es homosexual es una contraindicación intentar la donación porque a pesar de que el análisis resulte positivo puede ser portador de sida". No es posible tanta imbecilidad en tan pocas palabras.

¿Tendrá el IMSS algún sistema secreto para detectar a los y las homosexuales de entre los miles de derechohabientes que acuden a diario a sus consultorios y quirófanos?

Ahora nomás falta que la culpa de todo este drama que vive nuestra comunidad sea de los homosexuales, por su insolencia de donar órganos sin darse cuenta de lo que son.

Aunque no lo parezca, la responsabilidad debe ser dirigida ahora a la Secretaría de Salud, quien por ley debe regular y sancionar los trasplantes y velar porque los procedimientos se apeguen a la normatividad establecida. Hace mucho que hemos solicitado en los altos niveles gubernamentales una acción decidida y bien planeada para prevenir, atender y controlar la pandemia biológica del VIH y la epidemia de hechos tan lamentables y vergonzosos como éste. Es fecha que el gobierno de Fernando Canales no ha querido entrarle al asunto con la seriedad que requiere el sida en nuestro estado. Y mejor ni le preguntamos al secretario de salud, doctor Zacarías Villarreal, por el Coesida, que sólo existe en un papel membretado y en una sucia oficina del quinto piso del centro, porque seguro nos responderá escuetamente: "precisamente en eso estamos trabajando". Aunque su criminal inmovilidad tenga las consecuencias que estamos padeciendo.