n Mesa interinstitucional analiza apartados del código penal en la materia

Busca el gobierno reducir penas en tres causales más de aborto

n Homologar la legislación del Distrito Federal con la de Yucatán, el propósito

Ricardo Olayo n La propuesta del gobierno del Distrito Federal con respecto a la penalización del aborto añade tres causales por las que no se puede castigar a las mujeres y tampoco a quienes, con su consentimiento, realicen esa práctica: por "causas económicas graves o de extrema pobreza"; cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial sin consentimiento de la mujer y "causas eugenésicas graves".

En este planteamiento se disminuyen también las penas para la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, pero aumenta la sanción para los enfermeros, médicos o comadronas que sin consentimiento provoquen un aborto.

La actual ley indica en el artículo 333 que las dos causales que en la actualidad son penalizadas son: la imprudencia de la mujer, o que el embarazo sea producto de una violación. No obstante, considera más adelante, otra opción según la cual no habrá castigo penal es cuando la mujer o el producto corren peligro de muerte "a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora".

En estos momentos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realiza una consulta entre diversos sectores para elaborar el código penal capitalino, pues este órgano ya tiene facultades en la materia. El presidente de la comisión de gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha dicho que las consideraciones legales en el caso del aborto no serán modificadas durante los trabajos, aunque ya se han formulado propuestas y presentado protestas de varios sectores.

En el caso del gobierno capitalino, desde enero inició el análisis de diversos apartados del código penal, en el que han participado funcionarias de las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social, así como la Procuraduría de Justicia del DF y otras direcciones generales, entre ellas las de Equidad y Género, la Ejecutiva de la Consejería del Distrito Federal; la de Asuntos de Menores e Incapaces; la de Reclusorios; la coordinación general de Promujer; el DIF y otras. Este grupo también conocido como Mesa Institucional de funcionarias, plantea en el caso del aborto aumentar el número de causales por las que no se aplica pena alguna. Esto en los hechos significa homologar la legislación del DF con una de las más avanzadas, la del estado de Yucatán.

De la primera causal para abortar ųque está vigente--, la propuesta en el documento capitalino indica que en este caso "bastará con que la mujer que haya sufrido una violación presente denuncia ante el Ministerio Público, para que el médico que la asista proceda a realizarlo".

Las fuentes del gobierno consultadas respecto a la propuesta indicaron que por la naturaleza del tema quizá no habrá modificación alguna en el corto plazo, pero que ya se cumplió con el análisis de la ley. El planteamiento elaborado define al aborto como: "la expulsión del producto de la preñez antes del tiempo en que el feto puede vivir", que es un concepto distinto al que está en vigor, según el cual el aborto "es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez".

Entre los cambios que se incorporan está el de las penas, pues en lugar de uno a tres años para quienes causen el aborto con el consentimiento de la mujer, se establece que únicamente sean de 15 días a seis meses de prisión.

Al médico, enfermera o comadrona que sin autorización causara el aborto, la pena se aumenta de cinco a ocho años, es decir, no tendría derecho a la libertad bajo fianza, en lugar de los tres a seis años que actualmente se consideran y que dan oportunidad de alcanzar los beneficios de la libertad provisional.

Coincidencias de ONG con propuestas

Durante la cuarta Feria de la Mujer realizada ayer en el Zócalo, la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia presentó una declaración en la que sostienen que "el aborto es un problema de salud pública y de justicia social." Por lo que plantean legislar "profundizando en el debate respetuoso entre la sociedad, legisladoras y legisladores, pero tomando en cuenta que, para abatir los índices de morbilidad y mortandad de mujeres, no se logrará sólo prohibiendo o penalizando más severamente esta práctica.

Por lo menos se debe "alcanzar un mínimo piso homologando los códigos penales en todo el país", lo que significa incluir tres razones no punibles, que son prácticamente similares a las del gobierno del DF. La razón "eugenésica, esto es, cuando por medio de un dictamen de dos médicos exista la certeza de que el producto presenta malformaciones".

La Asamblea Nacional agrupa a alrededor de 60 de organizaciones, y subraya que es necesaria la "actualización del aborto no punible" y eliminar de la ley la parte en que la pena disminuye si comprueban que la mujer "no tiene mala fama" o si el producto es "fruto de una unión legitima". Indica que la despenalización es la respuesta que casi todos los países democráticos han dado en este tema que en ocasiones "implica elegir el menor de los males. Prohibir sólo sirve para condenar a las mujeres sin recursos a un grave riesgo para sus vidas".