n Se soslayan en México mecanismos para proteger a víctimas, afirma
Critica Amnistía Internacional el doble rol que tienen CNDH y PGR
n Pedirán ONG apoyo de gobiernos para que se nombre un relator especial de la ONU
Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 8 de marzo n En México, que ya este año fue caracterizado por Amnistía Internacional (AI) como "país caso en las Américas" ųjunto con Colombia y Estados Unidosų, los mecanismos legales destinados a proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos son "simplemente soslayados". Es la situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que a juicio del organismo, es "la otra cara de la moneda" de la Procuraduría General de la República (PGR).
AI hizo público su informe México, a la sombra de la impunidad, de 26 cuartillas, en la víspera de la sesión anual de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos, que abre sus trabajos en Ginebra el 22 de marzo para dedicarse por seis semanas al análisis de la situación en el mundo y de casos especiales.
La organización señala que en la estructura gubernamental mexicana la CNDH "tiene el doble rol de defender a las víctimas de violaciones y bajar de intensidad las críticas hacia las autoridades mexicanas". Afirma que el papel de la PGR es "contradictorio", pues si bien procesa a violadores de derechos humanos, "permite" que se siga empleando a muchos servidores públicos acusados de dichas violaciones.
Por lo anterior, y después de analizar las estructuras de procuración de justicia en el país, AI recomienda, entre otras medidas, que cada uno de los alegatos de violación sean investigados a fondo y que sus resultados sean públicos; que los casos de tortura, ejecución extrajudicial y desapariciones estén bajo jurisdicción civil ųaunque los perpetradores pertenezcan al fuero militarų, y que el crimen de desaparición se introduzca en el código penal.
Además: que se adhieran los artículos relevantes de la Carta de la ONU para los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso los que prohíben arresto y detención arbitraria; que los encargados del orden respeten los estándares de derechos humanos, y que se tomen todas las medidas para asegurar la independencia de las autoridades judiciales.
AI recomienda que el gobierno mexicano garantice el respeto total a los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales y, entre otras acciones, que las reglas de visado ųactualmente limitantes para defensores y promotoresų se modifiquen para apoyar su función.
AI reitera, como lo ha hecho en informes anteriores, que de 1994 a 1998 se ha registrado "un serio deterioro de la situación de los derechos humanos en México"; que si bien "muchas de las causas de violaciones ųcita tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrariasų son sistemáticas y de ocurrencia nacional", son "particularmente agudas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde están presentes grupos armados de oposición", y que "los perpetradores de actos violatorios frecuentemente actúan con impunidad".
En Ginebra se espera una "gran acción" de agencias no gubernamentales para solicitar más atención a la situación en México; AI y unas 90 más, mexicanas e internacionales, pedirán el apoyo de gobiernos para que la citada comisión designe o pida al secretario general de la ONU que nombre a un relator especial para México.
El documento de AI, dijo el vocero para las Américas, en conversación telefónica desde Londres, "da cuenta de una situación de crisis" porque "ha detectado un grave deterioro de la situación en los últimos años", y ello lo hace resaltar este año en que, si bien "no hay novedades" porque el trabajo de los defensores de los derechos humanos lo ha venido poniendo al descubierto con perseverancia, sí constituye "un resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional" respecto a México.
En la mira, Ejército, judiciales y grupos paramilitares
En el documento, AI afirma que "el Ejército continúa participando en operaciones antinarcotráfico y de contrainsurgencia, y en su transcurso frecuentemente comete violaciones a los derechos humanos", y alerta contra la emergencia en años recientes de los llamados "grupos paramilitares" en Chiapas, "que operan aparentemente coludidos con las autoridades", así como la repetida ocurrencia de detenciones colectivas como forma de penalizar y amedrentar a militantes opositores.
AI reconoce las acciones gubernamentales de protección a los derechos humanos adoptadas en años recientes, como las reformas de 1991 para reforzar la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura de 1986, pero afirma que "se hace necesaria una clara demostración de voluntad política de parte del gobierno para poner término a los abusos y prevenir el deterioro de una situación de por sí crítica".
Según AI, el fracaso de las medidas de protección a los derechos humanos se debe a la falta de voluntad política del gobierno para actuar directamente con el fin de mejorar la situación. "Es, en las mejores palabras, ambivalente, y en las peores, negligente". Ante la situación y la actuación de las autoridades, dice, el interés ha venido de las organizaciones no gubernamentales y de varios órganos de la ONU.
"Impunidad endémica"
Sobre el sistema judicial, AI afirma: "La impunidad con la que se cometen violaciones a los derechos humanos se ha vuelto endémica", e identifica "dos fuentes fundamentales: la forma como el sistema de justicia social está estructurado y administrado, y el hecho de que los casos de elementos de las fuerzas armadas implicados en violaciones de derechos humanos son tratados por cortes militares". Ello a pesar de que la tortura es clasificada como crimen.
"La Policía Judicial, federal y estatal, es causa sistemática de detenciones ilegales, antesala de violaciones en cadena como la tortura, que es frecuentemente utilizada, sobre todo en los primeros pasos de una investigación criminal". Entre los métodos de tortura documentados están choques eléctricos; semiasfixia con bolsas de plástico o por inmersión acuática; amenazas de muerte; ejecuciones falsas; palizas con objetos puntiagudos, varas o rifles; violación y abuso sexual, tehuacanazo y teléfono (golpes simultáneos en las orejas).
"La tortura sigue practicándose (y cita a la propia CNDH, que informó sobre un aumento del registro que lleva: de 46 casos en 1997, a 58 en 1998), facilitada entre otras razones porque jueces, abogados y la oficina del procurador están recargados de trabajo, por un inadecuado entrenamiento de la Policía Judicial (reconocido por el propio procurador) y porque siguen tomándose las confesiones iniciales como la prueba mayor en un caso penal, a sabiendas de que la mayoría son extraídas bajo tortura y otros malos tratos."
No menos de 50 nombres son citados y sus casos ilustrados por AI para fundamentar algunas de sus informaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, implicando en ellos a judiciales, grupos paramilitares, guardias blancas y policías preventivas en pueblos de Hidalgo, Guerrero, Chiapas y la ciudad de México.
Sobre desapariciones, si bien no hubo casos tratados por AI en 1998, recuerda que existen sin resolver no menos de 400 que datan desde 1970, entre ellos 70 tratados por AI en 1997. "La mayoría de las recientes desapariciones han ocurrido en el contexto de operaciones de contrainsurgencia y antinarco, y las víctimas han sido miembros de organizaciones campesinas, indígenas, educativas, sindicales y empresariales. Muchas desapariciones ocurridas luego de detenciones testimoniadas como arbitrarias realizadas por judiciales".
Dado que el informe cubre cinco años, AI reitera la "participación abusiva" del Ejército en los acontecimientos de Aguas Blancas, Buenos Aires (DF), Acteal, El Charco, El Bosque y media docena más, y hace hincapié en lo rutinario de la proliferación de patrones de conducta tales como la obstaculización del derecho al recurso penal y falta de compensación a las víctimas y a sus familiares; que ninguno de los perpetradores de violaciones ha sido llevado ante la justicia, y que hasta la fecha no ha sido inscrito como crimen la desaparición forzada o involuntaria.
Defensores, "victimizados"
La persecución contra defensores de derechos consta en el quinto y último capítulo del informe, en el cual se destaca que ello motivó que la Subcomisión de la ONU, en su resolución sobre México de agosto pasado, pidiera al gobierno la promoción del trabajo y garantizar la seguridad de los activistas que, según el informe, "son victimizados por el Ejército, pero sobre todo por grupos paramilitares como Paz y Justicia, que intimidan, acosan, torturan, amenazan de muerte incluso a miembros de sus familias y atacan directamente, de tal modo que enfrentan numerosos obstáculos y bloqueos deliberados, como la negativa a visitas a centros carcelarios".
Nombres como los de los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz, así como los del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Comité de Derechos Humanos Indígenas de Macuspana, son mencionados como blancos de repetidos ataques.
Finalmente, AI indica que desde la masacre de Acteal decenas de observadores extranjeros de derechos humanos ųentre otros el cura Michel Chanteau y Thomas Hansenų han sido expulsados o impedidos de trabajar en el país, en un "intento aparente de disminuir la observación internacional del deterioro de la situación en Chiapas". Considera que la introducción de requisitos especiales de visado ųsi bien reconoce el derecho de las autoridades al control del acceso de visitantes extranjerosų "obstaculizan el usufructo del derecho reconocido por la ONU para la observancia de los derechos humanos en el mundo".
Cada año, explicó el vocero de AI, "se eleva a prioridad un país por región y, dependiendo de la seriedad del caso, pueden tomarse otros; eso es lo ocurrido conEstados Unidos, México y Colombia. Los otros para 1999 son Argelia, Camboya, la región de los Grandes Lagos, Burundi, Turquía, China, Arabia, Saudita, Federación Rusa e Indonesia".