La Jornada martes 9 de marzo de 1999

DERECHOS HUMANOS: FALTA DE VOLUNTAD

En su más reciente informe, Amnistía Internacional (AI) refiere un panorama sumamente grave sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, al cual coloca como una de las tres naciones "prioritarias" en el continente, junto con Estados Unidos ųen donde se ejecuta, en promedio, a una persona a la semanaų y Colombia, en donde existe una guerra o, mejor dicho, varias, con décadas de antigüedad.

Nadie, o casi nadie, ignora la frecuencia, la abundancia y la variedad de violaciones a estos derechos que se cometen en México de manera cotidiana y regular: la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias forman parte, por desgracia y para vergüenza nacional, del acontecer de todos los días. En cuanto a las desapariciones de personas, si bien durante el año pasado no se registró ninguna, existen más de 400 casos sin resolver, la mayor parte de ellos ocurridos en las dos décadas anteriores, y unos setenta en la presente.

Tan alarmante como el hecho en sí de los atropellos y los abusos de poder es el diagnóstico de la organización humanitaria sobre las causas y las circunstancias que hacen posibles estas prácticas: el fracaso de las medidas de protección a los derechos humanos, dice AI, se debe a la falta de voluntad política, a la ambivalencia y a la negligencia del gobierno. A raíz de esa actitud gubernamental, "los mecanismos legales designados para proteger a las víctimas de violaciones son simplemente soslayados". Por otra parte, el sistema de procuración e impartición de justicia, tal y como está actualmente estructurado y administrado, es una "fuente de impunidad".

Los ámbitos en los que se registran las más frecuentes y abundantes violaciones a los derechos humanos son las actividades contrainsurgentes de las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas ųparticularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerreroų, las operaciones contra el narcotráfico y las investigaciones rutinarias de la Procura duría General de la República (PGR), en cuyas averiguaciones previas "la tortura es frecuentemente utilizada".

Es especialmente alarmante que AI perciba, en su reporte, signos fundamentales de la implantación, en nuestro país, de un esquema de guerra sucia, surgimiento y proliferación de grupos paramilitares que actúan en colusión con las autoridades ųsobre todo en Chiapasų, detenciones colectivas como mecanismo para amedrentar a los opositores, ataques y agresiones cada vez más frecuentes contra defensores de los derechos humanos y restricciones crecientes a los visitadores y observadores internacionales para ingresar al país y permanecer en él.

Los signos referidos forman parte de un libreto trágico y criminal que se desarrolló en años pasados en otras naciones del continente. En su momento, los mexicanos atestiguamos, con horror, tales procesos. Sabemos cómo empezaron y conocemos los delirantes excesos represivos y las terribles cuotas de dolor humano a que dieron lugar. El informe del organismo humanitario ųque no es, ciertamente, el primer señalamiento en este sentidoų debe ser tomado como una señal de alerta. Estamos, aún, a tiempo de detener un curso semejante de la violencia ejercida desde el poder público. Para ello, como lo apunta AI, se requiere, en primer lugar, de la voluntad política del gobierno.