La defensa de los recursos naturales de sus tierras es una de las preocupaciones permanentes de las comunidades zapotecas y chinantecas de la Sierra Juárez. La experiencia enseña que cuando compañías ajenas han explotado estos recursos no quedan beneficios para tales comunidades. Por esta razón, a principios de la década de los ochenta, se opusieron a la renovación de la concesión de sus bosques a la Compañía Papelera de Tuxtepec por veinticinco años más.

Aunque hoy los bosques de la Sierra Juárez son aprovechados en la mayoría de los casos por las propias comunidades, surge una nueva preocupación al conocerse que el gobierno ha otorgado concesiones a distintas compañías nacionales y extranjeras para que realicen exploraciones de los minerales del subsuelo en unas 50 mil hectáreas de la Sierra.

El hermetismo con que se maneja esta información nos da un indicador de por dónde va la tirada. Hasta hoy, nadie sabe en Oaxaca gran cosa del tan anunciado Megaproyecto del Istmo. Los habitantes de Zaniza no tienen información de cómo se planea realizar la explotación del yacimiento de hierro más grande del país que se encuentra bajo sus pies. ¿Por qué habrían de estar informados los habitantes de la Sierra Juárez de lo que otros tratan de hacer en su territorio?

Cada día es más evidente que las reformas al artículo 27 se hicieron para abrir las puertas al capital extranjero y saquear la riqueza de nuestro país. La instrumentación del Procede en comunidades es una muestra más. Aprovechando la falta de información de muchas comunidades algunos han entrado prometiendo seguridad jurídica a los comuneros mediante la expedición de certificados parcelarios, sembrando así la idea de vender sus pedacitos para poder soportar la crisis económica que nos ha impuesto el modelo de desarrollo neoliberal. En algunos casos la Procuraduría Agraria ha llegado al extremo de estipular en estatutos comunales la posibilidad de que las tierras puedan ser expropiadas o de que la comunidad pueda asociarse con sociedades mercantiles sin el conocimiento de la asamblea. Es obvio que la seguridad jurídica que prometen no es para los de adentro, sino para los de afuera, para los dueños del capital.

Las disposiciones sobre tierras y territorios de los pueblos indígenas establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo son cada vez más ignoradas por el gobierno. Lo mismo sucede con los Acuerdos de San Andrés. No debe extrañar entonces que la respuesta a la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio sea masiva y contundente en las regiones indígenas y en el resto del país. Al Congreso de la Unión le tocará en su momento responder a esa exigencia.

Ayer fueron los conservadores los que defendiendo el centralismo se opusieron a la conformación de la república federal; hoy son sus herederos los que se oponen al reconocimiento de la autonomía para los pueblos indígenas con el mismo argumento: que el Estado no se fragmente en más entidades. Este 21 de marzo le toca hablar al pueblo. Las campanas empiezan a sonar.

Aldo González: zapoteco de origen, fue director de xeglo: La Voz de la Sierra, en Guelatao, Oaxaca y hoy es responsable del Programa de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.

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