¿Se acuerdan que el presidente Ernesto Zedillo mandó al Senado una iniciativa de ley sobre derechos indígenas? Pues se perdió. Los senadores no se ponen de acuerdo sobre dónde está la tal iniciativa. Unos dicen que en el congelador, otros que está dictaminada y calientita, lista para pasar al levantamanos de la mayoría priísta del pleno de la Cámara de Senadores.

Hace casi un año, el pasado 15 de marzo, llegó al Senado una propuesta de reforma constitucional formulada por el Ejecutivo sin consultar ni a los pueblos indios, ni a su contraparte en el diálogo de paz y poco después, otra del Partido Acción Nacional (PAN). El entonces recién nombrado secretario de gobernación, Francisco Labastida, tenía la encomienda de recuperar para el gobierno la iniciativa política en las negociaciones del conflicto chiapaneco. Este acelere legislativo rompió con el carácter bilateral del diálogo y lo dejó sin contenido social. En el fondo, se pretendía poner al gobierno en posición de marcar el paso en las negociaciones, y la famosa reforma indígena comenzó a verse en los círculos camarales como un factor de negociación de alto nivel que habría de servir en lo que al poder le resultaba jugoso: el asunto del FOBAPROA.

Después de meses de silencio sobre el tema, los senadores priístas José Trinidad Lanz Cárdenas y José Luis Medina declararon recientemente que existe ya un dictamen de la ley, por lo que podría turnarse al pleno de Senado. Sin embargo, el coordinador de los legisladores panistas, Gabriel Remus, insistió que no estaba aprobado dictamen alguno por la comisión correspondiente y señaló que la iniciativa estaba en el congelador. Esto contradice a Benigno Aladro, otro congresista del pan que, al igual que Lanz Cárdenas ha declarado en repetidas ocasiones que todo está listo para llevar adelante la iniciativa.

El grueso de los legisladores del pan dice que se sostendrá en su negativa a cocinar con el PRI una reforma en lo oscurito, pero es un rumor a voces que la negociación del FOBAPROA incluyó un buen paquete de privilegios para el partido blanquiazul.

Las reiteradas negativas del pan, en público, se interpretan entonces como el bluff de los tahúres en una mesa de juego. Se sabe ya que se ha preparado una especie de frankenstein de la iniciativa presidencial y la del pan. Que este partido estaría dispuesto a aprobarla a cambio de colocarse en puestos claves del consejo de administración del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (organismo que sustituye al FOBAPROA) y de contar con el apoyo priísta para una reforma constitucional del artículo 115 que el PAN quiso pasar desde diciembre, y le urge aprobar en el periodo de sesiones de marzo-abril.

Esta es una modificación que mete de contrabando el núcleo de su iniciativa de ley indígena --lo referente a las cartas municipales-- como reforma en paralelo del 115 constitucional. De aprobarse, se alterarán de facto los términos de la negociación con los zapatistas y con la sociedad civil, que no cejará en su empeño de ver aprobada una reforma por consenso.

Como ven, el PAN va por todo: quiere cobrar caro su amor. Seguirá impulsando su ley indígena o el champurrado que negoció con el PRI. Pero si puede pasar por debajo de la mesa una pequeña reforma al 115 (de consecuencias gigantescas) para legalizar a nivel constitucional su invento de las Cartas Municipales, y darle base a una ley reglamentaria sobre el asunto, lo va a hacer.

La reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está hoy frente a dos maneras de hacer leyes. Por un lado, abrir el proceso de hacer leyes involucrando, movilizando y discutiendo con el mayor número de mexicanos posibles. Por otro, encerrarlo en los grupos de poder que legislan según les conviene. (Ojarasca)

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