¿Por cuánto tiempo nos servirán estos documentos?, preguntaron los representantes de Bienes Comunales de Santa Cruz Yagavila, cuando recibieron la sentencia que reconoce y titula sus tierras comunales, dictada por el recién creado Tribunal Unitario Agrario de Oaxaca.

Nunca antes había pensado en el relativismo de nuestras instituciones, entre ellas las jurídicas, y en la atribución de sentido que el derecho pone en algunos objetos de su regulación.

La pregunta entraña respuestas ambivalentes: por un lado la necesidad de saber si el documento que tienen en sus manos --que vino a sustituir las resoluciones presidenciales-- es realmente eficaz. Si tal sentencia pone fin a los conflictos y por tanto se constituye en un documento que les da seguridad jurídica sobre sus tierras, o si por el contrario al ejecutarse resulta una sobreposición de planos, diferencias en rumbos, distancias, mojoneras o cualquier otro pero, lo que haría surgir problemas o revivir viejos conflictos con las comunidades colindantes. Una sentencia así puede contener la verdad legal, pero no es base de una solución real: en Oaxaca hay muchos casos así.

Como no respondí la pregunta de los representantes de Santa Cruz, inquirieron nuevamente: ¿a quién se le ocurrió que nuestras tierras debían tener papeles? Esto viene desde hace mucho, los abuelos nos dicen que esta tierra es nuestra con papeles o sin papeles, con planos o sin ellos, pero también nos dicen que allá afuera ``papelito habla''; ellos ni saben leer, pero saben que ese papelito da seguridad aunque sea por un tiempo y por eso nos exigen estar detrás de los funcionarios para obtener una sentencia favorable.

Es claro para muchos comuneros que los conflictos agrarios son artificiales, pero ya que son parte de un sistema que arrasa con todo a su paso, no es posible detenerse ni conformarse. En efecto, con los encimamientos de planos, imprecisión de los aparatos y la burocracia en los trámites, ¿cuántos problemas no se han inventado? ¿cuántos muertos por la ``necesidad'' de poner líneas sobre nuestra madre?

Hoy día, este estado de cosas exige otorgar espacios de libertad y fundamentalmente restituir la justicia agraria a nuestras comunidades y pueblos, una restitución que implique reconocimiento de derechos plenos sobre los territorios, entendidos estos como el total del hábitat (suelo, subsuelo y vuelo) que les fue expropiada desde la constitución de nuestro país, una restitución que les permita autonomía para diseñar la institución jurídica que mejor corresponda con la forma de ver la tierra y el territorio. Está demostrado que cuando se les deja este margen de libertad, se eliminan conflictos en los pueblos mediante una conciliación que el derecho occidental no contempla como forma de resolver problemas.

Podemos remitirnos también a la memoria histórica de nuestras comunidades en su lucha por la tierra. El título primordial de Santa Cruz Yagavila está fechado en 1762, es decir, pese a los muchos esfuerzos por obtenerlo su documento sólo tuvo una vigencia de 59 años (contados a la fecha de la independencia de nuestra nación). Así, la sentencia que portaba el representante de Bienes Comunales, fechado el 30 de marzo de 1995 ¿para cuánto alcanzaría? Al igual que Santa Cruz, muchas otras comunidades registran en su tradición oral los múltiples esfuerzos para obtener títulos primordiales ante la Corona española y hoy día para obtener sus resoluciones presidenciales, como documentos de propiedad sobre sus tierras. Este esfuerzo ha cobrado vidas y una cuota económica significativa a las comunidades: la mayoría de documentos se obtiene después de 40 o 50 años de trámites.

Por si fuera poco en el lapso entre uno y otro documento ha ocurrido una pérdida de territorios alarmante. La situación de la comunidad de Jaltepec de Candayoc es un ejemplo impresionante de este proceso. Sus títulos primordiales amparan 250 mil hectáreas que los comuneros compraron a la Corona española en 100 pesos oro. El siglo pasado sus tierras se redujeron a 100 mil hectáreas. A principios de este siglo les quedaban 60 mil. A la mitad de este siglo les fueron expropiadas 18 mil más. Finalmente se les reconocen y titulan 14 648 en 1968.

Sin duda, la historia de nuestras comunidades va ligada a la historia de la lucha por la tierra, porque ésta representa su vida misma, el espacio de creación y recreación de la cultura, la fuente de producción. Por ello, nuestros abuelos no dudaron en poner todo su esfuerzo para resistir y defenderla. Hoy día esto representa una de las demandas fundamentales de los pueblos indígenas, y en la mente y sentimiento de nuestros pueblos sigue vigente el principio de quién es primero en tiempo es primero en derecho.

Hugo Aguilar Ortiz: abogado mixteco, encargado del departamento de defensoría jurídica de Servicios del Pueblo Mixe (SER).

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