No me parece que el problema sea económico, porque la propuesta de rectoría acepta la posibilidad de niveles de ingreso familiar que justificarían una exención absoluta, y para los demás ciertas alternativas que tienen en cuenta posibilidades de pagos diferidos. Detrás de la reacción casi violenta, con paros de un día y amenazas de huelga, hay mucho más. No son ajenos al problema los tiempos de la política, porque a fin de cuentas la UNAM es un escenario de amplia repercusión nacional.

Por supuesto que se cuelan en todo eso afirmaciones sin sustancia. La educación superior no es constitucionalmente gratuita ni me parece que en las condiciones del país deba serlo. En la jerarquía de necesidades urgentes por atender, con ser fundamental la educación superior, puede ocupar algún lugar de rango menor a las atenciones de la inmensa pobreza que vive el país. Hay que repartir salud, instrucción primaria y secundaria, empleo y salarios adecuados. Y tampoco se trata de que el precio de la educación superior la deje fuera del alcance de quienes, hoy mayoría, apenas reúnen lo indispensable para vivir. No es el caso. La propuesta del rector considera de manera principal esa cuestión.

Además, la razón más que justificada de la fijación de unas cuotas mínimas que, por supuesto, tampoco son proporcionales al servicio que se recibe (y al enorme prestigio del sello UNAM en ese servicio), es la reducción presupuestal decretada por la Cámara de Diputados. La UNAM tiene que aprender a depender de sí misma.

Si la crisis no es imputable a los mexicanos en su conjunto sino a las políticas neoliberales, la responsabilidad no puede ser reclamada de una Universidad que siempre ha dado mucho más de lo que ha recibido. Miles de mexicanos y algunos que no lo son, debemos a la UNAM nuestra formación de origen y continuada, y la posibilidad de una forma de vida que descansa en las capacidades y no en las herencias. Por supuesto que sin dejar de considerar las herencias académicas que algunos hemos tenido el privilegio de recibir. Entre ellos y de manera destacada el rector Barnés.

Creo que lo menos importante es la anécdota y el costo administrativo de cobrar (Ƒcobrar?) las insuficiencias. Con ello se está creando, dicho sea de paso, una notable inversión de un valor muy en boga: la productividad. El valor de un periódico y del transporte diario son superiores al precio de una carrera universitaria. Pero tampoco se puede fundar en ello una gratuidad que no puede admitirse como principio.

Cuando en el año de 1943 ingresé a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el precio de un año escolar era, si no recuerdo mal, de 200 pesos, de los cuales 20 pesos correspondían a la inscripción y el resto a las colegiaturas. El salario mínimo por aquellos tiempos no pasaba de dos o tres pesos diarios, de tal manera que para muchos estudiantes cubrir esas cuotas suponía esfuerzos familiares notables. Por esa razón la UNAM aceptaba diferir los pagos al término de la carrera, partiendo del supuesto de que en el momento de culminar los estudios la capacidad económica del antiguo estudiante le permitiría pagar.

Aquellos fueron tiempos de huelgas estudiantiles muy frecuentes. Pero no recuerdo que en algún momento su razón de ser haya sido la económica. Los estudiantes entendíamos que estábamos obligados a corresponder al invaluable servicio que se nos prestaba.

Es claro que los estudiantes tienen de siempre una vocación a la protesta. No solamente es lógica sino, además, muy sana. Es esencialmente formativa. Aunque también los estudiantes se equivocan y pueden convertirse en instrumentos ciegos de una decisión política, como ocurrió en los hechos lamentables contra el doctor Ignacio Chávez y el maestro César Sepúlveda de 1966, ordenados y dirigidos por Gustavo Díaz Ordaz. Después vino el 68 y pasó todo lo que pasó. El culpable de la derrota académica estuvo a punto de perderlo todo a manos de su antiguo instrumento, los estudiantes. No hay que olvidarlo.

En esto de las cuotas yo veo algo que los penalistas tipifican como exceso en la legítima defensa. Con el agravante, en mi concepto, de que en este caso la defensa no es legítima. Sólo excesiva.

ƑNo habrá manera de que ayudemos todos a resolver un problema fundamental para nuestra Universidad y nuestro país?