n Cientos de pacientes psiquiátricos quedarán abandonados a su suerte

Cerrará sus puertas el Insame este martes

Claudia Herrera Beltrán /I n Alejandrina tiene 15 años, la edad fatídica de la familia. Sus dos hermanos mayores se quitaron la vida en esa época y la joven muestra signos de seguirlos. Por fortuna, dice su madre, desde hace un mes recibe atención médica y ha conseguido contener sus impulsos suicidas. Pero hace unos días su médico le avisó que el tratamiento quedaba cancelado. El Instituto Nacional de Salud Mental (Insame) se cierra el próximo martes.

En proceso de desmantelamiento desde 1995, época en que algunos pacientes comenzaron a ser dados de alta por personal administrativo sin consentimiento de los médicos, esta institución del DIF deja de dar consultas, que llegaron a sumar 250 al día. Se convierte en una dirección normativa que diseñará modelos de atención a población vulnerable para aplicarlos en todo el país.

Diecinueve años de historia

Atrás se quedan 19 años de historia de un centro de consulta médica que junto con el Hospital Juan N. Navarro es único en su género, por tratarse de un instituto que sin internamiento proporcionaba apoyo técnico muy avanzado a infantes provenientes de familias pobres con problemas de salud mental, criminalidad, adicciones, depresiones, desintegración personal, y al mismo tiempo atendía a los familiares de los niños con una visión integral y preventiva.

Por mandato de la Junta de Gobierno del DIF se determinó en 1995 que las funciones de atención a la población abierta que realizaba el Insame se transfirieran al sector salud, para dedicarse a la investigación de problemas psicosociales, explica su director Dino César Moreddu. Desde entonces, los enfermos fueron transferidos gradualmente "y sin problemas" a otras instituciones del sector salud.

En agosto de 1998, explica, se canceló la atención a los pacientes para ubicar en el edificio que ocupa en el sur de la ciudad a la Dirección de Modelos y Evaluación Orientada al Trabajo con Población Vulnerable, y a partir de esa fecha se estableció una fase de cierre de tratamiento para los 180 pacientes que no fueron canalizados.

Sin embargo, la paidopsiquiatra (que se especializa en infantes) Leticia Saavedra tiene otra versión. "La primera vez que supe que dieron de alta a un paciente fui a hablar con el subdirector (del Insame) para plantearle que se trataba de un niño -que padecía epilepsia- que podía morir si se interrumpía la atención, pero no se hizo nada. Ni siquiera me dejaron hablar con él".

Entre los familiares de enfermos y los trabajadores reina la confusión. Los primeros no saben si sus enfermos encontrarán lugar en clínicas saturadas como el Juan N. Navarro, que tiene lista de espera de tres meses, o si podrán pagar un hospital privado cuando muchos de ellos apenas alcanzaban a cubrir las cuotas, que iban de 40 centavos a 12 pesos por consulta.

Y los 180 empleados -entre los que se encuentran especialistas de primera línea- perdieron su empleo, pues según la orden del representante jurídico del DIF, Andrés Linares, que recibieron el pasado 3 de marzo, tienen como plazo límite el día 16 de marzo para acogerse al programa de retiro voluntario.

"Poco a poco fueron desapareciendo el instituto", afirma el doctor José Luis Vázquez. Recuerda que en 1996, las autoridades administrativas comenzaron a dar de alta a los pacientes, pero sin el consentimiento de los médicos, y en un proceso "francamente irregular" los más afortunados fueron canalizados sin expedientes o con historiales médicos elaborados por personal administrativo, y otros vieron interrumpido su tratamiento sin más explicación.

A Erick Chavarría le diagnosticaron epilepsia hace seis años, cuando había cumplido 14. Al principio abandonó la escuela, pero a medida que avanzó su tratamiento pudo concluir su preparatoria. Su madre, Santa Mateos, vendedora de botones en La Merced, carece de Seguro Social. Explica que está atemorizada por el futuro de su hijo, "que había mejorado mucho". Hace unos días preguntó en una clínica privada el costo de un electroencefalograma y se enteró de que es de mil 200 pesos, cuando en el Insame pagaba 50 pesos.

Y es que la familia Chavarría Mateos se preocupa por cualquier gasto extra. "A mi joven le hacen estudios de que no debe dormir una noche y lo tenemos que llevar en taxi a la casa. Me asusto tan sólo de pensar que tuviera que pagar además un electroencefalograma".

Por los aparatos y el tipo de servicios de la institución, dice su director, mantener al Insame resultaba muy costoso. Llegó a suplir actividades del sistema normal general de salud en México, además de que iba a duplicar funciones del DIF Distrito Federal, recientemente descentralizado del nacional, explica.

En resumen, el proyecto consiste en "achicar, contraer las fuerzas (del DIF nacional), para poder cubrir más pero en otro sentido, ya no con la atención directa".

El plan del DIF, explica, es que a San Luis Potosí, por ejemplo, donde el gobernador está preocupado por los problemas de la juventud, acudan especialistas del DIF y estudien un modelo para evitar que las familias enfrenten trastornos psicosociales. Así, "en vez de atender directamente la drogadicción, por mandato del estatuto orgánico recuperamos las experiencias exitosas y las replicamos en otros lados", explica.

Suspensión de tratamientos

Lo que preocupa a los médicos, como a la paidopsiquiatra Berta Izcarra, que se encarga de un grupo de menores maltratados y abusados sexualmente, con severos cuadros de disfunción familiar, es que la suspensión repentina de los tratamientos, que pueden durar toda la vida del paciente, les ocasione un trauma.

"Cuando iniciamos una terapia establecemos una relación terapéutica, una liga con el enfermo, y al ser separado del médico sufre una pérdida que se suma a las que ha vivido en su vida. Estos pacientes han sido rechazados por sus padres, sus familias, sus amigos, por la sociedad y ahora por el hospital", resume.

Canalizados también a los centros de salud, Izcarra dice que ahí es más probable que los pacientes sufran recaídas, porque no hay especialistas, existe sobrecupo y va a resultar difícil, "casi imposible", que los enfermos acepten una terapia, porque se van a enfrentar a un desconocido con escasa preparación y experiencia en el manejo de estos casos.

Ahora Alejandrina (quien prefirió identificarse con ese nombre) se pregunta quién va a estar con ella para alejar su deseo de morir, pero tiene miedo, "mucho miedo". En un mes se dio cuenta de que podía confrontar su herencia familiar, pero no sabe si después del martes volverá a su vieja rutina de temer y desear las pastillas. (Con información de Ixchel Barrera)