La parte más débil de la propuesta de la Secretaría de Energía es la de la distribución. Se plantea sustituir el actual sistema en el que una empresa pública presta el servicio, con carácter exclusivo, a la región de que se trate (según la región, sería la CFE o Luz y Fuerza del Centro). En su lugar, se propone, para cada región, un monopolio privado. Luego de todas las argumentaciones a favor de la competencia, en este caso se plantea un nuevo monopolio. ƑAcaso no bastan las experiencias de las empresas eléctricas anteriores a la nacionalización? ƑAcaso no fue necesario, primero, formar la CFE para hacer inversiones, dado que las empresas extranjeras no las hacían? ƑAcaso no fue esa una de las principales causas de la nacionalización de 1960? ƑY acaso ha habido mucha competencia real entre bancos o en la telefonía que usa el ciudadano común?

La única competencia en este terreno sería, según el escrito de la secretaría, para los llamados usuarios calificados, los mayores 350 consumidores. Estos sí podrían escoger proveedor del servicio, o incluso tratar directamente con el productor de la energía, saltándose al distribuidor. Por si no fuera ya alarmante la concentración económica que se ha generado en las últimas décadas, ahora se le quiere dar una ventaja económica adicional a un pequeño grupo, bajarle más sus costos en comparación con los de las empresas pequeñas y medianas, para que los desalojen de los mercados con mayor facilidad.

En este caso, la alternativa a definir pasa por una mayor eficiencia de la empresa pública existente. Esta, a su vez, además de la necesaria renovación de cuadros dirigentes, incluye mayores facultades de fiscalización y control por el Congreso; autonomía de gestión para el cumplimiento de las metas fijadas por el Legislativo; mayor participación de los trabajadores y consumidores y, además, desarrollar las posibilidades del autoabastecimiento y de la cogeneración, para que la entidad pública tenga que mejorar sus servicios y sus costos como condición para conservar a sus clientes, y, en general, para abatir costos.

Para que atiendan mejor las necesidades de cada región, las empresas públicas regionales de distribución deben tener también autonomía de gestión y de operación; pero el Congreso debe aprobar, fiscalizar y controlar la definición y el cumplimiento de sus metas. Es importante que las regiones puedan generar energía aprovechando los recursos naturales que tengan. Una presa relativamente pequeña, por ejemplo, que para una empresa centralizada gigantesca no tiene importancia, a los municipios de una región les puede resolver, mediante el autoabastecimiento, el problema de la energía eléctrica para alumbrado público, bombeo y otros usos.

Estas y otras soluciones, necesarias hoy, tienden a diferirse por años si se emprende el camino de una reforma constitucional, luego una ley reglamentaria, luego elecciones y cambio de gobierno, y después, quién sabe qué. Baste recordar que la primera planta importante que requería de la reforma legal de 1992, Mérida III, se empezó a construir más de cinco años después, y su primer kilovatio-hora se va a entregar a la red en el año 2000. Al plantearse la discusión en un plano tan general y, a la vez, tan conflictivo, se dejan de lado los problemas reales y muy específicos que requieren de solución.