Hasta estos momentos, el debate sobre la reorganización de la industria eléctrica nos permite arribar a una importante conclusión: es imprescindible e impostergable que pensemos y repensemos, una y otra vez, sobre nuestra industria eléctrica, en el marco de la reflexión sobre el presente y el futuro de las industrias de propiedad nacional y que se encuentran bajo control estatal. Uno de los puntos mas débiles de la propuesta gubernamental es, sin lugar a dudas, haber ignorado que para la sociedad mexicana, cualquier cambio en las industrias petrolera y eléctrica, exige una reflexión sobre esto, precisamente sobre esto. Por eso, entre otras cosas, será necesario que en algún momento reflexionemos a fondo sobre la industria petrolera, en estos días favorablemente refrescada por el ascenso de precios que ha llevado a la mezcla mexicana de exportación a poco más de 10 dólares, y que merced al acuerdo de recorte de producción establecido esta semana, y que bien puede ser ratificado el próximo 23 de marzo en la reunión de la OPEP, podría permitir un promedio anual cercano a 11 dólares para nuestra mezcla mexicana.

Ahora bien, en cuanto a la reorganización eléctrica es necesario insistir en algunos aspectos que la alternativa gubernamental no contempla o, en todo caso, incorrectamente ignora, sin mediar explicación alguna. Uno de ellos es el del control estatal de los monopolios naturales. Para decir lo menos, parece prematuro que se acepte que el Estado mexicano renuncie al control de los ámbitos de nuestra vida económica en los que se proporciona un servicio público ųen este caso la electricidad-, ejerciendo un monopolio natural. Ciertamente se puede discutir si hoy en día, merced a los cambios técnicos y a la severa reducción del volumen de recursos necesarios para instalar una central eléctrica, la industria eléctrica integrada ųgeneración; transmisión, transformación y control; distribución; comercialización final-, constituye un monopolio natural. Incluso, ya en el terreno de las concepciones sobre el desarrollo, se puede discutir si el Estado debe o no asumir dicha tarea. Por eso, la discusión en este sentido tiene dos aspectos que deben ser analizados separadamente. Uno, el del carácter de monopolio natural de la industria eléctrica integrada. Y otro, que el Estados se haga cargo de dicho monopolio. En cuanto a lo primero es preciso señalar que hoy en día, aun los más severos críticos del carácter de monopolio natural de la industria eléctrica integrada no niegan que todavía constituyen monopolio natural dos de sus fases: transmisión, transformación y control; y distribución. Es decir, todavía resulta técnicamente más eficiente tener una única empresa encargada de estas dos actividades industriales. Y en cuanto a lo segundo, hay que decidir si el Estado debe o no seguir ejerciendo el control de esas fases, máxime cuando estamos frente aun servicio público, con consumidores cautivos. A pesar de la retórica de la rectoría estatal, la iniciativa gubernamental de reforma eléctrica lo niega. Este es, precisamente, uno de los puntos que ignora y que trata de obviar. ƑEstamos dispuestos los mexicanos a dejar en manos privadas este monopolio natural? Muchos pensamos que, desde hace varios años, el gobierno ha impulsado cambios profundos en este sentido que han modificado la perspectiva tradicional, una tradición que conduce a ratificar que esta función la debe seguir prestando una empresa pública, a la que, indudablemente, se debe vigilar para que sea eficiente. Por eso, justamente, resulta imperativo discutir los mecanismos de regulación y vigilancia; siendo absolutamente conscientes de que la vigilancia y la regulación suponen una autonomía empresarial fuera de duda. A este respecto también es incuestionable que las empresas eléctricas estatales requieren una mayor autonomía de la que hasta hoy han experimentado. Su funcionamiento, en todos los órdenes, ha estado permeado por nuestros más ascendrados vicios políticos: el presidencialismo; el corporativismo; el partido de estado; la corrupción. No es posible que se modifiquen los planes y programas financieros, productivos, tecnológicos y comerciales de las empresas eléctricas de nuestro país por decisiones presidenciales que no han sido validadas y discutidas. Menos aún por comportamientos corporativos, aprovechamientos partidarios o por corruptelas. La reorganización de las empresas estatales resulta obligada para superar sus vicios y profundizar sus virtudes. No se puede tirar al niño con el agua. En este caso la privatización acelerada no es la mejor alternativa para superar los vicios. No es cierto que en las empresas privadas son impecables. En todo caso se trata de otros vicios, muchos de los cuales ųcomo se documenta ampliamente en la literatura internacional que da razón de los procesos privatizadores en el mundo-, se cargan sobre los consumidores y, en no pocas ocasiones, con apoyo de funcionarios gubernamentales. Muchas de las prácticas viciosas, por cierto, provienen de la asociación corrupta de altos funcionarios gubernamentales con empresarios, sobre todo en las actividades en las que, como se ha comentado, se registran monopolios naturales y en las que no se ha desarrollado una sólida regulación estatal.

Es indudable que la suficiencia y la confiabilidad del servicio eléctrico son valores incuestionables. Pero igualmente incuestionables resultan ser los valores tradicionales que condujeron en el año de 1938 a la expropiación petrolera ųejercico de autoafirmación soberana del control nacional de la renta económica derivada de la explotación de los recursos naturales- y, en clara continuidad con esto, a fines de 1960 a postular la exclusividad de la Nación para prestar el servicio público de electricidad y aprovechar los recursos naturales que se requieran para ello. Estos ejercicios de soberanía tuvieron como antecedente el abuso, la depredación y la actuación poco solidaria de las empresas privadas -nacionales y extranjeras-, actuaciones que no hay que olvidar nunca. En estos momentos delicados de análisis de la industria eléctrica, bueno es recordarlo.