INSAME: CRUELDAD BUROCRATICA

El desmantelamiento del Instituto Nacional de Salud Mental (Insame), un proceso decidido en 1995 por la Junta de Gobierno del DIF y que está culminando en estos días, es un vergonzoso ejemplo de cómo adoptar y aplicar una decisión burocrática y administrativa sin tomar en cuenta las necesidades más elementales de la población. En la nota sobre la institución que aparece en estas páginas y en la edición de ayer, se da cuenta de la larga lista de agravios, atropellos e irregularidades cometidos por las autoridades en el proceso de cierre del Insame: pacientes "dados de alta" por empleados administrativos y no por médicos, pérdida casi total de los expedientes clínicos, interrupciones riesgosas --si no es que fatales-- de tratamientos en curso, desprotección de los enfermos y despidos de personal al margen de los lineamientos establecidos por el propio gobierno, y según los cuales el recorte de servidores públicos no afectaría a personal médico y paramédico.

No puede menos que indignar la inacción y la falta de interés mostradas por diversas instituciones públicas --incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos-- ante las peticiones, demandas y gestiones realizadas por los familiares de los enfermos que, hasta ahora, recibían atención en el Insame, así como por diversos médicos adscritos a esa entidad. Tal actitud no sólo resulta violatoria de la Constitución --artículo cuarto--, sino que expresa una alarmante carencia de sensibilidad cercana a lo cruel.

Si la sociedad desconoce sus obligaciones elementales para con los más desprotegidos de sus integrantes --en este caso, los enfermos mentales de bajos recursos--, se coloca a sí misma en la perspectiva de la descomposición cívica y ética. Resulta imperativo, por ello, que las autoridades de la Secretaría de Salud y del DIF tomen cartas en el asunto y adopten medidas urgentes para resolver la angustiosa y ofensiva situación en la que se encuentran más de dos mil pacientes del Insame y sus familiares.