n Pese a tres años de lucha, es inminente su cierre
Pacientes y médicos, en contra de la desaparición del Insame
n Familiares de enfermos siquiátricos se quejan ante el ombudsman
Claudia Herrera Beltrán/II y última n Desde hace tres años, el Instituto Nacional de Salud Mental (Insame) está a punto de desaparecer en medio de la oposición de pacientes y médicos. En un último intento por salvarlo, los familiares presentaron una queja ante el ombudsman nacional, así como un listado de 2 mil 300 enfermos con expedientes perdidos, transferidos a hospitales saturados o quienes recayeron por falta de tratamiento.
Mientras tanto los especialistas, a punto de perder su empleo, dan consulta en desacato a las últimas órdenes. "No los podemos dejar desamparados", argumentan.
Un grupo de los casi 80 pacientes que aún reciben consulta, junto con decenas de médicos, planean copar este martes las puertas del Insame para impedir su cierre, aunque se maneja que de última hora las autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), podrían posponer este proceso hasta el viernes próximo o unas semanas más, con el fin de concluir una negociación laboral menos problemática con los 180 trabajadores que saldrán.
Fundado hace casi dos décadas por el médico militar Jorge Velasco Alzaga para atender a infantes de escasos recursos, el Insame dejará de funcionar, y su edificio de Periférico Sur será ocupado por una dirección normativa que diseñará modelos de atención a población vulnerable, proyecto que en un principio generó expectativas positivas entre los médicos.
"Me pareció bien que aprovecharan nuestros conocimientos y experiencia para investigar y desarrollar programas de atención, pero lo terrible fue que los enfermos no encontraban otros centros médicos, y a nosotros nos suspendieron el contrato y sólo dejaron a 40 compañeros", explica Luis Sosa Guerra, uno de los escasos gerontosiquiatras que hay en el país y pionero en la atención de ancianos en esa institución.
Las penurias de los enfermos del Insame --que llegaron a sumar 58 mil en un año-- comenzaron en 1996, cuando su ex directora, la antropóloga Laura Carrera Lugo, determinó suspender el servicio en el turno vespertino, explica Rosa María Cristóbal, secretaria del Comité Ciudadano en Pro de la Salud Mental del Niño y la Familia, organización creada en 1997 a raíz de este problema.
Madre de dos niñas con severos cuadros depresivos, explica que Lugo comenzó a eliminar servicios hasta que los familiares protestaron. El 28 de junio de 1996 solicitaron al presidente Ernesto Zedillo que se regularizara la atención, pero no recibieron respuesta. Lo único que supieron es que desde 1995, la Junta de Gobierno del DIF determinó transferir paulatinamente a los enfermos del instituto a otros centros.
El 12 de agosto de 1997 el grupo envió otra carta, esta vez al director del DIF, Mario Luis Fuentes, y al secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, mencionando que 600 niños no iban a ser recibidos, decisión que significaba para ellos "iniciar un largo peregrinar, adecuarse a nuevos médicos y sufrir un retroceso en su tratamiento".
Cancelan tratamiento sin "terapia de cierre" a casi 2 mil 300 enfermos
En respuesta "nos dieron un mejoralito", dice Roxana Barona, madre de una adolescente con problemas de aprendizaje. Recuerda que la atención se reanudó durante unas semanas, pero después los expedientes comenzaron a desaparecer, o la cajera se negaba a cobrar y a canalizar a consulta.
Un último esfuerzo para ser escuchados, señala Barona, es el que hicieron el 8 de marzo, día en que denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que "se atropellaron los derechos" de por lo menos 2 mil 300 enfermos, cuyos tratamientos se cancelaron sin la llamada "terapia de cierre" y que fueron transferidos por personal administrativo o sin expedientes clínicos, o bien que no encontraron lugar en ninguna clínica pública.
Casi 58 mil expedientes médicos, perdidos; "no se sabe" de ellos
De los 58 mil expedientes que el Insame llegó a manejar, los familiares apenas pudieron recuperar los folios de 5 por ciento. Del resto "no se sabe", dice el siquiatra José Luis Vázquez, especialista en adolescentes en riesgo suicida y quien explica que muchos familiares "sufrían" porque el historial clínico de sus enfermos se perdió o fue mal manejado por personal ajeno a los médicos.
Los que corrieron con suerte, indica, llegaron al Hospital Infantil Juan N. Navarro, al Instituto Nacional de Neurología, al Centro Comunitario de Salud Mental, al Instituto Mexicano de Psiquiatría o al Instituto Nacional de Pediatria, pero "muy pocos encontraron lugar".
Rebeldes y a las órdenes del director del instituto, Dino César Moreddu, los médicos siguen dando consulta aunque les falta casi todo: historiales clínicos, agendas, aparatos.
Los siquiatras Vázquez y Sosa Guerra incluso han proporcionado sus teléfonos particulares a los enfermos, en su mayoría depresivos, para informarles si podrán verse la próxima semana.
El infortunio laboral: "retiro voluntario", la única salida
Paidosiquiatras (especializados en infantes), gerontosiquiatras (en ancianos), psicólogos clínicos, neurólogos, pediatras, psicopedagogos, trabajadores sociales siquiátricos, terapistas del aprendizaje y del lenguaje, laboratoristas y trabajadores administrativos, fueron notificados el pasado 3 de enero de que su contrato se acababa este martes. El Programa de Retiro Voluntario es su única alternativa.
Desconcertados, los médicos cuestionan esta decisión porque contraviene el anuncio del gobierno federal de excluir del plan de recorte de 14 mil plazas de servidores públicos a personal médico y paramédico, así como al magisterio de educación básica y a docentes universitarios, lo cual se vio reforzado por una petición formulada por la Secretaría de Salud el pasado 8 de febrero a la Secretaría de Hacienda para que no se afectara la plantilla de los institutos nacionales de salud, hospitales generales y siquiátricos.
Expertos en manejo y prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual a menores, los especialistas se preguntan en su primer comunicado de respuesta a su cese el porqué de su despido como "una curiosa manera del DIF" de responder a la población que sigue demandando su servicio.