La planeación
irrelevante
Alejandro Canales
Al término del
mes pasado se presentó el Programa de Ciencia y
Tecnología para el año en curso. No obstante, en los
medios impresos sus contenidos prácticamente pasaron
desapercibidos, pues en el mismo acto el Ejecutivo federal
solicitó a la comunidad científica que participara en el
análisis de su reciente iniciativa de reforma constitucional de
apertura a la inversión privada en el sector
eléctrico.
En el amplio debate
nacional que ha suscitado esa propuesta presidencial, se han
manifestado variadas posiciones y de diferentes formas ha circulado
una gran cantidad de información. No hay duda de que la
eventual medida es de suma
importancia para la sociedad en su conjunto y que la comunidad
académica también debe expresar su opinión, como
generalmente ocurre respecto a los diferentes temas de interés
nacional. Sin embargo, conviene no olvidar que el programa anual de
ciencia y tecnología es un factor sustantivo y debe jugar un
papel relevante en la orientación de la actividad
científica.
En general, como suele
ocurrir, en la presentación del programa se destacaron las
cifras que registran los logros. El director del Conacyt, Carlos
Bazdresch, resaltó la duplicación de la matrícula
en el posgrado en los últimos cuatro años, el incremento
anual de 9 por ciento ųen términos realesų en los
recursos financieros en los pasados ocho años, mayores becas
para estudios de posgrado y el aumento de proyectos de
investigación.
A pesar de que los
avances en la actividad científica deben ser expresados, su
utilidad en el programa anual es nula o escasa si no permite
comparaciones con lo que se había propuesto con anterioridad o
con otros indicadores que permitan dimensionar sus alcances. Por
ejemplo, un mayor número de posgraduados, líneas de
investigación más diversificadas o recursos financieros
crecientes bien podrían ser el resultado inercial del curso que
sigue el aparato de ciencia y tecnología del país,
más que una trayectoria prefigurada racionalmente por quienes
tienen en sus manos las decisiones al respecto.
Es cierto que la
matrícula del posgrado se ha incrementado, pero en qué
medida se ha orientado por decisiones explícitas o se trata de
cifras ya previstas o se tiene certeza de la calidad de esos
estudios. Los poco más de 120 mil alumnos inscritos en ese
nivel siguen siendo muy pocos si consideramos los casi 100 millones de
habitantes del país o el millón y medio de estudiantes
de licenciatura. Incluso las cifras adquieren nuevas tonalidades si
vemos la proporción de los niveles al interior del posgrado; la
base más amplia son los estudios de maestría, con 72 por
ciento; después los de especialización, con 21 por
ciento, y finalmente el doctorado, con 7 por ciento (menos de 19 mil
alumnos); además, casi la mitad de la totalidad de los estudios
de posgrado se siguen concentrando en el Distrito Federal. En ese
sentido, los logros anunciados por el programa parecen adquirir otro
cauce.
Respecto a las
dificultades que enfrenta el citado programa, el director del Conacyt
señaló tres "deficiencias sistémicas": la
mecánica de asignación del apoyo federal a las
actividades científicas, la desigual calidad regional del
trabajo científico y la escasa relación entre la
actividad científica y la sociedad ųaspecto que
también fue anotado en el mismo acto por el presidente del
Consejo Consultivo de Ciencias, Pablo Rudomín.
Es posible que las
fallas mencionadas constituyan efectivamente serios obstáculos
para el avance y consolidación de las tareas científicas
en el país. Sin embargo, lo que sorprende es que no se trata de
problemas recientes. Por lo menos, hace una década que se viene
reordenando la canalización de apoyos financieros para la
investigación, y lo mismo sucede con los problemas asociados a
la desigualdad regional.
De hecho, este
último aspecto es una referencia obligada y casi siempre ocupa
un lugar destacado en los planes gubernamentales. Quizás el
vínculo de la ciencia y la sociedad sea el tema que ha
aparecido más recientemente, impulsado no tanto por la
extensión de los beneficios de la actividad académica a
la sociedad en su conjunto ųaspecto que siempre ha estado
presenteų, sino por la búsqueda de recursos financieros
que siempre son escasos. Así, en este rubro del programa
tampoco estamos ante formas novedosas de planteamiento de
problemas.
Finalmente,
Bazdresch planteó que este año el apoyo público
federal "volverá a ser una cifra récord" (más de
20 mil millones de pesos) y un crecimiento de entre 4 y 5 por ciento
en el número de becas, proyectos financiados y miembros del
SNI. Asimismo, en referencia a los planes de orden cualitativo,
destacó la marcha del proyecto de ley para el fomento de la
investigación científica y tecnológica,
así como la próxima reforma del SNI y algunas acciones
para mejorar la vinculación de la ciencia y la
industria.
Nuevamente, es posible
que las cifras y acciones constituyan objetivos precisos a lograr en
el año presente, pero no tenemos certeza de si éstas son
deseables, modestas, ambiciosas o francamente irrelevantes. Incluso,
conviene anotar que desde diciembre pasado ha prevalecido una
indefinición respecto a la reforma del SNI, y algo similar ha
ocurrido con la iniciativa de ley, que sólo ha sido difundida
una vez que está a punto dictaminarse en el Legislativo.
En el ámbito de
la administración pública se supone que los programas
anuales, entre otros aspectos, le tendrían que dar forma y
contenido a las metas y acciones planteadas en los programas
sectoriales de cada administración gubernamental. No obstante,
como podemos constatarlo, lo cierto es que con frecuencia el ejercicio
de informar y planear anualmente se va convirtiendo en un ejercicio
irrelevante, rutinario, cargado de cifras y datos que poco ayudan a
comprender el tamaño de los retos y rezagos, excepto cuando ya
es tarde para hacer algo al respecto. cl
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