Para el gobierno, el objetivo de incluir el maíz en el TLC siempre fue claro: expulsar un segmento importante de productores para asignarlos a otros cultivos o para que vendieran su fuerza de trabajo en otros sectores.

Esos productores son los más pobres, vulnerables y olvidados de décadas de gobiernos autoritarios y corruptos. Una parte importante de esos productores maiceros son indígenas (probablemente más de la mitad) y el TLC efectivamente los condena al exterminio. Los pueblos indígenas, rebeldes del primero de enero de 1994, lo comprendieron bien.

El gobierno nunca consideró necesario una consulta para conocer su opinión. Impuso la decisión unilateral e irrevocable: el TLC abriría el mercado mexicano a las importaciones de maíz norteamericano, desencadenando las fuerzas económicas que expulsarían a los productores pobres del sector. Unos deberían vender su fuerza de trabajo en otros cultivos en donde ''tenemos'' ventajas comparativas. Otros deberían engrosar las filas de los marginados del México urbano.

El gobierno disfrazó todo con varias promesas: los campesinos maiceros desplazados encontrarían empleos productivos y con mejores salarios: el precio de la tortilla bajaría; el medio ambiente se beneficiaría porque la presión sobre las tierras marginales se reduciría. Todos sus pronósticos fallaron.

Aún con esa retórica, no era fácil justificar la inclusión del maíz en el TLC y el gobierno recurrió al engaño.

Sus negociadores obtuvieron un periodo de transición de 15 años, para que los efectos plenos del tratado se dejaran sentir en el sector. Sólo hasta 2008 los precios domésticos de maíz estarían a nivel de las cotizaciones internacionales.

Durante ese lapso, funcionaría un sistema de importaciones de maíz libres de arancel (2.5 millones de toneladas a partir de 1994) que crecería a una tasa de 3 por ciento anual. Por encima de esa cuota, las importaciones de maíz pagarían un arancel (de 206 por ciento en 1994) que sería objeto de un calendario de desgravación para desaparecer en 2008.

El periodo de transición fue el primer gancho para hacer tragar la amarga píldora de la apertura en granos básicos. El segundo gancho consistió en un paquete de apoyos al campo, entre los que destacaban Procampo, Alianza para el Campo, Conasupo y hasta un vigoroso programa de inversiones en infraestructura hidroagrícola. Pero el gobierno rompió todas sus promesas sobre el maíz en el TLC.

Primero, en los cinco primeros años de vida del tratado autorizó importaciones de maíz muy por encima de la cuota libre de arancel.

Segundo, no aplicó la tasa arancelaria correspondiente para las importaciones por encima de la cuota libre de arancel. El sacrificio fiscal en el que incurrió es cercano a los 2 mil millones de dólares, un regalo para los importadores de maíz amarillo norteamericano.

La SHCP justifica esto diciendo que se hubiera tenido que dar un subsidio a industriales (como los dueños de Maseca o de Minsa) para no encarecer el precio de la tortilla. Pero los subsidios a esas empresas se mantuvieron en niveles altos. Y para rematar, el precio de la tortilla aumentó de manera espectacular.

Para el otoño de 1997 los precios del maíz en las diferentes zonas de producción y consumo ya estaban alineados con los llamados precios de indiferencia, que son los precios de la competencia de maíz importado. Es decir, el gobierno mexicano perpetró un extraordinario acto de dumping en contra de sus propios productores de maíz.

Por si fuera poco, el truncamiento del periodo de transición original del maíz en el TLC se acompaña de una caída del valor real de Procampo de 45 por ciento, y de un ridículo presupuesto del programa Alianza para el Campo. Y en lugar de limpiar y reorganizar Conasupo, el gobierno decidió desaparecerla. El crédito al campo sigue estancado, y las inversiones en investigación, asistencia técnica e infraestructura se mantuvieron en niveles despreciables.

La terminación prematura del periodo de transición previsto por el TLC para el sector maíz demuestra que el gobierno procede a restructurar el sector agropecuario en el mayor descuido y caos. Las consecuencias para el país son enormes.

El gobierno es responsable directo del incumplimiento de los términos del TLC. Su actuación configura una traición económica de dimensiones históricas.

En contraste, la consulta de los pueblos indios rebeldes muestra el camino futuro: nunca más decisiones de estrategia económica sin realmente consultar el parecer del pueblo de México.