n De nuevo Insulza defiende al ex dictador
Baltasar Garzón cree que Gran Bretaña entregará a Pinochet
Afp, Dpa y Reuters, Madrid, 25 de marzo n El juez Baltasar Garzón, quien reclama en extradición a Augusto Pinochet, cree que el ministro británico del Interior, Jack Straw, entregará a la justicia de España al ex dictador chileno pese a que la Cámara de los Lores limitó ampliamente los cargos por los cuales se le puede juzgar.
"El juez cree que la decisión de Straw no puede ser otra que conceder la extradición", señaló Carlos Slepoy, uno de los abogados de la acusación, luego de reunirse con el magistrado que hizo detener en Gran Bretaña al ex militar, el 16 de octubre, al acusarlo de delitos de lesa humanidad.
No obstante la limitación impuesta por los jueces británicos de que al acusado sólo se le puede juzgar por unos pocos casos de tortura en el periodo de 1988 a 1990, fuentes jurídicas señalaron que Garzón ya está trabajando en la ampliación de su primera solicitud de extradición a Londres.
En dicha ampliación el juez podría incluir otros 50 casos de tortura ocurridos en el espacio de tiempo acotado. Entre las víctimas se encontrarían un niño de seis años, varios adolescentes y una mujer embarazada.
Pero en Madrid y Londres se destaca el caso del adolescente Marcos Quezada Yáñez, quien tenía 17 años al morir tras ser torturado por agentes del régimen militar el 24 de junio de 1989, que aparece en el sumario abierto por Garzón y que es uno de los tres por los cuales los lores decidieron mantener el arresto de Pinochet.
Ante el nuevo giro de los acontecimientos, la acusación popular en España, así como la coalición Izquierda Unida y Amnistía Internacional (AI), anunciaron su in- tención de reforzar la solicitud de extradición con la presentación de al menos 40 casos probados de tortura e incluidos ya en el Informe Rettig, del Parlamento chileno.
Incluso la acusación está sopesando la posibilidad de abarcar los mil 125 casos de desaparecidos, tomando en cuenta que la desaparición forzosa se considera como un "delito continuo", que sigue vigente hoy en día y que puede equipararse al delito de tortura, referida a la convención a la que los lores dan validez a partir de 1988.
Si bien los lores prácticamente descartaron 32 de los cargos contra Pinochet, a excepción de los tres señalados, el grupo Human Rights Watch estimó, por conducto de Reed Brody, que hay una veintena de acusaciones de tortura y asesinato posteriores a 1988 que figuran en el sumario de extradición pero que no fueron detallados.
Por lo demás, AI lanzó en Madrid una campaña mundial titulada Ayúdanos a hacer justicia, que entre otras cosas llama a los ciudadanos a enviar cartas a Jack Straw en favor de la entrega del ex dictador a la justicia española, y que ante Chile se pida la anulación de la ley de amnistía de 1978.
En tanto que la prensa española señalaba que el fallo "abrió las puertas a la justicia universal" y supone "un aviso a los genocidas de todo el mundo", la Federación Internacional de Derechos Humanos estimó que Pinochet sí puede ser juzgado por crímenes contra la humanidad.
En Santiago, grupos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura comenzaron a buscar en sus archivos información sobre casos de tortura cometidos en los dos últimos años del régimen castrense, a fin de apuntalar los argumentos en favor de la extradición.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que enviará a Londres una treintena de expedientes, y la Comisión para la Defensa de los Derechos del Pueblo dijo tener contabilizados 19 casos correspondientes a torturas cometidas contra presos políticos después de 1988.
De hecho, la fecha tope para reforzar la solicitud de extradición del juez Garzón vence el 6 de abril, que es cuando comenzará en Londres formalmente el proceso de extradición del ex dictador. A su vez, el ministro Straw comenzará a analizar nuevamente la situación de Pinochet.
La prensa londinense criticó el veredicto de los lores y estimó que la negativa de otorgarle inmunidad al ex general pone en un gran dilema a Straw, y vapuleó también que hayan limitado los cargos hasta después de diciembre de 1988, pues la mayoría se cometieron antes de esa fecha.
El canciller chileno, José Miguel Insulza, declaró por su parte que su gobierno no aceptará incorporar nuevos casos y que así se lo hizo ver a la justicia española, y apuntó que si Garzón quiere hacerlo, debería presentar una nueva solicitud de extradición ya que no puede agregar más casos.
Afirmó que el juez tendrá que atenerse a las instancias formales, y que son el propio juez Garzón, luego la Audiencia Nacional de España, enseguida el gobierno español y finalmente el gobierno británico, que debería decidir si acoge nuevas peticiones, aunque, dijo, los juristas deben decidir sobre casos posteriores al 88.
Insulza, quien junto con el ministro de Defensa José Florencio Guzmán analizó con la cúpula militar el fallo de Londres, admitió que de todos modos éste era "equilibrado" y que gracias a ello la situación ahora ya no es tan tensa.
El alto mando volvió a expresar su preocupación y la Fundación Pinochet se mostró desalentada al considerar que no se ve cerca el regreso de su caudillo, a la par que los partidos de derecha y el sector empresarial abogaron por "acciones más enérgicas" del gobierno.
En los países de América Latina, si bien entre los organismos de derechos humanos y la prensa hubo comentarios contrapuestos sobre el veredicto británico, en general se concluye que se dio un mensaje claro al mundo sobre las nuevas normas y que con todo y ambigüedad de permite continuar el proceso de extradición.