En su intento por justificar a toda costa su propuesta de privatización del sector eléctrico nacional, Ernesto Zedillo y sus voceros insisten, palabras más o palabras menos, en el siguiente argumento: ''En manos del Estado, la industria eléctrica ha sido incapaz de generar los recursos propios que necesita para financiar su expansión y modernización, y con el tiempo se ha convertido en un barril sin fondo. Por ello, año con año, el gobierno federal se ha visto obligado a utilizar una parte creciente de los impuestos que pagan los contribuyentes para financiar las inversiones en electricidad, reduciendo con ello los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población en materia de educación, salud, vivienda y otros renglones del gasto social. Si se quiere corregir eta situación de una vez por todas, la única solución consiste en permitir que empresa privadas inviertan libremente en todos los renglones del sector eléctrico''.
A primera vista, este argumento parece contundente. Cualquiera que lo escuche en boca de Ernesto Zedillo o de otros altos funcionarios, lo encontrará razonable y justo. Pero aunque suena bien, tiene un pequeño problema: es falso, como se demuestra enseguida.
A partir de la información económica y financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se puede demostrar que estas empresas generan recursos propios suficientes para financiar su expansión. Incluso, los recursos propios que generan año con año (utilidades obtenidas y fondos para reponer los equipos desgastados) no son utilizados plenamente, pues la inversión que realizan es inferior a lo acumulado en dichos fondos.
Durante los primeros cuatro años del sexenio de Ernesto Zedillo (1995-1998), la Comisión Federal de Electricidad generó recursos propios por un importe de 57 mil 269 millones de pesos constantes (de 1998). Sin embargo, el monto de las inversiones realizadas por esa empresa en el mismo periodo no rebasó 50 mil millones de pesos.
Por su parte, durante el periodo 1995-1997 Luz y Fuerza del Centro acumuló fondos para reposición de equipos por un importe de 4 mil 932 millones de pesos constantes (de 1998), mientras que la inversión realizada en el mismo periodo fue de sólo 4 mil 796 millones de pesos.
Esto resulta de suma gravedad, pues ni siquiera los fondos que deberían destinarse a la inversión para reponer el desgaste de los equipos se destinan a ese propósito. Esto provoca una disminución de la capacidad instalada existente, cuando se cuenta con recursos propios para mantenerla al mismo nivel, por lo menos. Así, resulta aberrante que, estando en condiciones de crear capacidad instalada adicional, se opte por destruir parte de la que ya existe.
En conclusión, si los recursos propios que generan la CFE y LFC son superiores al monto de sus inversiones, es innecesario utilizar otras fuentes de financiamiento. Por ello, es falso que el gobierno federal utilice impuestos de los contribuyentes para financiar estas empresas. Al contrario, son estas empresas las que aportan obligadamente recursos al gobierno federal, a costa de arriesgar su propia supervivencia y viabilidad financiera.
Eso sucede porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un control absoluto sobre la tesorería de estas empresas. Diariamente les arrebata los ingresos que obtienen, y no les permite manejar con independencia, ni siquiera, su fondo para reposición de equipos. Al final de cuentas, las autoridades hacendarias definen el presupuesto anual para inversión de estas empresas considerando únicamente los ingresos que el fisco espera obtener en el año corriente, pero sin considerar jamás que ya generaron un fondo para cubrir cuando menos el desgaste que los equipos e instalaciones sufrieron durante el año anterior.
Las empresas estatales, particularmente las del sector eléctrico, han estado maniatadas por la burocracia federal, por lo que no han podido ir muy lejos. Es necesario soltar esos amarres y dotarlas de independencia operativa y financiera. Ello implica, entre otras cosas, permitirles programar su presupuesto de inversión en forma plurianual; sin embargo, estas empresas estarían comprometidas a seguir ciertas políticas y alcanzar ciertos objetivos y metas determinados conjuntamente con el Ejecutivo federal para contribuir al logro de las políticas generales de desarrollo económico y social.
Los resultados alcanzados bajo este esquema general de funcionamiento estarían sujetos a la revisión y aprobación de la Cámara de Diputados, que deberá respetar la autonomía de gestión de las empresas estatales, sin perder sus atribuciones de supervisión y control sobre las mismas.