Ingrediente fundamental del avance democrático y de los nuevos tiempos políticos es la consulta ciudadana.

En la propia Ley de Participación Ciudadana que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se incluyen ya como nuevas figuras jurídicas el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se enuncia la posibilidad de que la autoridad convoque a plebiscitos, pero impone condiciones que los limitan y los hacen poco operativos.

Sin embargo, las consultas o plebiscitos que se originan a partir de las convocatorias de grupos y organizaciones sociales o ciudadanos o incluso de algún partido político, como ocurrió en el caso del Fobaproa por parte del PRD, son hasta ahora las que mayor impacto y respuesta tienen entre la población.

En la ciudad de México, por ejemplo, se tiene el estimulante antecedente del plebiscito de 1993, que de hecho se convirtió en la antesala política para celebrar por vez primera elecciones de jefe de Gobierno mediante voto universal, individual y secreto.

Se suman a estos procesos muchos otros foros, actos colectivos, encuestas e incluso espacios de comunicación con la ciudadanía en periodos electorales, donde han fluido opiniones, propuestas, críticas, denuncias, aspiraciones y demandas múltiples, que conforman ya un enorme y profundo acervo sobre lo que se quiere o no, aprueba y reprueba, en torno al presente y el futuro de la ciudad de México y del país mismo, como lo será igualmente la consulta que sobre la reforma política del Distrito Federal se emprenderá en próxima fecha.

En todo caso, las consultas públicas son --y lo serán más en el futuro-- un instrumento indispensable no sólo para expresar tendencias y preferencias sobre asuntos en verdad relevantes para la sociedad, sino también una interrelación y comunicación social, de ida y vuelta, entre dos partes, dos instancias, sean o no antagónicas, pero siempre con la obligación de acatar la decisión de representación mayoritaria.

De hecho, eso ha ocurrido recientemente con la consulta organizada por el movimiento zapatista, apoyado por una extensa y comprometida red de la propia sociedad civil, sobre los derechos de los pueblos indígenas, obteniéndose resultados altamente positivos y de abrumadora contundencia para que el gobierno cumpla sus compromisos, prevalezcan los acuerdos de San Andrés, se opte por la paz y el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, y especialmente la formulación y aprobación de una ley que reivindique y otorgue a nuestras etnias los derechos que históricamente se les han negado, sumiéndolos en el grado último de marginación, pobreza e injusticia, hasta su gradual exterminio.

Los delegados del EZLN se fueron de la ciudad, pero no como llegaron. Esparcieron su voz, su dignidad y su sabiduría. Sus exigencias y aspiraciones se tradujeron en millones de votos solidarios. Se entrevistaron con grupos y sectores tan diferentes a ellos como antes no se había visto aquí, llevándose muestras de mayor comprensión y tolerancia.

Todos somos otros después del encuentro y de la consulta. Pero debemos estar más cerca para asegurar los cambios que nos conviertan a todos en ciudadanos de primera, sin exclusiones ni racismo, con iguales derechos y oportunidades y acceso seguro a la prosperidad común.