n Afirma el presidente paraguayo que acatará el fallo del juicio político
Rechaza el Senado tres de cuatro pruebas de Cubas
n El centro de Asunción sigue sitiado; cuatro muertos por la violencia, según la versión oficial
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Asunción, 27 de marzo n El Senado de Paraguay rechazó este sábado tres de las cuatro pruebas presentadas por los abogados del presidente Raúl Cubas como descargo en el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones, pese a una vigorosa defensa que hicieran del mandatario basada en la impugnación del procedimiento, de los jueces y de las causas presentadas, mientras el centro de Asunción permanecía sitiado por carros blindados y efectivos militares que rondan la zonas aledañas al edificio del Congreso tras la violencia desatada la víspera que dejó oficialmente cuatro muertos.
El presidente Cubas, en tanto, dijo que acatará el fallo del juicio político "aunque me sea desfavorable", pero aclaró que éste debe tener la legitimidad del debido proceso, que deberá ser limpio y transparente.
"No les quepa la menor duda", declaró Cubas pero estimó que la votación en el Senado no pasará de ser una mera formalidad pues, consideró, este es un juicio político, "las opiniones ya están tomadas".
A propósito de la violenta intervención de la policía en las manifestaciones de opositores y antioviedistas, el jefe de Estado declaró a la cadena CNN que se siente responsable pero no culpable de los violentos enfrentamientos de la noche anterior, tras señalar que es obligación del poder Ejecutivo dar orden y seguridad a las personas.
Tras reconocer que hubo excesos de la policía, anunció la destitución del jefe de la institución, general Trinidad Ruiz Díaz, y el inicio de una investigación, y el Fiscal General de la Nación, Aníbal Cabrera Verón, ordenó la captura del ahora ex jefe policial.
Pero en un mensaje a la nación transmitido por radio y televisión, Cubas aclaró que la responsabilidad por la trágica noche viernes es compartida entre el gobierno y la oposición. Los dos bandos --los que realizaban una vigilia frente al Senado en respaldo de legisladores que enjuician al presidente y los partidarios del gobernante y del ex general Lino Oviedo-- "tienen muertos que llorar", dijo.
Fue un fuego cruzado de los que buscaron el desorden y el caos, añadió el mandatario, luego de señalar que ambos bandos "tenían infiltrados en sus filas", que fueron los que provocaron los cuatro muertos, reconocidos por el Ministerio de Salud.
Sin embargo, fuentes de la policía señalaron que las víctimas fatales ascienden a por lo menos diez, mientras que para el diputado del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Luis Alberto Warner, los muertos se elevarían a once. Los choques dejaron también unos 100 heridos, de acuerdo con fuentes médicas.
De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Walter Bower, responsabilizó a Cubas y a los "matones del movimiento oviedista" de la presencia de francotiradores para atentar contra los legisladores.
Portavoces judiciales informaron que al menos dos de los francotiradores que dieron muerte a manifestantes antigubernamentales fueron identificados por testigos, y el juez Gustavo Ocampo ordenó el arresto de los sospechosos.
Este día, el centro de la capital paraguaya amaneció con aspecto de un área de desastre después de los disturbios de la noche anterior, carros blindados y efectivos militares rodeaban la zona contigua al palacio de Gobierno, y efectivos de la marina cercaron la sede del Palacio Legislativo.
Los manifestantes que exigen la renuncia del presidente y que amanecieron en las plazas frente al Congreso, se retiraron en horas de la mañana hacia uno de los costados del edificio, después de negociaciones entre parlamentarios, la organización Jóvenes por la Democracia, la Iglesia católica y el ministro del Interior, Carlos Cubas, mientras los partidarios oviedistas desaparecieron de las calles.
Jóvenes por la Democracia convocó a la población a continuar reunida en torno a la catedral Metropolitana, en tanto el nuevo titular de la policía, Ricardo Ramón Caballero, aseguró que estará garantizada la seguridad de los manifestantes antioviedistas y que no se repetirá lo acontecido la noche del viernes.
Estados Unidos lamentó la muerte de los manifestantes e hizo un llamado a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación para hallar a los responsables, tras condenar la violencia como herramienta para resolver las diferencias.
El alegato del gobernante
En medio de este caos, el plenario de la Cámara Alta, constituida en un tribunal, escuchó el alegato de la defensa del presidente, y de entrada, uno de los abogados de Cubas, Luis Canillas, consideró inconstitucional el enjuiciamiento atribuyéndolo a una "macabra conspiración contra la República" para ocultar el "vaciamiento del Estado" por la administración del ex presidente Juan Carlos Wasmosy.
La defensa achacó también el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña a una tentativa de sepultar el diálogo que se estaba perfilando entre Argaña, por un lado, y Cubas y su protector político, el ex general Oviedo, por el otro.
El juicio contra el jefe de Estado se basa fundamentalmente en un decisión de permitir la liberación de Oviedo mediante un decreto firmado tres días después de haber asumido el poder, y desacatar la resolución del Congreso, que impugnaba dicho decreto y ordenaba volver al militar a la cárcel.
Canillas recusó a los senadores que votaron la impugnación del decreto por considerar que no podían ser "jueces imparciales, al tiempo que puso en tela de juicio el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia, que validó la impugnación del decreto".
Canillas resaltó que el Ejecutivo jamás anuló la sentencia que la Corte le había dictado a Oviedo --por un intento de golpe de Estado en 1996 en contra del ex presidente Wasmosy--, ni tomó la determinación de que se rompiera el equilibrio de los poderes, en referencia a la negativa de Cubas de obedecer la orden del tribunal que exigía a Cubas volver a la cárcel a Oviedo.
Lo que sucedió, sostuvo Canillas, es que "la mayoría del Legislativo, en complicidad con el poder Judicial, han recurrido a medios tortuosos para derrocar al gobierno legítimamente constituido".
Tras la lectura de la argumentación, la Cámara de Senadores rechazó tres de los alegatos, uno de los cuales corresponde a la presentación de inconstitucionalidad del juicio.
Asimismo, excluyó el alegato de que el presidente creó en agosto de 1998, tras la liberación de Oviedo, un tribunal militar que lo absolvió de toda culpa revisando la sentencia de la Corte Suprema, así como la presentación de pruebas testimoniales que favorecerían a Cubas.
El proceso se reanudará mañana
Luego, el Senado levantó la sesión y el juicio político se reanudará el lunes entrante, aunque podría concluir hasta el martes o el miércoles, pero el senador Francisco Appleyard, principal vocero del gobierno en el Congreso, aseguró que los disidentes opositores que buscan destituir al presidente no tienen la mayoría de dos tercios para hacerlo e intentarán expulsar a un senador oviedista para lograrlo.
La senadora disidente del Partido Colorado, Cristina Muñoz, denunció que la esposa del presidente Cubas, Mirtha Gusinski, le ofreció un millón de dólares para que vote a favor de su marido en el juicio.
El titular de la Cámara de Diputados, Walter Bower, urgió al presidente a dimitir como única solución para resolver la crisis, y aseguró que sólo son rumores las versiones que indican la existencia de una negociación para la renuncia de Cubas y el eventual asilo del general Oviedo en el extranjero.
También dijo desconocer que hubiera una gestión de embajadores extranjeros en favor de un acercamiento entre el gobierno y sus detractores en el Congreso, pero el senador liberal Félix Fernández Estigarribia, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que él y otros legisladores mantienen conversaciones con diplomáticos en la búsqueda de una solución a la crisis política por la que atraviesa el país.
Anastasio Argaña, hijo del vicepresidente asesinado, aseguró ante la justicia que entre los autores morales del crimen está Oviedo, y también acusó a Conrado Pappalardo, jefe ceremonial de Estado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, como otro responsable del magnicidio, y aseguró que el ex presidente Wasmosy no tendría ninguna responsabilidad en este caso.